El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, anunció que el estado comprará partes del muro fronterizo subastadas en Arizona y las donará a la administración de Donald Trump cuando éste asuma el cargo en enero, siempre y cuando sea económicamente viable.
A través de su cuenta en X, Patrick detalló que la Comisión de Instalaciones de Texas (TFC, por sus siglas en inglés), encargada de la construcción del muro fronterizo estatal, ha evaluado los materiales subastados en el sitio de GovPlanet, especializado en excedentes gubernamentales. Según Patrick, la mayoría del material está dañado, con paneles cubiertos de concreto y óxido, aunque algunos podrían ser utilizables.
“Texas hará todo lo posible, lo que sea necesario, para asistir al presidente y asegurar la frontera de una vez por todas para los ciudadanos de Estados Unidos y Texas”, declaró Patrick en Fox News, destacando que el estado tiene $6 mil millones reservados para seguridad fronteriza.
La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, expresó su respaldo al plan de Patrick, asegurando que tiene espacios disponibles en terrenos estatales para almacenar las secciones del muro que se adquieran. “El Texas General Land Office está listo para ayudar a garantizar que nuestra frontera Sur esté segura”, afirmó Buckingham.
El estado ya ha construido 50 millas (80 km) de muro con fondos estatales este año y trabaja en 65.5 millas adicionales (105 km). Además, recientemente adquirió 1,400 acres (566 hectáreas) en el Condado de Starr para continuar con estas obras.
Trump y el muro
En una conferencia de prensa improvisada el lunes en su propiedad de Mar-a-Lago, Donald Trump criticó duramente la venta de materiales del muro por parte de la administración Biden, calificándola como “casi un acto criminal”. Según Trump, estos materiales podrían ser reutilizados para continuar la construcción del muro, uno de los pilares de su campaña presidencial.
“Vamos a gastar cientos de millones de dólares más en construir el mismo muro que ya tenemos”, lamentó Trump. También mencionó haber discutido con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, la posibilidad de interponer una orden de restricción contra estas subastas.
Trump reiteró su compromiso de reanudar la construcción del muro cuando asuma el cargo y aseguró que, si los materiales subastados no están disponibles, será necesario reconstruirlos, lo que duplicaría los costos.
Aunque Trump afirmó que durante su administración se construyeron 571 millas (920 km) de muro, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental confirmó que se completaron aproximadamente 450 millas (724 km).
La venta de materiales excedentes se realiza en cumplimiento de una legislación bipartidista aprobada por el Congreso el año pasado. El Departamento de Defensa ha señalado que alrededor del 60% de estos materiales ya ha sido transferido a estados fronterizos y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Acepta ‘zar’ rentar rancho
Por otro lado, el “zar fronterizo” designado por Trump, Tom Homan, aceptó la oferta de Texas de arrendar 1,400 acres (566 hectáreas) en el Condado fronterizo de Starr para acelerar deportaciones masivas. Durante una aparición en el programa Dr. Phil Primetime, Homan confirmó que ya trabaja en un plan para usar las tierras ofrecidas por la Comisión General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en inglés).
Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, afirmó que la iniciativa incluye instalaciones de detención y centros de deportación para inmigrantes con historial criminal. La GLO también ha identificado tierras adicionales en El Paso y otras zonas para apoyar esta tarea.
“El objetivo es proteger a nuestras comunidades de criminales violentos que han cruzado ilegalmente la frontera”, comentó Buckingham. Durante una conferencia en noviembre, anunció que la iniciativa llevará el nombre de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años asesinada en Houston por presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.
Reacciones encontradas
Mientras Texas se prepara para apoyar los planes de Trump, en California la semana pasada la Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó una resolución que prohíbe el uso de recursos locales para colaborar con deportaciones. “No permitiremos que nuestras instalaciones y personal sean usados para políticas que separen familias y dañen nuestra comunidad”, declaró la presidenta de la Junta, Nora Vargas.
La polarización en torno a las políticas migratorias continúa escalando mientras Trump se prepara para asumir nuevamente la Presidencia.
