Un juez federal del Este de Texas, J. Campbell Barker, impuesto por el ahora presidente electo Donald Trump, eliminó la amnistía para inmigrantes ilegales casados con ciudadanos estadounidenses dando un revés al programa temporal denominado ‘Parole in Place’, conocido como Manteniendo a las Familias Unidas (Keep Families Together, KFT), implementado por el presidente Joe Biden a mediados de junio del presente año.

El programa KFT puesto en marcha por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos el 19 de junio tiene como fin promover la unidad familiar y pretendía beneficiar al menos 500 mil inmigrantes indocumentados a través de un proceso para que ciertos cónyuges e hijastros de ciudadanos de EU solicitaran el permiso de permanencia temporal.

Sin embargo el programa ha estado suspendido desde el 26 de agosto después de que Texas y otros 15 estados liderados por republicanos presentaran su impugnación ante el tribunal de Campbell, quien se puso del lado de Texas y otros 15 estados al encontrar que el programa violaba la Ley de Inmigración y Naturalización.

El juez, nominado para el tribunal federal por el presidente Trump en enero de 2017, escribió que Texas había demostrado que cada hijastro ilegal de un ciudadano estadounidense inscrito en escuelas de Texas le estaba costando al Estado más de $10 mil dólares por año.

“Texas ha demostrado además que sufrirá un daño concreto debido al aumento de los costos de proporcionar servicios educativos y de atención médica a esa población extranjera adicional”, redactó Campbell.

Y remató: “Los demandantes han demostrado que al menos algunos hijastros extranjeros en Texas, como resultado sustancialmente probable de la Regla, estarían en Texas y recibirían una educación financiada por el Estado que no estarían presentes para recibir sin la Regla. Y el tribunal le atribuye a (Texas) el mérito de demostrar que el derecho de financiación promedio de fuentes estatales y locales de Texas para 2024 es de $10 mil 107 por estudiante por año de asistencia”.

Sin embargo Carlos Marentes, fundador y director del Centro de los Trabajadores Agrícolas Fronterizos, en El Paso, Texas y defensor de la comunidad de inmigrantes, consideró que no será fácil eliminar un derecho que tienen los ciudadanos de legalizar a sus familiares.

“Lo que está pasando es que con la victoria de Donald Trump ahora las Cortes, los jueces y en sí el sistema judicial se van a poner más al modo de pensar de Trump… totalmente anti-inmigrante”, dijo el líder de los trabajadores agrícolas al enfatizar que desafortunadamente este tipo de acciones se verán con regularidad durante los próximos cuatro años.

Sin embargo, confió en que tanto el Departamento de Seguridad Nacional como los líderes de las organizaciones defensoras de los derechos civiles den la pelea en las Cortes.

“El litigio ya está y aunque será difícil vamos a tener que dar la pelea por las vías legales y administrativas para que no se vulneren los derechos de los inmigrantes que están en proceso de obtener el asilo político o residencia”.

Aunque Campbell reconoció que muchas personas tenían interés en la libertad condicional de inmigración ofrecida por KFT, tuvo que reconocer que el programa era ilegal, de acuerdo a una publicación de Newsweek.

“La libertad condicional en vigor en virtud de la Regla KFT es sin duda importante para muchas partes, pero su ilegalidad impide que se tengan en cuenta esos intereses”, estableció.

El 26 de agosto de 2024, el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito del Este de Texas, en el caso Texas v. Department of Homeland Security, número de caso 24-cv-306, emitió una suspensión administrativa por un período inicial de 14 días, que impide que DHS otorgue el permiso de permanencia temporal en el país bajo el proceso Manteniendo a las Familias Unidas, dio a conocer la dependencia federal a través de una publicación oficial.

Desde entonces, la suspensión administrativa ha estado en vigor a través de órdenes judiciales adicionales aplicables. Más recientemente, el 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Distrito emitió una orden que reimpuso su suspensión temporal original del 26 de agosto de 2024 y emitió una orden de restricción que expiraría ayer –8 de noviembre de 2024.

Los no ciudadanos que están presentes en Estados Unidos sin haber sido admitidos o haber recibido un permiso de permanencia temporal pueden ser considerados para el permiso de permanencia temporal en el país bajo este proceso porque siguen siendo solicitantes de admisión. El permiso de permanencia temporal en el país está disponible sólo para los no ciudadanos que están presentes en Estados Unidos.

Al hablar sobre el resultado de la elección presidencial Carlos Marentes afirmó que muchos de los votantes se dejaron engañar con todo ese mito que hay alrededor de los inmigrantes al calificarlos como delincuentes, o personas que vienen a quitarles el trabajo.

“Hubo un engaño al implementar una narrativa de estigmatizaciones de la migración y muchos votaron engañados”, dijo al resaltar que muchos de esos votantes esperan que ahora Trump cumpla lo prometido al inicio de su mandato e inicie las deportaciones masivas.

“Eso como que les caló o convino a mucha gente que tiene muchos problemas de trabajo, económico y que vieron al inmigrante como el ser de todos los males, el chivo expiatorio”.

Comentó que a final de cuentas en toda esta contienda electoral, que afortunadamente ya pasó, hubo disputas en las que los inmigrantes se convirtieron en el botín de guerra… ¿cuándo se había visto una elección donde el tema principal fueran los migrantes, antes que la economía, que la seguridad?, se preguntó azorado.

DHS estima que 500 mil no ciudadanos que son cónyuges de ciudadanos estadounidenses podrían ser elegibles para acceder a Manteniendo a las Familias Unidas, quienes, en promedio, han residido en Estados Unidos durante 23 años.

Además, se estima que aproximadamente 50 mil no ciudadanos que son hijastros de ciudadanos estadounidenses son elegibles para solicitar el permiso de permanencia temporal en el país bajo Manteniendo a las Familias Unidas.

Sin embargo con la eliminación de la amnistía para inmigrantes ilegales casados con ciudadanos estadounidenses el estatus de estas personas inmigrantes está en el limbo una vez más, luego de la resolución emitida por el juez Campbell, quien afirmó que anularía el programa, pero no emitiría una orden judicial contra el Departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo a la ley si se les concede el permiso de permanencia temporal en el país, y si son elegibles, estos no ciudadanos pueden solicitar ajustar su estatus al de residente permanente legal sin tener que salir de Estados Unidos y ser procesados por un Consulado estadounidense en el extranjero.

El líder de los trabajadores agrícolas en la región Paso del Norte aseguró que este tipo de litigios afecta a los residentes locales porque es parte de la dinámica de la vida en la frontera, sin embargo dijo que el camino es litigar este tipo de demandas en los tribunales.

Expresó que es común que ciertas órdenes ejecutivas se ventilen en las Cortes sobre todo cuando hay una ley que lesiona los intereses de un sector de la comunidad. “A nivel local, estatal y federal siempre se dan confrontaciones legales cuando hay propuestas de leyes o acciones ejecutivas, hay una confrontación porque lesiona los intereses de un grupo de la sociedad”.

Para cumplir con la suspensión administrativa del tribunal de Distrito, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) seguirá:

Sin otorgar ninguna petición de permiso de permanencia temporal pendiente bajo Manteniendo a las Familias Unidas.

Aceptando el Formulario I-131F, Solicitud de Permiso de Permanencia Temporal en el País para Ciertos No Ciudadanos Cónyuges e Hijastros de Ciudadanos Estadounidenses.

Programando citas de datos biométricos y tomará los datos biométricos en los Centros de Asistencia en Solicitudes (ASC).

La orden no afecta a las peticiones aprobadas antes de que el tribunal de Distrito emitiera la suspensión administrativa a las 6:46 p.m. hora del Este del 26 de agosto de 2024, señala el documento publicado en la página oficial de DHS.

Se dijo que el permiso de permanencia temporal es un ejercicio de la autoridad discrecional del DHS bajo la sección 212 (d)(5)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para permitir que ciertos solicitantes de admisión que no son ciudadanos estén presentes en Estados Unidos de manera temporal, caso por caso, por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo.

La INA define a un “solicitante de admisión”, en la parte pertinente, como un no ciudadano “presente en Estados Unidos que no ha sido admitido”.

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