La Corrupción También Sale de la Manguera
Daniel Valles
Todo acto de injusticia es un acto corrupto o acto de corrupción.
La corrupción no es únicamente el abuso de una persona que se desempeña en la función pública o el soborno de una empresa o la mordida de un ciudadano. Es una transferencia ilegítima de bienestar: algo que debía beneficiar a muchos termina beneficiando a pocos.
Cuando hay corrupción, alguien recibe menos. Menos agua, menos salud, menos pensión, menos seguridad, menos educación, menos infraestructura, menos medicinas, menos atención médica, casas que se inundan o se hunden, edificios que se caen durante los terremotos, como ha sucedido en Venezuela bajo su gobierno bolivariano.
Lo interesante es que la corrupción no siempre aparece disfrazada de grandes escándalos nacionales. Se presenta de manera más modesta, pero igual de dañina. Una toma clandestina. Una tarifa alterada. Un negocio registrado como vivienda para pagar menos. Un aprovechamiento indebido de recursos que pertenecen a todos.
Eso es precisamente lo que encuentra la J+ durante sus recientes operativos de inspección.
En un artículo del reportero de esta casa, Javier Olmos, que aparece en la edición de El Diario, del viernes 2 de los corrientes, informa que el director comercial de la descentralizada, Mauricio Meléndez, detectaron 250 usuarios que llenaban albercas de manera irregular o que presentaban anomalías relacionadas con el uso del agua. Las sanciones acumuladas alcanzaron un millón 876 mil 878 pesos, con un promedio superior a los siete mil 500 pesos por infracción.
De acuerdo con Meléndez, muchos establecimientos operaban con tomas clandestinas o se encontraban registrados bajo un giro habitacional cuando en realidad desarrollaban actividades comerciales. En otras palabras, utilizaban más agua de la que correspondía y pagaban menos de lo que debían.
Traducido al lenguaje común: obtenían un beneficio privado a costa de los demás usuarios.
Esto es un verdadero robo y daño a toda la ciudad. Principalmente a quienes colindan con tales albercas, ya que el hecho de conectarse a la red de agua potable, de manera clandestina, provoca un gasto adicional, imposible de calcular por anticipado. Generan la baja presión que de por si es más que evidente en el verano.
El organismo tiene registradas alrededor de 600 terrazas y establecimientos similares, y los operativos continuarán durante toda la temporada de calor.
El objetivo son establecimientos comerciales, terrazas y negocios que utilizan el recurso de manera irregular o que operan bajo registros falsos para pagar menos. No las familias que poseen alberca en casa.
Cuando alguien obtiene agua mediante una toma clandestina o paga una tarifa menor a la que corresponde, todos la pagamos. Está recibiendo un beneficio que no le pertenece. Está participando, en pequeña escala, del mismo principio que da origen a los grandes actos de corrupción.
Porque la corrupción no se mide únicamente por el tamaño del daño económico. También se mide por la ruptura de la confianza social. Cuando las reglas se convierten en una sugerencia y no en una obligación, el perjuicio termina distribuyéndose entre todos.
En Juárez cada vez hay menos agua y cada vez será más difícil conseguirla. Esa realidad debería preocuparnos más que el monto de las multas. No enfrenta únicamente un problema de consumo, sino un desafío de responsabilidad colectiva, ética y moral.
Cuando el recurso más valioso para la vida comienza a escasear, la diferencia entre la legalidad y la corrupción deja de ser un asunto burocrático para convertirse en una cuestión de supervivencia y moralmente reprobable. Ahí pues, El Meollo del Asunto
