Las Cruces, NM— Un ex juez magistrado de Nuevo México y su esposa, ambos acusados de obstruir una investigación federal sobre un presunto miembro de la peligrosa banda criminal venezolana ‘Tren de Aragua’, fueron puestos en libertad bajo fianza este martes.

La pareja, que enfrenta graves cargos por manipulación de pruebas, ha quedado en el centro de un caso que entrelaza la justicia local, la migración y el crimen organizado internacional.

Joel Cano, quien hasta marzo fungía como juez del Condado de Doña Ana, y su esposa, Nancy Cano, comparecieron esposados y con grilletes ante el juez federal Gregory J. Fouratt en la Corte de Distrito de Estados Unidos en Las Cruces. Cada uno fue liberado tras pagar una fianza de 10,000 dólares, aunque deberán cumplir condiciones estrictas mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades federales alegan que los Cano ayudaron a Cristhian Ortega-López, un inmigrante venezolano que se encontraba ilegalmente en el país y que presuntamente tiene vínculos con ‘Tren de Aragua’.

Ortega-López fue detenido en febrero por posesión ilegal de armas. Durante la investigación, Joel Cano habría admitido a los agentes de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) que destruyó con un martillo un teléfono celular clave en el caso, siguiendo instrucciones del propio Ortega-López.

Nancy Cano enfrenta un cargo de conspiración para manipular pruebas, mientras que su esposo enfrenta un cargo directo de manipulación de evidencia. La pareja habría permitido además que Ortega-López y al menos otros dos hombres vinculados al grupo criminal residieran en un apartamento ubicado detrás de su vivienda, en Las Cruces.

Durante la audiencia, el juez Fouratt impuso restricciones estrictas: la pareja deberá entregar sus pasaportes, no podrá salir del condado sin autorización previa, ni contactar a Ortega-López o a posibles testigos del caso. También deberán proporcionar datos detallados de sus propiedades en renta –nueve en total– y asegurar que no se alquilen a personas sin estatus legal en Estados Unidos.

“Jueces y ex jueces están llamados a defender la ley, no a socavarla”, declaró Ryan Ellison, fiscal federal para el Distrito de Nuevo México. “Es indignante que un ex juez y su esposa presuntamente destruyeran pruebas para proteger a un supuesto miembro de una organización criminal extranjera armada. Vamos a perseguir con firmeza a quienes apoyen a estas redes, sin importar su posición o pasado”.

El Departamento de Justicia dio a conocer los cargos contra los Cano el mismo día que anunció la acusación contra otra jueza, esta vez de Milwaukee, por presuntamente ayudar a un inmigrante mexicano a eludir temporalmente a agentes federales.

El caso de los Cano ha despertado conmoción en Las Cruces, donde el ex juez era conocido por su trayectoria pública.

La Comisión de Normas Judiciales de Nuevo México había solicitado previamente su suspensión, alegando que permitió que presuntos pandilleros residieran armados en su propiedad. Joel Cano renunció a su cargo el 21 de marzo y el 22 de abril la Corte Suprema del estado le prohibió ejercer cualquier función judicial en el futuro.

El presunto pandillero Ortega-López fue arrestado en diciembre en Texas por ingreso ilegal al país, y liberado en abril por sobrepoblación en el centro de detención donde se encontraba. Un informante anónimo alertó a las autoridades sobre su paradero en Las Cruces, lo que llevó al operativo en casa de los Cano.

Hasta ahora, ni Joel ni Nancy Cano han declarado si se declararán culpables o no culpables. Aún no hay fecha establecida para una audiencia de instrucción de cargos.

‘Nunca habría expuesto a mis nietos’

El ex juez Joel Cano, de 67 años, detenido por autoridades migratorias bajo sospecha de haber albergado a presuntos miembros de la pandilla venezolana ‘Tren de Aragua’, aseguró que nunca habría expuesto a sus nietos al peligro si hubiera tenido indicios de que los inmigrantes en su casa representaban una amenaza.

Cano, quien fue juez magistrado del Condado de Doña Ana, y su esposa, Nancy Cano, de 68 años, fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de que una denuncia anónima los señalara por dar refugio a inmigrantes indocumentados presuntamente ligados a la peligrosa banda criminal. Ambos enfrentan cargos por manipulación de evidencia, según los registros carcelarios.

En una carta de renuncia enviada tras el operativo federal realizado en su vivienda en Las Cruces, Cano se defendió enérgicamente:

“La primera vez que escuché que los muchachos podían tener alguna relación con el ‘Tren de Aragua’ fue cuando los agentes me lo dijeron el día del allanamiento”.

El ex juez explicó que todos los inmigrantes tenían papeles que indicaban que no eran sujetos de deportación y que tenían fechas asignadas para audiencias de asilo. Cano también señaló que jamás habría puesto en riesgo a su familia:

“Tengo tres nietos a quienes amo profundamente. Tienen 15, 8 y 6 años. No hay forma en el mundo en que yo hubiera permitido que tuvieran contacto con los muchachos si hubiera percibido algún peligro”.