-La primera víctima el crematorio Plenitud

-Cierre en Washington cobra caro a Juárez

-Sin agua para pagar el tratado

-Apunta cierre de año a más despidos en maquila

La semana pasada murió en prisión Facundo Teófilo M. R., el primer detenido por el escándalo del crematorio Plenitud. Falleció enfermo, pobre, solo. Murió como vivió, como la pieza más débil de un sistema que lo usó, lo señaló y luego lo olvidó.

A sus 64 años, con una larga lista de enfermedades crónico-degenerativas, Facundo era apenas un empleado del crematorio. Ganaba un salario miserable, sin prestaciones, sin defensa legal, trabajando entre el hedor de los cuerpos y el silencio de una ciudad que ya normalizó el horror.

Cuando estalló el escándalo por los 386 cadáveres hallados sin cremar, fue él quien cayó preso, como si la culpa de semejante atrocidad pudiera reducirse a la miseria de un trabajador explotado.

La autoridad encontró en él un culpable conveniente. Un hombre sin poder, sin abogados, sin contactos. Un culpable perfecto para esconder la podredumbre real, la del dueño de Plenitud, José Luis A. C; y la de las autoridades que otorgaron permisos cobrados, renovaron licencias y jamás supervisaron nada.

En su estancia en prisión -aseguran quienes estuvieron cerca del caso- fue visto como un adulto mayor enfermo usado de chivo expiatorio o como la primera víctima del caso que se presenta como la radiografía de un sistema de vigilancia pública en ruinas. Una cadena de corrupción, negligencia y abandono donde nadie quiso mirar mientras los muertos se acumulaban.

Porque no hay forma de explicar cómo una empresa con tantos cuerpos en refrigeradores descompuestos y hasta en el suelo pudo operar meses sin que nadie lo advirtiera o lo detuviera.

La tragedia fue doble: los muertos no fueron incinerados y los vivos encargados de hacerlo, al menos Facundo Teófilo, eran apenas sobrevivientes laborales, atrapados entre la necesidad y la invisibilidad. Con su enfermedad y su pobreza, en efecto podría ser tan víctima como los cuerpos que lo rodeaban sus últimas semanas de trabajo y de vida.

Su muerte en el Cereso 3 no cierra el caso, lo desnuda otra vez. Muestra con crudeza cómo la justicia se ensaña con los desechables, con los que ni vivos ni muertos cuentan.

Para cerrar justo ese círculo, en breve la Fiscalía de distrito zona norte judicializará carpetas sobre responsables de no hacer su trabajo de supervisión en oficinas gubernamentales.

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El cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos, que cumple un mes, volvió a colocar a Ciudad Juárez en la primera línea del costo. Aunque el conflicto político parece lejano -una disputa presupuestaria más en Washington-, en la frontera el impacto se mide en horas de fila, mercancías detenidas y jornadas perdidas.

Quienes viven del just-on-time maquilero hablan de tres o cuatro horas adicionales por cruce, costo de salarios dobles para los choferes que deben esperar eternidades para avanzar, mayor gasto de diésel para los camiones y mentadas de los clientes desesperados.

A diferencia de otras dependencias federales, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) continúan trabajando durante el cierre. Sin embargo, lo hacen bajo presión, sin personal administrativo suficiente, con pagos retrasados y con una reducción de carriles activos.

Esa combinación ha provocado cuellos de botella que golpean directamente a la exportación, un pilar económico de Juárez, mientras en Estados Unidos el cierre de este 2025 apunta a ser el más largo de la historia si llega a extenderse unas cuantas horas más, a pesar de la expectativa de reapertura esta semana.

Las demoras en la exportación de insumos y productos terminados podrían afectar compromisos de entrega con firmas estadounidenses. Cada retraso de un día implica líneas de ensamblaje paradas y pérdidas que se multiplican a ambos lados del Río Bravo.

La situación revive el debate sobre la vulnerabilidad estructural de las ciudades fronterizas ante decisiones externas. Los gobiernos locales poco pueden hacer más allá de habilitar rutas alternas o agilizar cruces internos, mientras las grandes determinaciones dependen de un Congreso que legisla a miles de kilómetros.

A corto plazo, expertos plantean coordinar con autoridades estadounidenses horarios preferenciales para transporte de carga y priorizar mercancías perecederas. A mediano y largo plazo, el desafío es mayor, tanto como fortalecer la logística local, diversificar rutas de exportación y reducir la dependencia total del vecino del norte.

Por ahora, los juarenses observan cómo una crisis política ajena vuelve a traducirse en una frontera más lenta, más costosa y más cansada. Cada vez que Washington cierra, Juárez paga en tiempo, en dinero y en paciencia.

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Cada cierre de año suele traer ajustes laborales en la industria maquiladora de Ciudad Juárez, pero las condiciones actuales apuntan a que este diciembre podría registrarse un volumen de despidos mayor al habitual.

Tradicionalmente, las empresas realizan recortes de personal en los últimos meses del año para ajustar sus costos operativos ante la baja en pedidos internacionales y el cierre contable.

En diciembre pasado, se estima que cerca de 15 mil trabajadores fueron dados de baja temporal o definitiva, una cifra que podría repetirse o incluso superarse en 2025.

Este año, el panorama se complica por varios factores adicionales. El aumento del salario mínimo —que impacta directamente en los costos de nómina de las maquilas— y la inminente reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas presionan aún más las finanzas de las empresas del sector.

Aunque ambos cambios buscan mejorar el poder adquisitivo y la calidad de vida del trabajador, en la práctica muchas compañías evalúan recortar personal o automatizar procesos para compensar el incremento de sus gastos fijos.

A ello se suma una desaceleración visible en la producción y exportación manufacturera, reflejo de una menor demanda en Estados Unidos, principal destino de los productos fabricados en la frontera.

Varios parques industriales ya han reportado disminuciones en los turnos de trabajo y paros técnicos en líneas específicas.

La expectativa general entre analistas y sindicatos locales es que los despidos se concentren en diciembre, cuando las empresas suelen aprovechar el cierre del año para ajustar plantillas y reorganizar turnos.

En conjunto, estos elementos configuran un escenario de alta vulnerabilidad laboral para miles de trabajadores juarenses. Si la tendencia se mantiene, el cierre de 2025 podría marcar uno de los inviernos más difíciles para la industria maquiladora en la última década, combinando la presión de mayores costos laborales con un entorno global menos dinámico.

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Pecó de optimismo la Presidenta, Claudia Sheinbaum, cuando aseguró, el primero de octubre, que no sería necesario renegociar el Tratado Internacional de Aguas de 1944, porque hubo un acuerdo con los gobernadores de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, para aprovechar los trasvases y escurrimientos, además de que aún se esperaban más lluvias.

En aquel entonces la gobernadora Maru Campos se mostró cauta, dijo que estaban analizando las circunstancias, y que se buscaría proteger a toda costa a los productores chihuahuenses.

Se ha impuesto la terca realidad, y será harto difícil que México pueda pagar el total de los dos millones 157 mil metros cúbicos que corresponden a este quinquenio.

Pero cerró octubre y quizá este lunes se tengan más detalles sobre el pago comprometido.

Por lo pronto, como ha señalado Mario Mata, el director de la Junta Central de Aguas y Saneamiento, será imposible, con el nivel actual de las presas, cubrir un ciclo agrícola completo en 2025, a menos que llueve más, lo que ya se antoja muy difícil.

El nivel de almacenamiento de las principales presas está, actualmente, la Boquilla con el 36.4 por ciento, Las Vírgenes al 68 por ciento y El Granero a la mitad de su capacidad. No pinta bien el escenario, sobre todo para el distrito de riego 05.

Así que la gobernadora, Maru Campos, se comunicó el viernes con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para tratar el asunto, y aseguró que no existe ningún acuerdo ni con el gobierno de la República ni con las autoridades estadounidenses, y se sostuvo en que su prioridad será el interés de los productores.

Lo que llama la atención es que una científica,como Sheinbaum, se dejó llevar por las palabras endulzadas del director de la Conagua, Efraín Morales, quien aseguraba que no se verían afectados los productores.

Aquí no cabe aquello de que el pez por su boca muere, porque de hecho murieron una gran cantidad, pero por falta de agua en las presas de Chihuahua.