Según la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 2025, del INEGI, Chihuahua ocupa el cuarto lugar en nivel de corrupción a nivel nacional, incluso por encima de entidades como Ciudad de México y Estado de México, que tradicionalmente son percibidas como corruptas en cuanto a trámites gubernamentales se refiere.

Según dicha encuesta, en Chihuahua existe una incidencia de corrupción en 18420 personas de cada 100 mil (que les ha tocado un acto de corrupción al menos), muy cercano al primer lugar, ocupado por Hidalgo, con una prevalencia de 21,452, el segundo lugar lo ocupan Oaxaca y el tercero Sinaloa.

Además, el 87 por ciento de la población de Chihuahua percibe corrupción en el gobierno, no necesariamente estatal, pero si en su entidad, lo que nos lleva a concluir que en el Estado de Chihuahua su población considera que la corrupción es un tema presente en la burocracia, mayormente en el estatal y municipal, pues son los servicios públicos donde la gente tiene contacto recurrente.

Esto es oportuno mencionarlo en estos momentos pues estamos viendo políticos proyectándose, de los principales partidos dominantes en Chihuahua (PAN y Morena), pero no estamos viendo en ninguno de ellos una agenda que promueva el combate a la corrupción y con ello la mejora de los servicios públicos.

Según la misma encuesta, a nivel nacional (y en Chihuahua no es la excepción), la gente ve como corruptos en general a los policías y partidos políticos (primer y segundo lugar como los servidores públicos e instituciones con mayor percepción de corrupción), pero no hemos visto en ninguna campaña política, ni anterior ni reciente, una agenda de combate a la corrupción.

Por eso será muy importante ver si las figuras con mayores posibilidades de triunfo, del PAN y Morena, que buscan la gubernatura y presidencias municipales de Juárez y Chihuahua, cuentan con una agenda o propuesta de combate a la corrupción.

En lo personal, como ex servidor público estatal y federal, con 17 años de trayectoria en el servicio público, en instituciones de seguridad y con altas responsabilidades en las mismas, puedo asegurar que la corrupción no es un tema de todos y en todo, es un tema controlable y hasta erradicable, con voluntad por supuesto, de los personajes que encabezan las administraciones gubernamentales de que se trate.

El caso más revelador lo tenemos en Chihuahua, con el cambio de modelo de investigación y procuración de justicia, donde pasamos de un sistema ópaco o donde todo se hacía en lo oscuro, a un modelo transparente y donde el servicio está en el ojo público, y pudimos constatar los abogados, con alegría y sorpresa, que la corrupción se redujo muy considerablemente.

De tener instituciones donde no podías acceder a unas copias ni a tener el servicio de procuración y administración de justicia que merecemos todas las y los ciudadanos, sin dar para ¨la soda¨ como se le conocía al soborno o ¨impulso procesal¨ como eufemística y elegantemente se le llamaba a la corrupción, pasamos a tener un servicio donde te atienden y te dan el servicio y las copias que necesitas, sin necesidad de dar dinero.

Este cambio tiene su razón de ser en la transparencia, al hacerse el sistema totalmente visible al ojo público, y hablo no sólo de las oficinas de cristal, también a que las audiencias son videograbadas y cualquiera puede acceder en el momento que se están llevando a cabo (con sus excepciones establecidas en la ley). El servicio público está a la vista de todos, y por lo tanto el actuar de los servidores públicos.

Por supuesto que sigue existiendo corrupción, pero ésta se da sólo de manera aislada y con pocos, muy pocos servidores públicos, no es de manera generalizada, porque es permitida y alentada por el usuario.

Por eso creo firmemente que la manera de combatir la corrupción en el servicio público es transparentar el servicio público y la información, tener a la vista el actuar del servidor público y el gasto que hacen, así como la información de lo que hacen. Necesitamos avanzar hacia allá.

Porque estoy convencido que el político y servidor público es corrupto porque se lo permitimos, porque sabe que no nos daremos cuenta, pero eso cambia en la medida que sabe que podría verse exhibido públicamente en algún video o con alguna grabación cometiendo actos de corrupción.

Lo mismo aplica para los policías y agentes de vialidad, que extorsionan y cometen actos de corrupción porque saben que nadie se dará cuenta, como denunció esta semana el director de una importante revista de la localidad juarense, sobre cómo son acechados los conductores por agentes de vialidad al salir de una plaza de comida y bares, situación que no ocurriría si se videograbara la actuación de estos agentes en todo momento.

Avancemos pues hacia un servicio público transparente y con información disponible y accesible, para inhibir la corrupción en todos los niveles de gobierno. Porque hacen y deshacen porque los dejamos, ya que de saber que serían exhibidos y ventilados, se abstendrían.