Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos presuntamente involucrado en el tráfico de migrantes en la frontera de El Paso habría sido miembro de un cártel de drogas mexicano, según declaró un agente federal.

Según los informes, Pérez era miembro del cártel ‘La Línea’, la facción principal del Cártel de Juárez, que surgió con policías y militares corruptos.

Manuel Pérez Jr., de 32 años y originario de California, fue arrestado el pasado 8 de febrero por la Fuerza de Tarea contra la Corrupción Fronteriza del FBI en el Oeste de Texas tras una investigación de múltiples agencias.

En una audiencia celebrada el jueves 13 de febrero en una Corte federal del Centro de El Paso, un juez ordenó que Pérez permaneciera detenido sin derecho a fianza.

Pérez fue despedido de CBP tras su arresto por cargos federales relacionados con el tráfico de personas y drogas. De ser declarado culpable, podría enfrentar una condena de entre 10 años y cadena perpetua.

Pagos por tráfico de migrantes

Durante la audiencia, un agente especial de la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP testificó que varios testigos afirmaron que Pérez pertenecía a ‘La Línea’. Según las declaraciones, Pérez habría recibido pagos de $2,500 dólares por cada persona indocumentada que dejaba pasar a través de su carril de inspección en el puente internacional Paso del Norte.

Aunque no se determinó el número exacto de personas que Pérez permitió cruzar ilegalmente, la Fiscalía estima que pudo haber ganado hasta $400,000 dólares en un esquema de tráfico de migrantes que se remonta a diciembre de 2023.

Interceptaciones telefónicas revelaron conversaciones en las que los traficantes ofrecían cruces “100% garantizados” porque, según ellos, “tenían al oficial en su bolsillo”.

Nexos con el cártel y vida en México

El agente especial testificó que Pérez pasaba más del 80% de su tiempo en México cuando no estaba trabajando en El Paso. Afirmó también que testigos dijeron que Pérez siempre estaba armado en bares y clubes nocturnos de México, e incluso mientras dormía. Supuestamente, contaba con un equipo de seguridad armado que lo protegía en todo momento en ese país.

Las autoridades mexicanas, tras ser notificadas por los agentes estadounidenses, ejecutaron una orden de cateo en la casa de Pérez en Ciudad Juárez, donde encontraron $18,000 dólares en efectivo. Según la Fiscalía, esta cantidad es sólo una fracción de las ganancias no contabilizadas provenientes de sus actividades de contrabando.

Un testigo afirmó que Pérez había dicho que, en caso de ser arrestado, preferiría que fuera en México para continuar con sus actividades delictivas desde la cárcel.

Falsificación de documentos y uso de TECS

La investigación reveló que Pérez utilizaba un sistema informático de CBP, conocido como TECS, para ingresar información de visas de personas legales y sustituirla por datos de migrantes indocumentados. Uno de los casos señalados en la acusación involucra a un migrante que pagó $16,000 dólares para cruzar en un vehículo Nissan Pathfinder, que transportó personas indocumentadas en varias ocasiones.

El vehículo dejaba a los migrantes, incluidos niños, en un punto de encuentro fuera de un restaurante en la cuadra 7400 de Gateway East Boulevard, desde donde eran trasladados a otras ciudades.

Implicaciones en tráfico de drogas

Además de los cargos por tráfico de migrantes, Pérez también enfrenta acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas. Según las autoridades, en octubre de 2023, él y un cómplice habrían transportado ocho kilos de cocaína desde El Paso hasta Louisiana y Carolina del Norte.

Pérez supuestamente admitió haber recibido $20,000 dólares como pago por transportar siete kilos de cocaína, y afirmó que el contrabandista aún tenía una deuda con él por el resto de la mercancía.

Defensa de Pérez y declaración de inocencia

El abogado de Pérez, Rubén Ortiz, argumentó que su cliente no es un peligro para la comunidad y pidió que se le permitiera enfrentar el proceso en libertad bajo arresto domiciliario con un monitor GPS. Ortiz también sugirió que los testigos que lo acusan podrían estar mintiendo para obtener beneficios legales en sus propios casos.

Pérez se declaró no culpable de los cargos durante la audiencia y renunció a su derecho a una lectura formal de los mismos.

Posibles consecuencias

En total, Pérez enfrenta cinco cargos graves relacionados con violaciones a las leyes de inmigración y drogas. De ser hallado culpable, el Gobierno de Estados Unidos también busca confiscar cualquier propiedad o dinero obtenido de sus actividades delictivas.

El portavoz de CBP confirmó que el proceso para finalizar el despido de Pérez de la agencia está en curso. Si es encontrado culpable, Pérez podría enfrentar una condena de entre 10 años y cadena perpetua en prisión federal.

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