*Se prohíbe la emisión de tarjetas sin consentimiento expreso y se sancionarán prácticas engañosas de publicidad y comisiones ocultas
Ciudad de México.– Cancelar una tarjeta bancaria en México podría dejar de ser un calvario. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa que busca reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el fin de obligar a bancos y comercios a respetar la voluntad de los usuarios: cancelar en un máximo de tres días hábiles, sin costos adicionales, ni requisitos absurdos.
La propuesta también blinda a los consumidores frente a un abuso recurrente: la entrega de plásticos no solicitados. La emisión de tarjetas de crédito o débito sin el consentimiento expreso del cliente sería considerada nula de pleno derecho. En consecuencia, ninguna anualidad, comisión o reporte al Buró de Crédito podría derivarse de esos plásticos fantasma.
Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, 59% de los adultos en México tiene una tarjeta de débito y circulan más de 37 millones de tarjetas de crédito con un portafolio de 637 mil millones de pesos. Sin embargo, persisten trabas: trámites presenciales obligatorios, demoras injustificadas y promociones engañosas que inducen a los usuarios a aceptar productos sin claridad. En 2024, la Condusef recibió 251,528 reclamaciones; de ellas, más de 7 mil correspondieron a solicitudes de cancelación no atendidas.
La iniciativa plantea además que bancos y emisores estén obligados a habilitar cancelaciones presenciales, telefónicas y digitales —incluidos botones visibles en apps y banca en línea— disponibles las 24 horas, los 365 días del año. Se prevé que las instituciones tengan 180 días para adaptar sus sistemas tecnológicos y contractuales a estas nuevas reglas.
El diputado Ricardo Monreal aseguró que se trata de garantizar el principio de libertad contractual, “la facultad de toda persona para decidir si celebra o no un contrato y en qué términos”, que hoy se ve vulnerado tanto por cancelaciones obstaculizadas como por adhesiones involuntarias.
La iniciativa, que deberá discutirse en el Congreso, se inspira en modelos internacionales como la Truth in Lending Act de Estados Unidos, la legislación española y el Código de Defesa do Consumidor de Brasil, que reconocen la cancelación como un derecho inmediato y sin penalizaciones.
De aprobarse, el decreto entraría en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y se consolidaría como uno de los cambios más ambiciosos en materia de protección al usuario financiero en la última década.
Datos duros sobre abusos bancarios y tarjetas
Tarjetas no solicitadas: La Condusef documentó 3,656 reclamaciones por tarjetas de crédito no solicitadas en un semestre, un alza de 129% respecto al periodo anterior; 2,499 se resolvieron a favor del usuario.
Bancos señalados: La mayoría de quejas por emisión de plásticos sin consentimiento se concentró en BBVA, Banamex y Santander.
Cargos no reconocidos: En 2024, los “consumos o cargos no reconocidos” fueron la causa número uno de reclamación bancaria; apenas 4 de cada 10 se resolvieron en favor del cliente.
Productos más conflictivos: Ese mismo año, las tarjetas de crédito encabezaron las quejas con 46,823 casos, seguidas por las tarjetas de débito con 36,992.
Sanciones por cobros indebidos: La Profeco advierte que cualquier cargo no autorizado o comisión encubierta puede sancionarse con multas de hasta 2.3 millones de pesos.