Los cargos de asesinato capital y agresión contra el acusado del tiroteo masivo en Walmart deben ser desestimados, o la pena de muerte debe ser retirada, debido a repetidas faltas por parte de la Fiscalía, según indicaron los abogados defensores en una moción presentada el lunes.

La moción alega que desde 2020, los fiscales han violado los derechos de Patrick Crusius, ahora de 26 años, quien está acusado del tiroteo masivo del 3 de agosto de 2019 en el Walmart de El Paso, que dejó 23 muertos y 23 heridos.

La moción de la defensa alega que el caso del Estado contra Crusius está “permeado de mala conducta por parte de la Oficina del Fiscal del Distrito de El Paso”. Aunque muchas de las acusaciones involucran a la ex fiscal de Distrito Yvonne Rosales, algunas de las supuestas faltas ocurrieron durante las administraciones del ex fiscal de Distrito Jaime Esparza y del actual fiscal de Distrito Bill Hicks.

En una conferencia de prensa el lunes sobre un tema no relacionado, Hicks desestimó las acusaciones.

“Si lo lees bien, en realidad no es más que un resumen de todos los argumentos que han estado haciendo en el tribunal durante el último tiempo, bueno, desde diciembre”, dijo Hicks.

“Han insinuado o hecho algo similar en sus argumentos todo el tiempo. Simplemente han rehecho todo y han puesto todo lo que han dicho oralmente en una forma escrita. Así que nada que realmente no hubiéramos anticipado. Sólo más retrasos e intentos de retrasar el juicio”, agregó.

Las acusaciones incluyen contacto inapropiado con testigos, violaciones continuas de una orden de mordaza impuesta por el tribunal, supresión de pruebas exculpatorias, prácticas engañosas de intercambio de pruebas y la violación del derecho de Crusius a la comunicación confidencial entre abogado y cliente.

Los fiscales aún no han respondido en el tribunal a la moción. Una orden de mordaza emitida en julio de 2020 por el juez Sam Medrano del Distrito 409 prohíbe en gran medida a las partes del caso discutirlo fuera del proceso judicial.

La moción solicita a Medrano que permita al equipo de defensa realizar un descubrimiento adicional –un término legal para la búsqueda de pruebas en poder de los fiscales– que podría proporcionar información sobre la supuesta mala conducta.

Debido al alcance de la supuesta mala conducta, el juez debería considerar desestimar los cargos contra Crusius o evitar que el Estado busque la pena de muerte.

La moción de la defensa reconoce que, “en general, un tribunal de primera instancia no puede impedir que el Estado busque la pena de muerte basándose en una violación especulativa de los derechos del acusado”.

“Sin embargo, la Corte de Apelaciones Penales ha sostenido que, en ciertas circunstancias, cuando el Estado ha cometido una infracción atroz, el tribunal de primera instancia tiene el poder de mitigar el daño causado con remedios drásticos, incluida hasta la desestimación de la acusación”, dice la moción.

La próxima audiencia en el caso del tiroteo masivo de Walmart está programada para el jueves, cuando Medrano discutirá la posible programación para un juicio. Crusius ha sido ordenado a comparecer en la audiencia, lo que marcará la primera vez que aparece en el tribunal estatal desde su lectura de cargos en octubre de 2019.

Crusius se declaró culpable el año pasado de crímenes de odio y cargos de armas federales, y fue sentenciado a 90 penas de cadena perpetua consecutivas. El sistema federal no tiene libertad condicional, por lo que pasaría el resto de su vida en prisión.

Minutos antes del tiroteo, Crusius publicó un manifiesto racista en Internet diciendo que actuaba para “detener la invasión hispana de Texas”.

Los fiscales federales optaron por no buscar la pena de muerte, y Crusius decidió declararse culpable días después. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se ha negado a comentar por qué no buscó la pena de muerte, pero el fiscal adjunto de Estados Unidos, Ian Hanna, dijo en la audiencia de sentencia que a Crusius se le había diagnosticado un trastorno esquizoafectivo.

Acusaciones durante la administración de Yvonne Rosales

Gran parte de la moción de la defensa destaca acusaciones previamente hechas contra Rosales y su equipo. Fue elegida fiscal de Distrito en 2020 para suceder a Esparza, pero renunció en diciembre de 2022 en medio de acusaciones de repetidos fracasos, incluido su manejo del caso del tiroteo.

Los abogados defensores Joe Spencer, Mark Stevens y Félix Valenzuela presentaron la moción del lunes.

La moción dice que Rosales permitió que su asesor legal, Roger Rodríguez, participara en reuniones para discutir el tiroteo de Walmart, a pesar de que no era empleado de la Oficina del Fiscal. Eso incluyó una reunión con las familias de las víctimas el 1 de julio de 2022, después de una audiencia en la que Medrano criticó a Rosales por hacer declaraciones públicas sobre el caso pero hacer poco para preparar el juicio. Medrano emitió una orden de mordaza justo antes de esa audiencia que prohibía a los abogados y testigos potenciales del caso hacer comentarios públicos.

Fue en esa reunión donde Rodríguez conoció a la familia de Alexander Gerhard Hoffmann, un residente de Ciudad Juárez que fue uno de los muertos en Walmart, según la moción. El 4 de agosto de 2022, Rodríguez utilizó a la familia para enviar un correo electrónico a los medios criticando a Medrano y a un ex fiscal del caso, dijo la moción, citando un informe presentado por un abogado designado por Medrano para investigar quién había enviado el correo electrónico y si violaba la orden de mordaza.

La familia de Hoffmann comenzó a sospechar de Rodríguez en las reuniones y comenzó a grabar sus interacciones con él, según el informe del abogado de El Paso, Justin Underwood.

La moción de la defensa presentada el lunes dice que Rosales y su equipo impidieron los esfuerzos de Medrano para conocer los orígenes del correo electrónico al intentar bloquear a la familia de Hoffmann para que no viniera a El Paso para una audiencia.

La viuda de Hoffmann, Rosa María Valdez García, y su hijo, Thomas Hoffmann, finalmente testificaron en una audiencia del 30 de noviembre de 2022 y dijeron que Rodríguez había usado el teléfono de la viuda para enviar el correo electrónico a los medios. También dijeron que Rodríguez los había amenazado cuando creyó que no estaban cooperando.

Los abogados de Crusius intentaron interrogar a Rosales sobre el correo electrónico durante la audiencia del 1 de diciembre de 2022, pero ella invocó su derecho a la Quinta Enmienda contra la autoincriminación y se negó a responder las preguntas.

“La Oficina del Fiscal de Distrito aún no ha producido ninguna documentación o información sobre el contacto de su oficina con la familia Hoffmann o cualquier investigación interna posterior, si se realizó una por esta administración, o el papel desempeñado por Rosales, Cox o cualquier otra persona en la Oficina del Fiscal de Distrito en conducta inapropiada; o participación similar con otros testigos potenciales, incluidas otras familias de víctimas”, dijeron los abogados defensores en su moción del lunes.

Hicks fue nombrado por el gobernador Greg Abbott para reemplazar a Rosales. Ha servido como fiscal principal en el caso del tiroteo en Walmart desde que asumió el cargo en diciembre de 2020.

Acusaciones contra Hicks

La moción de la defensa incluye varias acusaciones de violaciones por parte de la Oficina del Fiscal de Distrito desde el nombramiento de Hicks.

Los abogados dijeron que Hicks ha violado regularmente la orden de mordaza de Medrano al hacer declaraciones a los medios sobre el caso de Walmart.

La moción dice que Hicks tuvo conferencias de prensa sobre el caso en enero y julio de 2023, y realizó una extensa entrevista sobre el caso con KVIA-TV en diciembre de 2023.

Medrano realizó una reunión a puerta cerrada con abogados defensores y fiscales en febrero de 2024 “para abordar las preocupaciones continuas con respecto al cumplimiento de la orden de mordaza”, y los fiscales y abogados defensores reafirmaron su compromiso de cumplir con la orden, dice la moción.

Los abogados defensores dijeron que “el fiscal de Distrito Bill Hicks continuó desafiando la orden de mordaza” después de la reunión de febrero, aunque no citaron ejemplos específicos.

Las declaraciones de Hicks crean un ambiente prejudicial previo al juicio para Crusius, dijeron sus abogados en la moción.

La moción también dice que la Oficina del Fiscal de Distrito violó el derecho de Crusius a la asistencia de un abogado, garantizado por la Sexta Enmienda, al solicitar y recibir registros de visitas a la cárcel que incluían interacciones del acusado con abogados defensores y con expertos psicológicos contratados por la defensa.

El juez federal David Guaderrama emitió una orden en marzo de 2020 que establecía que cualquier registro de las reuniones de Crusius con su equipo de defensa en la cárcel no se compartiera con las fuerzas del orden ni con los fiscales, incluidos los fiscales estatales.

La moción de la defensa incluye una declaración jurada de Kevin Lanahan, un asistente en jefe de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, que indica que la Oficina del Fiscal de Distrito solicitó “todos los registros de visitas” en febrero de 2023, y que la Oficina del Sheriff proporcionó los registros a la oficina de Hicks semanalmente a partir de entonces.

El 1 de mayo de 2023, la Oficina del Fiscal de Distrito emitió una citación para los registros relacionados con las visitas de profesionales psicológicos a Crusius, “incluido el nombre del doctor, notas, hallazgos, diagnóstico, recetas y fechas y horarios de las visitas”. Los registros fueron entregados a la Oficina del Fiscal de Distrito dos días después, dijo la declaración jurada de Lanahan.

Lanahan dijo que se enteró de la entrega de los registros el 4 de mayo de 2023 en un correo electrónico de Spencer. “Inmediatamente ordené que los registros cubiertos por la orden ya no fueran entregados a la Oficina del Fiscal de Distrito”, dijo su declaración jurada.

La declaración jurada dijo que los registros recibidos de la citación fueron colocados en un sobre sellado.

“Se han tomado múltiples medidas para garantizar que no haya más violaciones de la orden”, dijo Lanahan en la declaración jurada, fechada el 8 de mayo de 2023.

Grabación de llamadas entre abogado y cliente

Las primeras supuestas violaciones citadas en la moción de la defensa son de 2020, cuando Esparza era fiscal de Distrito.

Los abogados defensores dijeron que los fiscales grabaron 15 llamadas telefónicas entre Crusius y sus abogados desde el 25 de agosto de 2020 hasta el 14 de enero de 2021 (la moción parece fechar incorrectamente la última llamada en 2020).

“En conjunto, las quince llamadas suman 3 horas, 34 minutos y 52 segundos de comunicaciones entre el Sr. Crusius y la defensa que están protegidas por el privilegio abogado-cliente que el Estado tiene en su poder”, dice la moción de defensa. “La posesión de estas llamadas de la cárcel por parte del Estado, que abarcan un período de casi cinco meses, subraya el hecho de que la posesión de estas llamadas privilegiadas por parte del Estado no fue un incidente aislado ni accidental”.

La moción de la defensa no proporciona ninguna información sobre cómo saben que los fiscales estatales tienen grabaciones de llamadas con su cliente.

Esparza es ahora el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas. No ha respondido a una solicitud de comentarios de El Paso Matters.

James Montoya, el candidato demócrata que enfrentará a Hicks, republicano, en la elección de noviembre para fiscal de Distrito, fue miembro del equipo de enjuiciamiento del caso de Walmart cuando Esparza estaba en el cargo. Rehusó hacer comentarios a El Paso Matters sobre la moción de la defensa.