En escritura cursiva manuscrita, una inmigrante rusa llamada Marina relató la historia del día en que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos le quitaron a su bebé de 1 año mientras estaba detenida en una instalación en el Sur de California. “Lloré y supliqué, de rodillas, que no lo hicieran, que esto era un error, que no era justicia ni estaba bien”, escribió. “Era tan pequeña que nadie sabía nada de ella. ¡Tenía mucho miedo por ella y todavía lo tengo!”.

Esto no sucedió durante la administración de Trump, que separó a más de 4,000 niños migrantes de sus familias bajo su controvertida política de “tolerancia cero”. Marina fue separada de su bebé en abril de este año. La ex gerente de restaurante de 40 años llegó a la frontera entre Estados Unidos y México con su esposo, su suegra y su hija para solicitar asilo.

Más de ocho meses después, ella y su suegra permanecen bajo custodia federal de inmigración en Louisiana. Su esposo está detenido en otra instalación de inmigración en Louisiana. Y Aleksandra está a más de mil millas de distancia, al cuidado de desconocidos en un hogar de acogida en California.

Aleksandra es una de aproximadamente 300 niñas y niños que la administración de Biden ha separado de sus padres o tutores legales este año, según dos fuentes del Gobierno que solicitaron el anonimato porque no estaban autorizadas a hablar sobre las separaciones. La mayoría de los casos involucraron familias que cruzaron la frontera Suroeste, dijeron las fuentes. Estas cifras no se habían informado previamente.

De manera similar, 298 menores fueron separados de sus padres en 2023, según un informe gubernamental al Congreso publicado el martes, incluso cuando el número total de cruces de migrantes ha disminuido. Según el informe, el tiempo promedio que los menores separados entre abril de 2018 y octubre de 2024 han pasado bajo custodia federal antes de ser entregados a un patrocinador es de 75 días.

El Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios sobre las cifras o sobre el caso de Marina.

Los funcionarios que hablaron sobre las separaciones lo hicieron bajo la condición de no ser identificados. Dijeron que las separaciones actuales no son similares, ni en carácter ni en escala, a lo que sucedió durante la administración de Trump. Su política de “tolerancia cero” dirigió a las autoridades a detener y procesar penalmente a todos los inmigrantes sorprendidos cruzando la frontera ilegalmente y a separarlos de sus hijos si viajaban juntos.

Funcionarios de la administración de Biden afirman que sólo han separado familias por razones acordes con prácticas migratorias de larga data, incluyendo preocupaciones sobre los padres o la seguridad de los niños. Algunas de esas preocupaciones están relacionadas con sospechas de abuso, antecedentes penales o amenazas a la seguridad nacional.

La administración informa las cifras de separaciones al Congreso y a abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que han sido encargados de brindar supervisión. Sin embargo, esos informes ofrecen pocos detalles sobre las razones de las separaciones, especialmente en casos donde los padres han sido señalados por razones de seguridad nacional.

Alrededor de 80 de los menores separados entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 estaban en esa categoría, dijo una de las fuentes del Gobierno, y unos 50 de ellos eran rusos, como Aleksandra. La segunda fuente dijo que al menos 10 de los niños rusos que fueron separados este año todavía están bajo custodia gubernamental.

En casos que involucran seguridad nacional, el Gobierno puede retener su justificación incluso de las propias familias, lo que dificulta que ellas y sus abogados impugnen las separaciones o preparen una defensa.

Además, algunos defensores han sido reacios a hablar públicamente sobre las separaciones actuales, y mucho menos criticar a la administración del presidente Joe Biden, mientras presionan para que el Gobierno resuelva los casos de sus clientes y temen que la administración entrante de Trump pueda aplicar los mismos estándares de manera más amplia para separar a más familias en el futuro.

Las separaciones familiares en la frontera no comenzaron con la política de “tolerancia cero” y no terminaron cuando ésta fue levantada, dijo Talia Inlender, subdirectora del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Angeles, que redactó un informe sobre separaciones familiares que se remonta a los años de Obama y antes.

Explicó que, aunque la política de Trump fue sin precedentes debido a su alcance, la escasa información que el Gobierno proporciona sobre las separaciones en la frontera ha sido una práctica común entre las administraciones.

“Creo que la falta de transparencia genera una falta de rendición de cuentas”, afirmó, “y eso es intencional”.

“Donde hay margen para la discrecionalidad de las agencias”, añadió Inlender, “es realmente donde debemos asegurarnos de que haya vigilancia sobre lo que está ocurriendo, para que estas excepciones o áreas grises no se conviertan en la norma”.

Durante entrevistas telefónicas con Marina y su esposo, realizadas a través de un traductor, la pareja dijo que esperaba, al romper el silencio sobre su caso, obtener respuestas sobre por qué fueron separados de su hija y recuperarla. Solicitaron ser identificados sólo por sus nombres de pila debido a sus casos pendientes de deportación.

Marina relató que ella y su esposo Maksim, quien trabajaba como gerente de suministros en una empresa de construcción, se conocieron en un restaurante donde Marina trabajaba en Moscú. Se casaron en 2021 e intentaron durante años tener un hijo antes de que naciera Aleksandra.

Maksim explicó que comenzó a asistir a protestas antigubernamentales en apoyo al líder opositor Alexei Navalny y, más tarde, contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Según una declaración jurada presentada por Marina como parte de su caso de asilo, Maksim fue detenido, interrogado y, en una ocasión, golpeado por la Policía después de las protestas.

ProPublica no pudo corroborar independientemente las actividades políticas de Maksim. Ambos dijeron que Marina no participaba en las protestas y que le había pedido que dejara de asistir. Finalmente, la familia decidió abandonar el país por temor a represalias gubernamentales.

Después de investigar las mejores rutas para ingresar a Estados Unidos, dijeron que compraron boletos para Dubai, Ciudad de México y Tijuana, que se encuentra en la frontera con California. Una vez en Tijuana, Marina dijo que esperaron seis meses para obtener una cita después de usar una aplicación gubernamental de Estados Unidos conocida como CBP One para solicitar permiso para acercarse a la frontera y pedir asilo. Finalmente, les otorgaron un espacio y se les permitió cruzar a mediados de abril.

Pero en lugar de ser liberados para seguir su solicitud de asilo, Marina explicó que ella y Aleksandra fueron retenidas en una celda fría en un centro de detención de la Patrulla Fronteriza. Dijo que sólo le dieron fórmula y purés de vegetales para Aleksandra. Ella misma trituraba pan de sus propios sandwiches para darle más alimento a su hija. En ese momento, Aleksandra estaba aprendiendo a caminar y siempre estaba en movimiento; acababa de empezar a hablar.

Luego, después de varios días, Marina relató que ella y su bebé fueron rodeadas por oficiales fronterizos que le dijeron que los adultos serían detenidos y Aleksandra sería llevada a otro lugar. Un agente le entregó una nota que decía: “CBP ha tomado esta decisión por la siguiente razón: usted está siendo detenida por representar un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional”.

Al recordar la desesperación que sintió al leer la nota, Marina escribió: “¿Por qué sería eso? ¡Ni siquiera tuve una entrevista!”.

Explicó que quedó en estado catatónico después de que un agente de la Patrulla Fronteriza tomó de la mano a su hija y se la llevó.

“Pensé que había muerto en ese momento”.

Su experiencia podría sonar familiar para cualquiera que haya seguido las noticias sobre las miles de separaciones llevadas a cabo por la administración Trump. Su política de “tolerancia cero” comenzó como un programa piloto en 2017, pero la administración negó su existencia hasta la primavera de 2018. Incluso entonces, las autoridades se negaron a hacer públicos los detalles sobre cómo se estaba implementando la política, incluyendo dónde se mantenía a los niños, cuántos estaban bajo custodia o incluso cómo se realizaban las separaciones.

En junio de 2018, ProPublica obtuvo un audio grabado en una instalación de la Patrulla Fronteriza que capturaba el llanto de niños separados de sus padres. Entre ellos, una niña de 6 años que suplicaba hacer una llamada telefónica a su tía. Ese audio provocó una protesta bipartidista que llevó a la administración a anunciar el fin de la política 48 horas después. Y una demanda federal presentada por la ACLU obligó a la administración a reunir a los niños bajo su custodia con sus familias.

Ese esfuerzo de reunificación continuó incluso después de que Trump dejara el cargo. Biden, quien calificó la política de ‘tolerancia cero’ como “una vergüenza moral y nacional”, formó un grupo de trabajo poco después de asumir el cargo para completar las reunificaciones. Se descubrió que algunos padres habían sido deportados sin sus hijos y permanecieron separados años después.

Biden prometió que, en adelante, su administración no separaría a los niños de sus padres “excepto en las circunstancias más extremas donde una separación sea claramente necesaria para la seguridad y el bienestar del niño o requerida por la ley”.

El Departamento de Justicia de Biden negoció un acuerdo con la ACLU que permite distribuir asistencia a las familias perjudicadas por la política de “tolerancia cero”. Según los términos del acuerdo, firmado en diciembre pasado, las separaciones familiares futuras sólo se permitirían en “circunstancias limitadas”, incluyendo cuando los padres sean considerados una amenaza para el niño, tengan una orden de arresto pendiente o necesiten ser hospitalizados.

El acuerdo también establece que las separaciones están permitidas cuando los funcionarios del Gobierno determinan que los padres o tutores legales pueden representar “un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional de los Estados Unidos”, incluyendo personas sospechosas de terrorismo o espionaje.

Sin embargo, en esos casos, el acuerdo especifica que el Gobierno no está obligado a proporcionar documentación sobre la razón de su decisión si ello implicaría revelar información sensible.

Esos casos podrían incluir situaciones en las que los nombres de los migrantes aparezcan en una lista de vigilancia internacional, según un tercer funcionario del Gobierno, quien, al igual que los otros, habló bajo condición de anonimato.

En junio de este año, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a dos uzbekos y a un ruso por presuntos vínculos con una red de tráfico humano relacionada con ISIS que, según el Departamento de Estado, facilitaba el tránsito de personas hacia los Estados Unidos.

“Sí están investigando casos más a fondo y luego las personas son liberadas después de descubrir que la información que tenían no era correcta”, explicó el funcionario, “aún es bastante difícil decir que no deberíamos proceder y realizar esos controles si necesitamos prestar mayor atención a la seguridad en estos casos”. A veces, añadió el funcionario, las autoridades pueden resolver rápidamente cualquier preocupación de seguridad y reunir a las familias.

Los defensores no están en desacuerdo con que, en algunas ocasiones, las separaciones estén justificadas, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU y principal representante legal en la demanda sobre separaciones familiares. También afirmaron entender la sensibilidad de compartir información que podría poner en riesgo al país.

Sin embargo, cuando se le preguntó si los casos rusos destacan los posibles problemas del acuerdo alcanzado entre la ACLU y la administración, Gelernt afirmó que el Gobierno “no puede crear una laguna legal y colocar todo en la caja negra de la seguridad nacional”.

Añadió que si las excepciones se convierten “en una excusa para eludir la prohibición de separaciones, volveremos a la Corte”.

Con Biden saliendo del cargo pronto, lo que más preocupa a los defensores es la próxima administración de Trump. Trump hizo de la detención masiva y la deportación una pieza central de su campaña y afirmó que forman parte de sus planes para el primer día de su mandato. Sin embargo, cuando se le preguntó varias veces en una entrevista durante el fin de semana si reviviría la política de “tolerancia cero”, respondió: “Enviaremos a toda la familia, de manera muy humana, de vuelta al país de donde vinieron. De esa manera, la familia no se separa”.

Inlender no estaba convencida de que Trump no aumentaría las separaciones familiares. “Con cualquier vacío legal que exista en las políticas, cualquier vacío que exista en los acuerdos de conciliación, creo que siempre existe el peligro, cuando tienes una administración entrante que ya ha demostrado su disposición, y en algunos casos capacidad, para infligir crueldad al separar familias, de que utilicen cualquier herramienta a su disposición”, dijo.

Los niños que fueron separados de sus padres por razones de seguridad nacional en el último año provinieron de una variedad de países, incluyendo Rumania, Turquía, Ucrania, Líbano, Irán, Kirguistán, Armenia, Colombia y Venezuela, según dos fuentes del Gobierno. Sin embargo, la mayoría provenía de Rusia. De hecho, sólo un niño ruso separado de sus padres este año fue listado como separado por una razón distinta a la seguridad nacional, dijeron.

Ninguno de los funcionarios entrevistados pudo decir si las familias rusas habían sido señaladas para un escrutinio especial. Los 50 niños rusos separados el año pasado representan una porción muy pequeña de los cruces fronterizos rusos en general. Según los datos de CBP para el año fiscal 2024, que comenzó el pasado octubre y terminó en septiembre, 7,137 familias rusas cruzaron la frontera Suroeste, casi todas a través de puertos de entrada legales como lo hizo la familia de Marina.

La falta de información sobre el caso de Marina ha significado que el Gobierno no le haya informado ni a ella ni a su abogada una razón específica para su detención y prolongada separación de Aleksandra. La abogada de Marina, Elena Denevich, con sede en Nueva York, dijo por correo electrónico que, aunque ha presentado una serie de solicitudes de libertad condicional para Marina desde mayo, “las solicitudes fueron denegadas por preocupaciones no especificadas de seguridad nacional”.

Denevich afirmó que el DHS “no ha proporcionado evidencia ni explicación para justificar esta acusación”.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos y supervisa a los niños migrantes, dijo que no podía comentar sobre casos individuales y remitió las preguntas sobre aplicación de la ley al DHS. ORR, que a principios de este mes sólo había publicado datos sobre separaciones familiares hasta enero de 2024 en su sitio web, actualizó esta semana el sitio con nueve nuevos informes de febrero a octubre.

Además de las entrevistas, Marina compartió su relato escrito a mano de cuatro páginas sobre la separación después de traducirlo ella misma al inglés utilizando una tableta que le proporcionaron en detención. ProPublica revisó documentos judiciales y habló con el padrastro de Maksim, quien cruzó la frontera meses antes pero fue liberado para perseguir una solicitud de asilo.

La familia de Marina se ha unido a una demanda colectiva presentada por más de 150 solicitantes de asilo de habla rusa contra el Gobierno, alegando que sistemáticamente se les niega la libertad condicional por parte de ICE debido a sus nacionalidades. El padrastro de Maksim afirma que ha estado trabajando sin descanso como camionero de largas distancias para pagar los honorarios legales mientras lucha por la liberación de su familia. ICE dijo que no podía comentar sobre litigios en curso.

Después de la separación, Marina, atrapada en detención, explicó que tuvo que esperar tres meses antes de que finalmente se le permitiera hablar por teléfono con su hija en julio. A partir de agosto, les permitieron videollamadas semanales. Dado que la familia con la que Aleksandra está viviendo no habla ruso, Marina les ha pedido que de vez en cuando pongan videos de YouTube en ruso para que su hija pueda escuchar a personas hablando su idioma natal.

Afirma que Aleksandra parece saludable y que está siendo bien cuidada, rodeada de juguetes y con ropa nueva. Está agradecida con la familia de acogida, quienes señalan la pantalla y dicen “mamá” cuando hablan para recordarle quién es su madre, pero se derrumba llorando al hablar sobre cómo la separación la ha afectado.

“Sólo estoy tratando de cuidarme porque mi pequeña hija necesita una mamá saludable. Pero como es tan pequeña, me siento realmente mal. Estoy empezando a desmoronarme, tanto mental como físicamente”, dijo Marina desde el centro de detención. Explicó que está teniendo problemas para dormir y experimentando una serie de problemas de salud que empeoran.

No saber la razón detrás de la separación de su familia es desgarrador.

“No tengo la menor idea de por qué nos hicieron esto”.