Maru Campos volvió a colocar un asunto delicado sobre la mesa. La gobernadora de Chihuahua asegura haber recibido amenazas contra su persona, sus bienes y su familia, y las atribuye al Gobierno Federal. Una gobernadora constitucional diciendo que el poder central la amenaza no es asunto menor.

Pero vayamos al meollo. Hasta donde públicamente se conoce, no habla de mensajes clandestinos ni advertencias anónimas. Se refiere a oficios y actuaciones de la Fiscalía General de la República que interpreta como parte de una persecución política. Y aquí las palabras importan.

Existe una investigación. El 23 de mayo la FGR citó a Campos dentro de una carpeta relacionada con el llamado “CIAgate”, derivado del operativo en Chihuahua en el que participaron agentes estadounidenses. El Gobierno estatal calificó entonces la actuación como persecución política. Días después, Maru respondió formalmente al citatorio, al que consideró ambiguo y jurídicamente deficiente.

Ahora sostiene que la presión continúa. Sheinbaum respondió que su gobierno no hace amenazas, negó persecución política y confirmó que existe una investigación que debe continuar. Tenemos dos versiones enfrentadas: para Maru, actuaciones institucionales convertidas en presión política; para la Federación, actos legales dentro de una investigación. ¿Quién tiene razón?

Por ahora no existen elementos públicos suficientes para afirmarlo. Precisamente por eso ambos tienen cuentas que rendir, y la ciudadanía tiene derecho a exigir documentos, explicaciones y hechos, no solamente discursos.

Maru Campos debe mostrar los oficios que considera amenazas. Una acusación de semejante gravedad exige algo más que declaraciones. Si contienen irregularidades, advertencias improcedentes o actos jurídicamente injustificables, exhibirlos fortalecería enormemente su denuncia. Si no los muestra, pide que aceptemos una acusación extraordinaria basándonos solamente en su palabra.

Pero el Gobierno Federal tampoco puede resolver el asunto diciendo que no persigue adversarios. Eso lo dicen todos los gobiernos. La verdadera prueba es otra: ¿la justicia mexicana investiga con el mismo entusiasmo a amigos y adversarios?

Ahí entra Ernesto Ruffo Appel. Maru lo mencionó como ejemplo de lo que puede ocurrir con los opositores. Ruffo fue detenido dentro de una investigación por delincuencia organizada y contrabando de combustible y posteriormente vinculado a proceso. Eso no demuestra su culpabilidad —corresponde decidirla a un tribunal—, pero tampoco permite presentar automáticamente su detención como prueba de persecución.

Una investigación penal contra un político no es persecución. Pero una investigación utilizada selectivamente para presionar, desacreditar o neutralizar adversarios puede convertirse en ella. ¿Cómo distinguirlas? Observando si los expedientes avanzan igual contra propios y extraños; si los citatorios están fundamentados; si las investigaciones sobreviven al interés mediático y, especialmente, si los cercanos al poder reciben el mismo trato.

El momento agrega otra pregunta. Hace pocos días Maru apareció en segundo lugar nacional entre gobernadores evaluados por México Elige, mientras la aprobación de Sheinbaum en Chihuahua cayó a 56.7 por ciento, su nivel más bajo del año según Mitofsky. ¿Tiene una cosa relación con la otra? No podemos afirmarlo. Pero tampoco resulta absurdo preguntarlo.

México conoce demasiado bien la tentación de convertir fiscalías, auditorías y expedientes en herramientas políticas. Lo hicieron gobiernos anteriores. Sería ingenuo creer que la naturaleza humana cambió con el color de Palacio Nacional. Montesquieu advirtió que quien tiene poder tiende a abusar de él; por eso el poder necesita límites.

Maru debe probar que está siendo amenazada. La Federación debe demostrar que solamente está investigando. Porque cuando el ciudadano ya no distingue entre una investigación judicial y una advertencia política, el problema deja de llamarse Maru Campos. Se llama credibilidad del Estado. Y ése sí es cuestión de todos y El Meollo del Asunto.