La rúbrica estampada en la orden ejecutiva del presidente Trump que elimina la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes sin estatus legal y personas con visas temporales, podría terminar con la tradición de que madres mexicanas—en especial las fronterizas— den a luz en territorio estadounidense.
Pese a que la polémica medida entrará en vigor en 30 días después de su firma, fiscales de 22 estados, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones civiles, iniciaron demandas en contra de la administración de Trump por emitir ese decreto presidencial, por considerarlo inconstitucional.
Y es que la orden ejecutiva firmada por el mandatario minutos después de su toma de posesión, intenta poner fin a la ciudadanía estadounidense por nacimiento para hijos de madres o padres sin estatus legal. La orden ejecutiva también prohíbe la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos de personas con visas temporales de trabajo, estudiantes y turistas.
Para el abogado Carlos Spector, especialista en asuntos de migración, la orden supone un drástico rechazo a uno de los derechos que forman parte de la Constitución desde hace más de un siglo y medio.
“Trump ya tiene una historia de usar las cortes, atacar y hacer cosas ilegales. El punto aquí no es ganar revocando la ciudadanía de gente que vive aquí, el punto es asustar, el punto es gritarle a su base de MAGA (Hacer a [Estados Unidos de] América Grande otra vez) de que cumplió lo que prometió”, dijo el abogado.
Manifestó que desafortunadamente dentro del paquete de órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración hay varias que sí aplican por estar dentro de sus atribuciones, pero hay otras que requieren ser avaladas por el Congreso estadounidense y resueltas por la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece lo siguiente: “Que toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en el que resida”.
Además, puntualiza que esta reforma representa la historia de la nación, fundamentada en los valores de justicia, igualdad y oportunidad, la misma aplica para todas las personas que nazcan en Estados Unidos, o Puerto Rico, independientemente del estatus migratorio de sus progenitores.
Dentro de la instrucción en el documento, Trump ordenó también a las agencias del Gobierno de Estados Unidos que no emitieran documentos que reconozcan la ciudadanía para estos niños. Establece específicamente que la Administración de Seguridad Social y el Departamento de Estado, respectivamente, dejen de emitir números de seguridad social y pasaportes estadounidenses a estos niños.
De acuerdo a los especialistas, si los tribunales no bloquean la orden, entonces los bebés nacidos de mujeres que viven legal, pero temporalmente, en Estados Unidos —como las personas que estudian con un visado de estudiante o las trabajadoras contratadas por empresas de alta tecnología— no serán reconocidos automáticamente por el Gobierno federal como ciudadanos estadounidenses si el padre tampoco es residente permanente.
Para los defensores de la Constitución, la medida es un disparate porque representa un ataque no solo para la comunidad inmigrante, sino para aquellos profesionistas que han respetado las normas y están beneficiando al país con sus conocimientos.
Sin embargo, y tal como ocurrió durante el primer mandato de Trump, los colaboradores presionaron una vez más para asegurarse de que los inmigrantes ya no puedan establecer lo que ellos llaman un “ancla” en Estados Unidos al tener un bebé que se convierte automáticamente en ciudadano estadounidense.
Para Spector, esta postura antiinmigrante, que impacta tanto a extranjeros ilegales como legales, forma parte de una táctica de un plan de crueldad, pero sobre todo infunde el miedo a los que ingresan al país.
“Es parte de un circo muy peligroso, porque a fin de cuentas hay algunas áreas donde se puede ir a la Corte Suprema y decir que es anticonstitucional, pero la política de Trump es primeramente arrestar a todos los inmigrantes con delitos criminales graves”, dijo al expresar que Trump se está colgando créditos de sus predecesores con su peculiar estilo de atacar a todo mundo.
Apuntó que estas acciones hacen que el proceso de migración sea más difícil, al eliminar programas y entradas condicionales que estaban beneficiando a los inmigrantes. Ahora todo será más tardado y burocrático para desesperar a los solicitantes, y que estos desistan de sus trámites.
Insistió en que el proyecto que contempla negar la ciudadanía a hijos de padres inmigrantes y/o con visa de turista tiene como objetivo impulsar la crueldad, crear el caos y deportar a cuanto inmigrante entre y radique en el país. Empero quitar la ciudadanía a los bebés que nacen aquí es inconstitucional.
“¡No, no, no eso, eso es imposible!, esto por el hecho de que la Décima Cuarta Enmienda de la Constitución [fue] aprobada después de la Guerra Civil con el fin de proteger los derechos de las personas anteriormente esclavizadas”, dijo al enfatizar que esta enmienda, ratificada el 9 de julio de 1868, trata varios aspectos de la ciudadanía estadounidense y los derechos de los ciudadanos.
Según el Centro de Investigaciones Pew, en 2016 nacieron en Estados Unidos alrededor de 250 mil bebés de padres inmigrantes no autorizados, lo que supone un descenso del 36% respecto al máximo alcanzado en 2007.
En 2022, el último año del que se dispone de datos, hubo 1.2 millones de ciudadanos estadounidenses nacidos de padres inmigrantes no autorizados, según Pew.
Pero como esos niños también tienen hijos, el efecto acumulativo de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento aumentaría el número de inmigrantes no autorizados en el país a 4.7 millones en 2050, según el Instituto de Política Migratoria.
