La seguridad es uno de los temas que desde el sexenio pasado del presidente López Obrador, comenzó a cambiar de paradigma, la guerra contra el narcotráfico emprendida de manera unilateral y torpe, no hizo más que perjudicarla y con ello a las personas, a las millones de mexicanas y mexicanos de bien. La propuesta, que continúa hoy en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ataca las causas, y lo más importante, da herramientas para que quienes se encargan de cuidarnos, gocen de todos los derechos.

En Chihuahua, por ejemplo, la gobernadora optó por esas obras que tanto les gustan a los panistas, esas que se puedan “palpar” porque ahí están, pero que no sirven de mucho. Ahí está el proyecto de la Torre Centinela, de la que poco se sabe, salvo que se retrasa más y más su puesta en marcha. Se habla de un avance del 70 por ciento y que supuestamente estará lista este año, la realidad es que no podemos esperar nada.

En medio de todo eso, después de cuatro años de la administración de Campos Galván, la seguridad en el estado no ha rendido los frutos que las personas queremos. Chihuahua sigue siendo un estado preocupante en cuanto a niveles de seguridad, las estrategias (si es que hay algunas más allá de la Torre Centinela), no han surtido efecto.

Y uno de ellos, una estrategia que además de todo resulta benéfica no sólo para la ciudadanía indirectamente, sino a quienes nos cuidan, es la inversión en los recursos humanos. Entre más cuidemos y atendamos a las corporaciones policiacas, más blindados estaremos.

Las funciones de policías estatales y municipales tienen mucho que ver con el acercamiento a la población, suelen ser los primeros respondientes, esos que cuando hay algún problema en la colonia o comunidad, son quienes acuden a atender, se le llama trabajo de proximidad, y hacer eso implica cierto nivel de confianza entre ellos y las personas.

Informes señalan que la policía es un elemento central para generar un entorno seguro que favorezca el desarrollo económico y la cohesión social. Organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial señalan que la seguridad pública y, por ende, la policía es condición previa para el desarrollo sostenible.

En ese orden de ideas, los policías son trabajadores del Estado y, por lo tanto, deben gozar de los mismos derechos laborales que cualquier otro empleado público: seguridad social, acceso a salud, vivienda, pensiones, seguro de vida, entre otros.

Chihuahua tiene una de las tasas más bajas de policías estatales por habitante: alrededor de 0.8 agentes por cada mil habitantes, según datos de 2024, cuando lo que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), recomienda es 1.8 agentes por cada mil habitantes. En Ciudad Juárez, aunque se señalan alrededor de 2 mil 520 policías municipales, sin embargo, en los últimos 4 años, aproximadamente 400 policías municipales han sido dados de baja, ya sea por no aprobar evaluaciones, exámenes de confianza, o por quejas ciudadanas.

Es fundamental brindarle a los elementos policiacos un bienestar laboral que les permita disminuir su vulnerabilidad ante la corrupción, que se fortalezca su capacidad de respuesta, y eso solo será posible brindando seguridad social y prestaciones, tal como la vivienda, la cual sabemos es una de las preocupaciones y necesidades más grandes que las y los mexicanos tenemos.

Y es justamente lo que pretendo que se haga con la presentación de una iniciativa de ley que busca que todo el personal de seguridad pública goce de seguridad social, acceso a la vivienda, seguro de vida e invalidez y demás prestaciones laborales conforme a las leyes aplicables.