-Un Coronel, el nuevo jefe procesal en Ceresos

-Amenaza el IEE al PriAN... ¿o puro molino de viento?

-No más boletas planchadas

-El dólar que contuvo la inflación en Juárez, puede prenderla

Los militares a cargo de los penales del estado no solamente disminuyeron su fuerza tras el escándalo de un reo torturado y asesinado por custodios y policías procesales en el Cereso 1 de Aquiles Serdán, sino que la ampliaron al relevar a un civil en el mando de los procesales por un teniente Coronel.

Naturalmente el primero fuera de su cargo por ese incidente fatal e indignante debió ser el jefe de los Ceresos, Ricardo Fernández, subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), pero no ocurrió así.

Hoy sabemos que Fernández Acosta movió sus piezas sin nada ni nadie que se interpusiera en su decisión, tras el brutal asesinato del reo Edwin C., ocurrido desde julio, pero apenas conocida públicamente tras la detención de los policías procesales Ramón Alejandro O. O., de 24 años; Carlos Gerardo O. A., de 36; Silvino P. M., de 59; y Luis Carlos G. C., de 24 años.

En esos momentos tenía el General al frente de los policías procesales al civil, Martín Heredia Valles; desde esta semana el nuevo jefe estatal de dicho agrupamiento es el teniente coronel con licencia, Oscar Torres, quien llega a Chihuahua tras desarrollar distintos cargos policiacos en otras entidades del país.

Fernández Acosta ha sorteado con éxito sorprendente las incontables irregularidades que sufren los penales del estado, entre ellas una gran cantidad de muertes, adjudicadas la mayoría a decesos “naturales” aunque en muchos casos no son tales, sino asesinatos, como el del propio Edwin que fue reportado inicialmente como “bronco aspiración”; y sí fue un combinado de bronco aspiración con fractura craneal, pues los policías le aplastaron el cuello y la cabeza.

Alguna obligación inconfesable contraen los estados con los mandos del Ejército para sostener contra viento y marea en sus cargos a funcionarios como Ricardo Fernández. Son inamovible e intocable pase lo que pase.

Esta vez hasta el lujo se ha dado de “hacer” limpia entre los “procesales” y meter como su jefe a uno de los enteramente suyos, a “mi teniente coronel” Torres.

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Nadie ha visto el proyecto, nadie sabe su contenido real fuera de especulaciones y, desde luego, no hay una reglamentación aprobada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral... pero ayer diversos liderazgos del PriAN se fueron con todo contra el árbitro, ante una supuesta filtración de cambios en las reglas de género.

O sea, no ha surgido una propuesta del IEE como tal, pero sí aparecieron quienes pretenden derribarla. Falta ver si es real la amenaza o son molinos de viento los que observaron, entre otros, Alejandro Domínguez del PRI, Daniela Álvarez del PAN y el coordinador de la bancada albiazul en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez.

Supuestamente, la consejera presidenta del IEE, Yanko Durán, prepara lineamientos que, de acuerdo con lo que ha trascendido, plantean reservar 23 municipios para que los partidos postulen mujeres, como una acción afirmativa. La propuesta será presentada al Consejo y, según las versiones difundidas, sería votada mañana.

Hasta ahí, el asunto merece una discusión jurídica y política seria, porque al parecer hay precedentes de lineamientos similares que han caído en tribunales.

Pero tan de peso cayó la filtración que Domínguez pidió juicio político a los consejeros del IEE, el coordinador panista habló de una “borrachera legislativa reglamentaria” del árbitro electoral y la presidenta del PAN pidió llamar a cuentas al Congreso del Estado a la consejera Durán Prieto, a quien varios pretenden acusar de cargar los dados, de alguna manera todavía desconocida, a favor de Morena.

Está bien cuestionar jurídicamente un acuerdo una vez conocido y estudiado a fondo; también está muy bien combatir cualquier decisión electoral en tribunales, para eso son.

¿Tiene el IEE atribuciones suficientes para hacerlo? ¿La medida deriva de la Constitución, de la legislación electoral y de criterios jurisdiccionales? ¿Es compatible esa regla con los bloques de competitividad existentes, en los que el IEE ya tiene experiencia de la elección pasada? Con preguntas válidas en el debate.

Pero construir toda una ofensiva política alrededor de una propuesta que todavía no comienza siquiera su recorrido institucional, es más, que todavía nadie ha oficializado, resulta muy extraño y denota estrés y nerviosismo exagerados.

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Cien mil votos menos de tajo, es la cifra que estima el PAN que perdería Morena en Juárez en el 2027.

Eso, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara el pasado miércoles que las boletas sin marcas de doblez deberán declararse inválidas en la próxima elección.

La máxima autoridad electoral del país ordenó revocar lineamientos del INE para preparación y desarrollo de los cómputos electorales.

El tribunal consideró que la emisión del voto comprende una secuencia legalmente prevista que incluye recibir la boleta, marcarla, doblarla y depositarla en la urna. Una “boleta planchada”, o sin marcas de doblez, impide vincular la boleta con un sufragio emitido.

A principios de semana, el Secretario de Elecciones del CEN del PAN, Luis Olmedo, denunció que, en la elección del 2024, Morena cometió “fraude” al meter más de 120 mil boletas planchadas al cómputo en casillas en las que la oposición no tuvo representación.

Ahora la resolución del alto tribunal les cayó como anillo al dedo a los azules que sueñan con al menos tener una contienda pareja contra una maquinaria que parece imbatible.

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La inflación de septiembre deja un dato interesante para Ciudad Juárez: mientras el país cerró con una inflación anual de 3.45 por ciento, la frontera registró apenas 2.77 por ciento. Chihuahua capital quedó en 3.25 y Jiménez en 3.29 por ciento.

Es decir, Juárez tuvo casi tres cuartos de punto menos inflación que el promedio nacional.

Y hay una lectura que vale la pena poner sobre la mesa: en una ciudad fronteriza, donde una parte importante del consumo compite directamente con los precios de Estados Unidos, las importaciones y el llamado “efecto frontera” pueden funcionar como un freno para que los comerciantes locales suban precios.

La moneda mexicana pasó de alrededor de 16.95 a más de 18 pesos por dólar durante septiembre, una depreciación cercana al seis por ciento.

Y cuando el dólar sube, las mercancías importadas, los insumos y muchos productos cuyo precio depende de componentes extranjeros, terminan enfrentando una presión adicional.

Por eso, el 2.77 por ciento de inflación de Juárez podría ser más una fotografía del pasado reciente que una garantía para los próximos meses.

La señal de alerta está precisamente en la velocidad mensual: Juárez aumentó 0.41 por ciento, muy cerca del 0.42 nacional. Ya no hay una diferencia importante en el ritmo mensual de aumento de precios; la diferencia favorable de Juárez todavía se observa principalmente en la tasa anual.

Y mientras tanto, en el país hay productos que están pegando fuerte al bolsillo. Frutas y verduras subieron 4.40 por ciento en el mes y ya acumulan 8.78 por ciento anual. Alimentos registran 4.57 por ciento anual y las tarifas autorizadas por el gobierno llegan a 7.79 por ciento anual.

La educación también dio un brinco de 3.14 por ciento mensual.

Así que la frontera tuvo en septiembre una especie de tregua inflacionaria. La pregunta es cuánto va a durar.

Porque si el peso permanece arriba de los 18 pesos por dólar, el mismo mercado que ayudó a contener los precios en Juárez puede empezar a trabajar en sentido contrario: menos ventaja para comprar afuera, mayor costo de reposición para mercancías importadas y, eventualmente, más presión sobre los precios locales.