“Lo que debería ser una vía rápida y segura de conexión esencial para nuestro estado, hoy está marcada por hundimientos y baches profundos que provocan constantes accidentes y llantas tronadas a diario”

Manejar por la carretera Juárez-Chihuahua y viceversa se ha convertido en una auténtica película de la saga “Camino hacia el terror” para miles de familias y conductores. Lo que debería ser una vía rápida y segura de conexión esencial para nuestro estado, hoy está marcada por hundimientos y baches profundos que provocan constantes accidentes y llantas tronadas a diario. Pero lo más indignante no es únicamente el deterioro físico del asfalto, sino la falta de respuesta y el cobro constante que sufre el ciudadano.

Hay que dejarlo perfectamente claro y bien asentado: el Gobierno del Estado es el encargado y responsable directo de operar y cobrar las casetas de peaje en esta ruta.

Para recorrer este trayecto en un automóvil o pick-up, cada conductor debe pagar obligatoriamente dos casetas: 100 pesos de la caseta Sacramento: y 246 de la Caseta Villa Ahumada.

Este desembolso de 346 pesos en un solo sentido —y 692 en viaje redondo— representa una recaudación diaria de millones de pesos. ¿A dónde se va todo ese dinero recaudado por el Gobierno del Estado? Porque a infraestructura no creo. Mientras las autoridades estatales argumentan que esos recursos están comprometidos para el pago de deuda pública o fideicomisos, la exigencia es clara: si cobran un peaje tan alto, tienen el deber de entregar una carretera en óptimas condiciones.

El Gobierno del Estado no puede deslindarse ni culpar a otros por sus errores y omisiones. Aunque la vía sea federal, el Estado opera el tramo y obviamente que, al asumir el cobro de las casetas más importantes, asume también la obligación de mantener la infraestructura vial transitable.

Sin embargo, lejos de asumir su responsabilidad, la gestión estatal ha mostrado una total falta de presión política y de coordinación. No existió ni existe una gestión firme para exigir recursos, ni la voluntad de intervenir la vía de manera preventiva antes de que el peligro fuera crítico.

Por el contrario, las acciones han sido tardías y claramente insuficientes: simples "parches" o bacheos emergentes que ponen en marcha cuando aumentan la presión mediática y las fatalidades, sin ofrecer una solución funcional.

Afortunadamente, querido lector, este escenario tiene una fecha de caducidad. Muy pronto eso terminará. Con el cambio que llegará en 2027, las carreteras y sus vehículos ya no sufrirán más, y lo más importante, tu vida y la de tu familia ya no estarán en peligro; los traslados y los viajes ya no serán parte de una película de terror y volverán a ser seguros, sin más accidentes evitables y sin más vidas que lamentar.