El próximo 11 de agosto se cumplirán cuatro años del llamado Jueves Negro, uno de los episodios de violencia que más marcaron a Ciudad Juárez en las últimas décadas. Lo ocurrido al interior del Centro de Reinserción Social No. 3 trascendió los límites del propio centro penitenciario y evidenció uno de los mayores desafíos para las instituciones de seguridad: cuando el Estado pierde el control de sus espacios penitenciarios, las consecuencias pueden extenderse directamente a la sociedad.
A cuatro años de distancia, es importante analizar qué elementos han permitido que, desde 2023, no se haya presentado un episodio de violencia de esa magnitud en dicho centro, especialmente porque en materia de seguridad los cambios sostenibles son resultado de procesos institucionales que modifican las condiciones que favorecen la violencia.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que un sistema penitenciario seguro depende de la combinación de seguridad física, procedimientos claros, inteligencia penitenciaria y personal profesional. En el mismo sentido, Day y colaboradores sostienen que la seguridad dinámica no consiste únicamente en reforzar muros o controles, sino en fortalecer la capacidad institucional para anticipar riesgos mediante el conocimiento de la población penitenciaria. Las Reglas Nelson Mandela complementan esta visión al reconocer que la seguridad y la reinserción social son componentes inseparables de un sistema penitenciario eficaz, que proteja a las personas privadas de la libertad, al personal penitenciario y a la comunidad.
Ningún sistema penitenciario funciona por sí solo. Detrás de su operación está el trabajo de mujeres y hombres, cuya labor resulta esencial para preservar la seguridad y la gobernabilidad. Por ello, su profesionalización y bienestar, la prevención y atención del acoso y hostigamiento laboral, el fortalecimiento de sus derechos y prestaciones, así como el desarrollo de planes de carrera y retiro son elementos indispensables para la consolidación institucional.
La reducción de los episodios violentos al interior del CERESO No. 3 no es producto de la casualidad, sino de una serie de decisiones orientadas a fortalecer las capacidades institucionales como: el traslado a otros espacios de internos considerados de alta peligrosidad, la reubicación del CERESO Femenil No. 2, la apertura de nuevas áreas, la mejora de los filtros de ingreso de pertenencias, la modernización de los accesos con aduanas electrónicas, el incremento de revisiones y operativos, así como una mayor coordinación interinstitucional, mejoras a la infraestructura, campañas de vacunación, programas de alfabetización y actividades laborales orientadas a fortalecer la reinserción social.
Una evidencia de este fortalecimiento institucional ha sido la capacidad para organizar actividades que reunieron a más de dos mil personas privadas de la libertad sin incidentes de seguridad. Ello refleja la capacidad de coordinación y control desarrollada por el sistema penitenciario estatal, a través de la Dirección de Seguridad y Custodia Penitenciaria y su personal operativo.
Estos avances fueron reconocidos por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Sistemas Penitenciarios, en junio del presente año, otorgando una distinción a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por las acciones emprendidas para fortalecer el sistema penitenciario estatal. No obstante, los desafíos permanecen. El sistema penitenciario mexicano continúa enfrentando retos relacionados con infraestructura, equipamiento, salud mental, atención de las adicciones y consolidación de programas efectivos de reinserción social.
Sin embargo, el fortalecimiento del sistema penitenciario no debe ser el objetivo final. La aspiración de una sociedad no puede ser construir mejores prisiones, sino generar condiciones para que cada vez menos personas tengan que ingresar a ellas. Ello implica fortalecer a las familias, ampliar las oportunidades educativas y laborales, prevenir las adicciones, atender la salud mental y consolidar políticas públicas capaces de reducir los factores que favorecen la incidencia delictiva.
La seguridad comienza mucho antes de que una persona ingrese a un centro penitenciario. Se construye en la familia, en la escuela, en la comunidad y en la capacidad del Estado para ejercer una gobernabilidad efectiva, garantizar la reinserción social y prevenir la reincidencia, pero también en la corresponsabilidad de una sociedad que promueve la legalidad y rechaza la violencia.
Los avances logrados en el CERESO No. 3 muestran que las instituciones pueden transformarse cuando aprenden de sus errores. El siguiente desafío consiste en consolidar esos avances y construir una sociedad donde cada vez menos personas tengan que ingresar a un centro de reclusión. Esa es, quizá, la lección más valiosa que dejó el Jueves Negro.
