Esta semana trascendió la detención de cinco elementos de la Guardia Nacional, adscritos al Aeropuerto Internacional Abraham González, quienes fueron acusados de extorsión y secuestro exprés en contra de dos connacionales que habían arribado a Ciudad Juárez la semana pasada procedentes de la Ciudad de México.

Las investigaciones deberán esclarecer si se trató de un hecho aislado o de una práctica reiterada, así como la posible intervención del personal de otras instituciones como podrían ser los funcionarios del Instituto Nacional de Migración.

Por lo pronto, según informó personal de la Fiscalía General de la República, todo apunta a una probable red de secuestradores de personas en situación de movilidad.

El modus operandi atendiendo a este caso, era el siguiente: el vuelo aterrizó en el aeropuerto de Ciudad Juárez y cuando el pasajero descendió del avión, pasó por el área de revisión migratoria donde el personal del Instituto Nacional de Migración le solicitó sus documentos, acreditando su legal estancia en el país por ser connacional, pero de manera extraña, lo hicieron esperar 5 minutos, para posteriormente permitirle continuar. Quizá desde ese punto ya estaban cazando a su víctima.

Una vez que sale del edificio del aeropuerto, en el estacionamiento es abordado por cuatro elementos de la Guardia Nacional quienes lo retuvieron de manera ilegal durante un lapso aproximado de 27 minutos, tiempo suficiente para despojarlo de sus pertenencias bajo amenazas, además de quitarle su celular y exigirles a los familiares de la víctima un pago por 15 mil pesos a cambio de su libertad. Sin embargo, mientras todo eso ocurría, los elementos de la Guardia Nacional se descuidaron y la víctima regresó al interior del aeropuerto a pedir auxilio a gritos, pero ¿qué pasó después? Pues que los mismos elementos de la Guardia Nacional que lo retuvieron, ingresaron por él y lo sometieron nuevamente, pero ahora para que no se les volviera a escapar lo subieron a la unidad oficial de la Guardia Nacional.

Para la buena suerte de la víctima, se acercaron a él para intervenir y prestarle auxilio tanto personal del Instituto Nacional de Migración como el comandante de la Guardia Nacional, por lo que ante lo narrado por la víctima no les quedo de otra más que detener a sus propios compañeros y ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República quien a su vez presentó a los imputados ante un juez federal de control por los delitos de extorsión y secuestro exprés.

Pareciera que fue una escena sacada de una película de acción, de esas películas mexicanas que reflejan la realidad que vivimos en México, algo así como la película de “El Infierno”, en que el ciudadano deja de distinguir dónde termina la autoridad y dónde empieza la delincuencia. La corrupción institucional hace que ambas se confundan. Otra referencia muy clásica del cine mexicano sería la película de “La sombra del caudillo” que narra sobre el uso del poder público para fines ilegales y la subordinación de las instituciones a intereses particulares, de cómo el Estado puede convertirse en un mecanismo de violencia.

Pero bueno, en el presente caso, fue una escena de la vida real y la víctima logró algo que quizá muchas víctimas no hayan logrado, que fue escapar de sus captores y que se le haga justicia. Al menos eso esperamos: una justicia pronta y expedita, y sobre todo que se le repare el daño de manera integral.

Sin embargo, este caso nos pone a reflexionar en aquellas víctimas que llegaron Aeropuerto Internacional Abraham González, que las extorsionaron y secuestraron de manera exprés, de las que nada supimos, porque los delincuentes lograron su cometido, porque sinceramente no creo que haya sido la primera vez que sometieran a connacionales.

Un caso sin duda gravísimo, porque hay un miedo distinto al que provoca la delincuencia común: es el miedo que nace cuando el uniforme deja de ser un símbolo de protección y se convierte en una amenaza. Cuando la víctima no sabe si pedir ayuda o huir de quien representa al Estado.

Por eso este caso debe investigarse de manera exhaustiva porque posiblemente sea una posible práctica criminal enquistada en una institución pública. Porque cuando la autoridad secuestra, extorsiona y amenaza, no solo comete un delito: se rompe el pacto mínimo de confianza entre el Estado y la ciudadanía.