El Centro de Defensa de los Inmigrantes Las Américas, con sede en El Paso, se ha unido a una demanda federal contra el presidente Donald Trump y su administración por una proclamación que, según los demandantes, busca cerrar por completo el acceso al asilo en la frontera de Estados Unidos.
La demanda fue presentada ayer lunes 3 de febrero en la Corte de Distrito de Columbia en Washington, D.C., con el objetivo de detener cualquier acción presidencial que, según los demandantes, ignora las protecciones establecidas por el Congreso y respaldadas por los tribunales para garantizar que las personas tengan la oportunidad de presentar sus solicitudes de asilo.
“Una vez más, la administración Trump intenta eliminar la posibilidad de que las familias busquen seguridad en nuestro país a través del asilo, un proceso legal”, declaró Jennifer Babaie, directora de defensa y servicios legales de Las Américas.
“Independientemente de las creencias individuales sobre la inmigración, cualquier intento del Gobierno de violar abiertamente nuestras leyes es un problema serio que impacta a todas las comunidades del país”, dijo.
La demanda, interpuesta por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Proyecto de Justicia para Inmigrantes del Centro Nacional de Justicia y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, argumenta que Trump está utilizando falsamente el concepto de “invasión” para justificar la negación de protecciones establecidas por el Congreso para los solicitantes de asilo.
Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, calificó la acción del presidente como “una toma de poder sin precedentes que pondrá en peligro incontables vidas” y afirmó que “ningún presidente tiene la autoridad para anular unilateralmente las protecciones establecidas por el Congreso para quienes huyen del peligro”.
Los demandantes también sostienen que las políticas propuestas por Trump amenazan con eliminar la capacidad de los migrantes para solicitar asilo y las leyes que impiden su deportación si enfrentan riesgos graves en sus países de origen, incluyendo tortura o persecución.
“Este es el intento más flagrante de la rama ejecutiva para terminar con la protección humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México”, dijo Richard Caldarone, abogado del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. “No dejaremos de luchar hasta que todas las personas que requieren protección tengan la oportunidad garantizada por la ley de solicitar asilo en este país”.
La demanda solicita que un juez federal declare la proclamación de Trump como ilegal en su totalidad e impida a su administración implementar cualquier medida derivada de la misma. Entre los acusados en la demanda se encuentran Donald Trump, Kristi Noem (secretaria de Seguridad Nacional), Pete R. Flores (funcionario de la Comisión de Aduanas y Protección Fronteriza), Michael Banks (jefe de la Patrulla Fronteriza), así como los departamentos de Justicia, Estado y Seguridad Nacional de Estados Unidos.
