El controvertido Proyecto de Ley 8 (SB 8) avanza en el Congreso de Texas con el objetivo de otorgar facultades a las oficinas del Sheriff en condados con más de 100,000 habitantes para arrestar a inmigrantes indocumentados, incluso por el simple hecho de ingresar ilegalmente al país.

La medida ha generado preocupación entre diversos grupos comunitarios y autoridades del Condado de El Paso, quienes la califican de irracional.

La iniciativa, impulsada por legisladores republicanos, busca ampliar las competencias de las autoridades locales en materia migratoria, un ámbito que tradicionalmente ha sido responsabilidad del Gobierno federal.

Según la propuesta, los sheriffs en condados con alta densidad poblacional podrían detener a personas bajo sospecha de residencia ilegal, lo que ha suscitado críticas por el posible uso de perfiles raciales y su conflicto con las políticas federales de inmigración.

“No tenemos ningún tipo de entrenamiento en leyes migratorias. Hay más de 100 tipos de visas que permiten que las personas estén aquí legalmente. Necesitamos capacitación, y eso es fundamental”, afirmó Óscar Ugarte, sheriff del Condado de El Paso.

El jefe policiaco aseguró que, por ahora, su equipo seguirá trabajando como de costumbre, priorizando la seguridad comunitaria y enfocándose en los crímenes que afectan a la población.

“El enfoque seguirá siendo el mismo: trabajamos en delitos locales y estatales. Tenemos mucho trabajo en ese ámbito, y nuestra prioridad es la seguridad de la comunidad”, puntualizó.

Por su parte, el juez del Condado, Ricardo Samaniego, advirtió que la ciudad de El Paso ha sido históricamente una de las más seguras de Estados Unidos, y que, de aprobarse el Proyecto 8, los alguaciles se distraerían de sus funciones principales, afectando negativamente a los residentes.

“Funcionarios estatales toman decisiones sin analizar realmente cómo impactarán a las comunidades fronterizas”, señaló Samaniego, quien también advirtió que la falta de conocimiento sobre la ley migratoria podría derivar en demandas contra el Condado.

“Es una propuesta irracional. Va a generar conflictos y distracciones. Además, expone al Condado a litigios, ya que los oficiales no están capacitados en leyes migratorias”, enfatizó.

Explicó que la capacitación en esta área es compleja y podría conllevar consecuencias legales. “Si cometen un error y deportan a alguien erróneamente a México, podrían demandar al Condado”, ejemplificó.

Impacto financiero y sobrecarga del sistema carcelario

Samaniego también expresó su preocupación por el posible hacinamiento en las cárceles locales y los costos adicionales que implicaría la implementación de la ley.

“No es tan simple como delegar la autoridad a los sheriffs o a la Policía para que actúen como agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Parece fácil, pero no lo es”, afirmó.

El proyecto contempla un subsidio de 20 millones de dólares para capacitar a los agentes y carceleros en la identificación y detención de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, Samaniego advirtió que esta cantidad es insuficiente. “Por ejemplo, en el Condado de Harris, Texas, ese presupuesto se agotaría en dos semanas".

Argumentan reforzar seguridad

Los partidarios del Proyecto 8 aseguran que la medida es necesaria para fortalecer la seguridad fronteriza y abordar la “crisis migratoria” que, según ellos, afecta a varias comunidades de Texas.

“Nuestras comunidades necesitan herramientas para proteger a los ciudadanos y hacer cumplir la ley”, declaró un congresista estatal republicano.

El proyecto SB8, presentado por el senador estatal republicano Charles Schwertner, exige que los alguaciles de los condados con más de 100,000 habitantes firmen acuerdos con ICE para aplicar las leyes federales de inmigración.

Sin embargo, organizaciones pro inmigrantes y grupos civiles advierten que la medida fomentará la discriminación y sobrecargará los sistemas carcelarios locales.

“Es una ley peligrosa que promueve la separación familiar y el abuso contra las comunidades migrantes”, señaló un portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de Texas.

Texas y su enfoque agresivo

El SB 8 es parte de un esfuerzo más amplio de Texas por asumir un papel más activo en el control migratorio, siguiendo medidas previas como la Ley SB4 (2017), que prohíbe las “ciudades santuario”, y la operación militarizada Operation Lone Star (Estrella Solitaria).

Expertos advierten que, de ser aprobada, la ley podría enfrentar desafíos legales por invadir competencias federales.

Tras su aprobación inicial en el Senado, con 20 votos a favor y 11 en contra, el Proyecto 8 será sometido a votación en la Cámara de Representantes esta semana. Si es aprobado, sólo faltará la firma del gobernador Greg Abbott para su entrada en vigor, proyectada para septiembre de este año.

De convertirse en ley, la Fiscalía General de Texas podría demandar a cualquier jefe policial que no cumpla con sus términos.