A menos de una semana de la fecha límite para vincular obligatoriamente nuestra línea telefónica con nuestro CURP e identificación oficial, nos esta costando mucho a los juarenses y mexicanos en general hacerlo, y es que este tema cada vez más recurrente no esta ligado a una cuestión de desidia sino más bien de incertidumbre, evidenciando la falta de confianza que tenemos en las autoridades, las empresas y desde luego en “el vecino de al lado”. Irónicamente, estas medidas se concibieron para buscan frenar las extorsiones y fraudes principalmente; en otras palabras, estar más seguros.
Más allá de una rebeldía juarense, la negación al compartir nuestros datos nace de tiempos violentos de la década pasada. La mayoría de los juarenses sufrimos intentos de extorsión, supimos de una víctima que por teléfono le cometieron un fraude, lo amenazaron robándole el patrimonio o cuando menos la tranquilidad. Es por ello que creamos un hábito que hasta la fecha permanece: si no conocemos el número no lo contestamos, verificamos la Lada. La protección de nuestra información comenzó a ser un tema al darnos cuenta de la fragilidad que tenemos en esta ciudad.
Agregado a lo anterior, esta vinculación es forzosa, y más que sentir que estas medidas nos ayudan a tener una sociedad más segura produce incertidumbre y lo peor es que es con amenaza de por medio. Se ha dicho que quienes no registremos la línea telefónica perderemos los números, no tendremos acceso a nuestra banca móvil o nos veremos en aprietos al querer acceder a nuestras redes sociales o diversas plataformas, solo por eso uno se ve presionado a registrarse, pero también uno visualiza todo lo que gira alrededor de nuestra información telefónica; nos pone a pensar lo valioso de dicha información.
Además, ¿qué garantía existe de que algo cambie? Creo que idealizamos que el registro de llamadas pueda acabar con una problemática social profunda, y posiblemente sea un remedio justo a un tiempo erróneo, porque, admitámoslo, la delincuencia nos supera y ha sido claro que existen otras formas de cambiar la Lada, hacer aparecer otro número telefónico y esto sucede sin hacer el registro obligatorio. Cuando lo hagamos los más, veremos que el problema persiste, con nuevas herramientas eso sí y una vulneración más severa hacia nuestra parte, como usuarios.
Es cierto que le damos datos a otras plataformas, de manera consciente o inconsciente. Los que compartimos con las redes sociales, al tener una suscripción a alguna plataforma, acceder a las aplicaciones mínimas de nuestros celulares y hasta al hacer compras por internet. Son muchos los que sostienen que, si ya estas empresas tienen esos datos por qué no darlos al gobierno, por qué no cumplir con ese requisito absurdo, pero aquí hay que trazar una línea; cuestionarnos qué es el derecho a la privacidad y sobre todo hacerlo valer, que el Estado los proteja, no que sea uno más que lo vulnere.
Honestamente este registro es un capricho, un afán absurdo de tener más acceso a nuestra información que, aunque existe en otros segmentos de nuestra vida pública se condensan cómodamente en una plataforma que puede ser vendida, “hackeada” o donde el fácil acceso pueda tener los efectos negativos que esto pueda conllevar.
No confío en el gobierno federal, no por conspiranoico, no por preferir a la oposición, simplemente porque hay un poco de memoria y la certeza que esto será otro fracaso en una política de seguridad pública absurda que crea más problemas que los que resuelve.
¿Seguridad? Claro que la prefiero como todo juarense y mexicano, pero, así como lo son los objetivos también debemos prestar atención en como los implementamos. El problema no se resolverá. Solo habremos dado nuestra información para una situación ya de por sí delicada, porque ahora no sólo se tratará de tener cuidado con las extorsiones, sino de demostrar la inocencia ante un posible robo de línea, de comprobar que nosotros somos las víctimas y no los victimarios. Una vez más la ciudadanía carga con las negligencias de su gobierno y es notorio el desatinado ejercicio de autoridad.
