Los videos relacionados con las actividades internas de la guardería Mi Mundo de Colores pudieron y/o debieron ser entregados a las autoridades ministeriales el lunes 3 de marzo.

Ese día fue la detención de Rosa Iveth V. G. por el delito de abuso sexual cometido contra una niña de tres años de edad. Ocurrieron las presumibles agresiones entre septiembre del año pasado y febrero del 2025.

Insólito y hasta incomprensible que sucediera eso cuando se suponían implementadas fuertes medidas de protección a los infantes de toda la ciudad tras agresiones recurrentes en los últimos años en ese tipo de instituciones.

La familia de la niña recibía los servicios de guardería junto con otros aproximadamente 250 niñas y niños cuyos padres están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), responsable de contratar a la estancia.

Una vez presentada la denuncia respectiva, la autoridad investigadora pudo comprobar mediante sus especialistas la agresión contra la menor y obtener la orden de aprehensión contra Rosa Iveth obsequiada por un juzgado.

La Fiscalía General del Estado, a través de su Fiscalía Especializada de las Mujeres, apeló a una supuesta buena fe de los directivos de la guardería en bien de los niños y aceptó dos días de plazo para recibir los videos. Los obtuvo hasta el miércoles.

No actuaban los particulares con intención sana, buscaban ganar tiempo para impedir que los investigadores profundizaran y ampliaran las indagatorias no a un caso sino a más, a muchos más.

Con ese mismo objetivo echaron mano de todos sus contactos políticos e influencias de toda índole. No convencieron a la FEM, pero sí a varios de esos contactos que prácticamente quedaron convertidos en portavoces del “buen manejo” de la guardería con los infantes.

El 8 de marzo, irónicamente el Día Internacional de la Mujer, la cuidadora imputada fue vinculada a proceso por el ataque a la niña en una de esas audiencias judiciales secretas que tienen más el propósito de resguardar detalles de los agresores que privilegiar la justicia en favor de las víctimas.

Hubo grandes esfuerzos por ocultar la información y por impedir la vinculación a proceso. Miserablemente mucho dinero en juego más que la integridad de los menores. Fue enganchada mucha gente para escandalizar en sigilo contra los investigadores y evitar que las cosas fueran más lejos.

No imaginaron los dueños de la guardería, ignoraban el talante de quienes manejan la Fiscalía de la Mujer a pesar de su reconocido desempeño en casos similares anteriores, que una vez recabados el contenido de los videos y múltiples testimonios obtenidos sobre más posibles víctimas, el caudal mediático sería incontenible tanto por la actuación de la Fiscalía como por el reclamo público de más y más padres de familia que justificadamente exigieron conocer la dimensión de las agresiones.

De manera extraoficial pudo conocerse, igual que en el otro caso ocurrido el año pasado en la guardería Techo Comunitario, que había no solo “algunos” más casos de abusos y posibles violaciones contra más niñas y niños, sino que había innumerables agresiones más.

El 10 de marzo, justo una semana después que fuera detenida Rosa Iveth, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres, confirmó en un comunicado de prensa que los trascendidos iban quedándose cortos.

Los dos últimos párrafos son contundentes:

“Cabe mencionar que dentro del avance de las indagatorias se han realizado revisiones médico-psicológicas a 68 niñas y niños entre los dos y cuatro años de edad… Así mismo, existen indicios de 19 carpetas de investigación más que implican la posible participación de diversas personas por diversos delitos de orden sexual y maltrato infantil así como violencia familiar, mismas que están siendo integradas y en proceso de judicialización”.

La realidad pasó de grave a más grave. Descubrió la FEM otros posibles casos de agresión sexual en el interior de la guardería en esas primeras revisiones a 68 niñas y niños, pero también presumible violencia dentro del entorno familiar de los pequeños. Las carpetas, dice, están siendo integradas y “en proceso de judicialización”.

Es posible que para estas alturas el juez o jueces correspondientes hayan desarrollado su trabajo y hayan resuelto solicitar órdenes de captura contra más implicados al interior de la estancia y/o fuera de la misma. Estos datos específicos no los podremos conocer hasta la imputación o imputaciones respectivas; e inclusive hasta las vinculaciones.

Y hablamos en plural porque de forma extraoficial, sabemos que la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la corporación que ejecuta las órdenes de aprehensión, tiene seguimiento de al menos 10 carpetas judicializadas de gente relacionada con Mi Mundo de Colores en agresiones a niños. Más de 30 asuntos trabaja la FEM.

Igual que en el caso Techo Comunitario, o menos aún esta vez, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue el último en intervenir a pesar de su responsabilidad que llama “indirecta” en su comunicado del 10 de marzo, publicado horas después que la Fiscalía de la Mujer diera a conocer el suyo.

En el caso del Techo Comunitario, la delegación estatal del IMSS inició varias investigaciones internas y separó de sus cargos a los responsables de supervisar las guarderías, esta vez solo menciona que tiene conocimiento “ de un proceso penal relacionado con personal de una guardería de prestación indirecta en Juárez”.

Dio a conocer que, a efecto de garantizar “la continuidad del servicio de guarderías” haría las acciones necesarias para la reubicación de los niños. Lo mismo hizo durante la semana con otra guardería involucrada también en supuesto abuso.

Reaccionó el IMSS no cuando arreciaron las investigaciones sobre los ataques; más aún, sus representantes pretendieron llevar a cabo periciales que habían sido concretadas ya por especialistas de la FEM con experiencia de hasta mil 200 revisiones anuales sin error en ninguno de sus dictámenes, sino cuando el Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil, dependiente del gobierno estatal, tomó la determinación de suspender las actividades en Mi Mundo de Colores.

Esta vez ni la delegación estatal del IMSS ni la dirección nacional de dicha institución informaron sobre las acciones internas desarrolladas para conocer las fallas en sus protocolos de supervisión de la guardería.

Suponemos que esos protocolos existen puesto que con Techo Comunitario fue revisada la aplicación de los mismos desde diciembre del 2023 y principios del 2024, hasta llegar a la fecha de las agresiones a los niños(as). Esta vez no merecieron los juarenses un solo dato al respecto, tampoco los angustiados padres de familia con hijos(as) en la estancia señalada.

Creemos que esa conducta del IMSS, que repiten otras instancias de gobierno y las propias asociaciones privadas, que ven el cuidado de niñas y niños más como negocio que como una actividad extremadamente delicada coadyuvante de los padres de familia en el cuidado de sus hijos, forma parte del grave problema cuando surgen situaciones como la que nos ocupa

No son transparentes en su manejo, son completamente opacos; actúan en secreto porque así le conviene quizá a la eventual baja calidad de empleados, a las instalaciones inadecuadas, a la falta de protocolos profesionales ampliamente acreditados en el cuidado de los menores, etc., etc.

Es hora que las guarderías, que los directivos de las mismas, que el IMSS y toda instancia que tenga qué ver con la alta responsabilidad de cuidar niños, abran la información a los padres de familias, a los consejos de gobierno involucrados en el cuidado de la niñez; que sus medidas de vigilancia y selección de personal sean públicas y no tengamos en el futuro qué seguir lamentando nuevos casos.