Además de su promesa de deportar a millones de inmigrantes indocumentados, Donald Trump y su equipo planean revocar la ciudadanía estadounidense a miles de personas que supuestamente cometieron fraude en sus trámites de naturalización.

La propuesta, encabezada por Stephen Miller, quien ha sido nombrado jefe adjunto de gabinete en la próxima administración, enfrenta tanto críticas como desafíos legales significativos debido a su impacto potencial y su cuestionable viabilidad jurídica.

El objetivo principal de esta iniciativa sería investigar fraudes cometidos en solicitudes de naturalización, incluso aquellas realizadas décadas atrás. Durante su primer mandato, la administración Trump impulsó esfuerzos como “Operación Janus” y “Operación Second Look”, diseñados para revisar antiguos expedientes en busca de irregularidades. A pesar de que las desnaturalizaciones han sido históricamente raras, en 2020 el Departamento de Justicia (DOJ) anunció una fuerza especial para procesar estos casos, y el Gobierno redirigió recursos significativos para intensificar dichas investigaciones.

No obstante, los críticos han señalado que los casos de fraude en procesos de naturalización son extraordinariamente bajos. Según datos oficiales, de 315 mil archivos revisados en 2016 relacionados con inmigrantes deportados o condenados por delitos, sólo 858 resultaron en aplicaciones fraudulentas de ciudadanía.

A pesar de ello, Miller ha prometido “turboalimentar” esta iniciativa, incluso a costa de desviar recursos de la gestión de nuevas solicitudes de residencia y ciudadanía, lo que podría ralentizar aún más el sistema migratorio legal.

El proceso de desnaturalización, aunque raro, tiene un precedente legal. Desde su establecimiento en 1906, las leyes han permitido que la ciudadanía sea revocada si se demuestra que fue obtenida mediante fraude o declaraciones falsas. Este recurso fue empleado intensivamente durante períodos de conflicto, como las Guerras Mundiales y la ‘Guerra Fría’, y en años recientes para casos de terrorismo, crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, la administración Trump ha ampliado su alcance, dirigiéndose a individuos con errores menores o disputas cuestionables en sus expedientes.

La preocupación se extiende también al impacto social y psicológico de esta campaña.

Según Masha Gessen, periodista y analista, una búsqueda masiva de solicitudes irregulares podría convertir a millones de ciudadanos naturalizados en ciudadanos de “segunda clase” al minar su sentido de permanencia. Además, miles de personas naturalizadas como menores de edad a través de sus padres podrían ver anulada su ciudadanía por motivos ajenos a ellos.

Aunque la desnaturalización requiere un proceso judicial y el derecho a un juicio en una Corte federal, los acusados no tienen garantizado un abogado designado por el Estado. Esto deja a muchas personas sin los recursos para defenderse adecuadamente, aumentando el riesgo de perder su ciudadanía por error o por defecto, algo que, según los críticos, podría ser parte del propósito de esta estrategia.

Impacto en comunidades y economía

Más allá del impacto individual, esta política podría generar un “efecto escalofriante” en las comunidades inmigrantes, desalentando a muchos residentes legales permanentes de solicitar la ciudadanía por temor a futuras represalias. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han advertido que estas medidas también desvían recursos críticos que deberían destinarse al procesamiento de nuevas solicitudes de ciudadanía.

Desde una perspectiva económica, expertos como el economista Robert Lynch advierten que reducir la inmigración legal y desincentivar la naturalización podría ralentizar el crecimiento de la fuerza laboral y, en consecuencia, el crecimiento económico general. Durante el primer mandato de Trump, combinando restricciones migratorias y el impacto de la pandemia, se estimó que el crecimiento del PIB fue 1.3 puntos porcentuales más bajo de lo que podría haber sido.

Casos emblemáticos y controversias mediáticas

Aunque Miller asegura que su iniciativa será amplia, expertos como Stuart Anderson, director de la Fundación Nacional para Políticas de Inmigración, dudan que los números sean significativos en comparación con las deportaciones masivas. “No veremos intentos de desnaturalizar a Elon Musk, pero esto podría tener un impacto desproporcionado en quienes cometen errores menores en sus trámites”, señaló Anderson.

Además, el plan podría incluir figuras mediáticas, como el príncipe Harry, quien ha sido objeto de críticas por parte de sectores conservadores por su historial migratorio. Estas acciones podrían ser más simbólicas que sustantivas, destinadas a mantener la inmigración en el centro del debate político.

El futuro de la ciudadanía en Estados Unidos

A pesar de las garantías de que el proceso de desnaturalización incluye el derecho a juicio en tribunales federales, muchas personas carecen de recursos para defenderse adecuadamente. Sin acceso a abogados asignados por el Estado, el riesgo de perder la ciudadanía por errores administrativos o fallos en el proceso es significativo.

Mientras Trump y su equipo reavivan estos esfuerzos, surgen preocupaciones sobre el impacto a largo plazo en el tejido social y político de Estados Unidos. Las propuestas no sólo afectan a los inmigrantes, sino que también cuestionan el futuro de la ciudadanía como un derecho protegido y permanente.

Contexto histórico

Las desnaturalizaciones no son nuevas en la política estadounidense, pero su aplicación ha variado según las prioridades de cada período histórico. Durante las Guerras Mundiales y la ‘Guerra Fría’, las revocaciones se utilizaron principalmente para eliminar presuntos enemigos internos. En décadas más recientes, se han enfocado en casos relacionados con terrorismo o violaciones graves de derechos humanos.

Sin embargo, bajo la administración Trump, esta herramienta ha sido redirigida hacia un espectro más amplio de inmigrantes, incluidos aquellos que pudieron cometer errores menores o inadvertidos en sus procesos de naturalización, marcando un cambio significativo en su aplicación.

La propuesta de revocar la ciudadanía a gran escala no sólo enfrenta desafíos legales, sino que también plantea dudas éticas y económicas, dado el papel crucial de los inmigrantes en el crecimiento de la fuerza laboral y la economía de Estados Unidos. Aunque su impacto demográfico podría ser limitado, la amenaza de desnaturalización ya ha generado un efecto paralizante entre las comunidades inmigrantes y podría redefinir el sistema migratorio del país en los próximos años.