A pesar de que el flujo de migrantes que cruzan esta frontera ha disminuido en los últimos meses, la Ciudad de El Paso decidió extender la ordenanza de emergencia migratoria para prepararse ante posibles cambios en la política sobre este tema bajo la administración de Donald Trump, que asumirá la Presidencia el 20 de enero.
En su sesión de trabajo del lunes, el Concejo municipal aprobó por unanimidad varias medidas relacionadas con la emergencia migratoria, incluyendo la ratificación de contratos con proveedores de servicios para migrantes y pagos a empresas que han asistido en la gestión de la crisis.
Uno de los temas prioritarios fue la urgencia de utilizar y reembolsar los fondos federales disponibles antes de que expiren el 31 de diciembre. Desde 2021, la administración Biden destinó 39.15 millones de dólares para programas de alimentos y refugio en El Paso, de los cuales aún quedan $13.83 millones por reembolsar.
“Creo que no habrá fondos disponibles en el futuro, así que necesitamos asegurarnos de que se reembolse todo lo que sea posible para no quedarnos con un déficit”, afirmó el alcalde Oscar Leeser.
La Ciudad tomó medidas para gestionar la crisis migratoria después de que la Patrulla Fronteriza liberara a cientos de migrantes en las calles de El Paso debido a la saturación de los albergues comunitarios.
Contratos ratificados y servicios clave
Entre los contratos ratificados está el de Border Servant Corps, una organización que desde 2021 ha brindado apoyo a 148,436 solicitantes de asilo, ofreciendo refugio, asistencia para arreglos de viaje, ayuda para encontrar patrocinadores y autorizaciones de empleo.
Además, se aprobaron pagos a otras empresas, como $2 millones a Family Endeavors Inc., encargada de la gestión de albergues, $672,560 a G. Sandoval Construction, y $559,855 a Universal Protection Services L.P.
Preparativos ante un panorama incierto
La decisión de extender la emergencia migratoria refleja la preocupación de las autoridades locales por el futuro de los fondos federales para la gestión de la migración bajo la administración entrante. “Preguntamos si podíamos extender el uso de los fondos, pero la respuesta fue negativa”, comentó Nicole Cote, directora de Compras y Adquisiciones Estratégicas de la Ciudad.
La medida también busca “blindar” a la ciudad contra las posibles políticas antiinmigrantes que Trump pueda implementar, mientras El Paso trabaja para asegurarse de que los contribuyentes locales no asuman la carga financiera de los gastos migratorios.
La extensión de los contratos, que estarán vigentes hasta diciembre de 2024, permitirá a la Ciudad continuar apoyando a los migrantes mientras gestiona los reembolsos federales pendientes.
