En su lucha por alcanzar una educación digna para los niños del barrio y denunciar la discriminación de que son objeto, la organización Familias Unidas del Chamizal, realizó una protesta en el exterior del edificio del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), ubicado en el 1120 Stanton, en la zona Central.
A decir de los manifestantes el rediseño de EPISD no cumple con las escuelas de barrio y no aborda la negligencia histórica ni las prácticas discriminatorias que han afectado a las cientos de familias del barrio durante generaciones.
Con pancartas en mano en las que mostraban leyendas como: “Educación sí, discriminación no”, “Basta con los traumas de la negligencia”, “Queremos una verdadera educación bilingüe”, entre otras exigencias, los asistentes se pronunciaron por ahondar en la investigación académica.
“Queremos que aborden la negligencia y la discriminación históricas”, dijo Brittany Medellín, integrante de Familias Unidas del Chamizal, al cuestionar la auditoría de equidad de MAEC (Mid-Atlantic Equity Consortium) la cual dijo no se elaboró adecuadamente y no existe la intención de corregirla.
Para los activistas, EPISD defiende el legado de negligencia educativa histórica y violaciones de los derechos civiles en las escuelas de barrio por lo que exigieron respuesta a sus demandas.
Recientemente EPISD recibió un informe preliminar sobre su auditoría de equidad durante la reunión de la Junta del Distrito Escolar, en la cual se encontraron discrepancias referentes a cómo se distribuyen los fondos escolares y cómo se disciplina a algunos estudiantes.
Se dijo que la evaluación fue parte de una investigación en curso sobre las posibles barreras que enfrentan los estudiantes después de una demanda por negligencia luego de varios cierres de escuelas dentro del distrito, ubicadas en el Segundo Barrio.
Dentro de las sugerencias están que el Distrito necesita hacer más para abordar y comunicarse con los estudiantes y padres cuyo primer idioma no sea el inglés.
El informe también encontró que los estudiantes hispanos tienen más probabilidades de enfrentar disciplina como la suspensión o ser remitidos al Programa de Educación Alternativa de Justicia Juvenil (JJAEP).
Señala que los fondos federales de impacto de Covid-19 que se distribuyeron en el año escolar 2021-22 y el año escolar 2022-23 se entregaron a las escuelas situadas en el Oeste de El Paso en una proporción mayor que a otras escuelas.
Los manifestantes denunciaron que el rediseño recientemente adoptado del modelo ACE de la Escuela Secundaria Guillén para las escuelas de barrio y las designaciones recientes de las Zonas de Excelencia se han aprobado sin la participación adecuada de los padres para recursos y programas críticos para abordar las desigualdades raciales en nuestras escuelas.
“Las familias del barrio han quedado atrapadas en una zona de racismo con las escuelas más anticuadas y ambientalmente inseguras y un plan de estudios que ofrece la educación más mínima mientras que a otros estudiantes se les ofrecen programas que les permitirían completar títulos de asociado en Ingeniería, Medicina y otros campos del siglo XXI” expresaron los manifestantes.
Explicaron que los proyectos de rediseño dificultarán que los niños del barrio accedan a estos programas críticos, ya que la mayoría de los programas se han colocado estratégicamente en vecindarios adinerados, de modo que esos estudiantes puedan aprovecharlos sin tener que trasladarse fuera de su comunidad, mientras que las escuelas para niños del barrio tienen la educación más básica y anticuada de la historia, tienen que competir y, si son aceptados, encontrar transporte para estas escuelas.“EPISD ha decidido poner la carga sobre las familias del barrio, las poblaciones más vulnerables de la ciudad, en lugar de redistribuir los recursos críticos, que incluyen al personal escolar, y requeriría mover los recursos de las escuelas que tienen menos necesidades, para que las escuelas prioritarias obtengan alivio y que los niños del barrio no sigan siendo perjudicados”, dijo Hilda Villegas, líder de la organización sin fines de lucro.
Expresó que el Distrito Escolar Independiente de El Paso mantiene su legado de negligencia educativa y violaciones de los derechos civiles contra los niños del patrón de alimentación de Bowie.
Durante mucho tiempo, agregó, EPISD ha descuidado las escuelas del barrio para que otros vecindarios que tienen menos necesidades, que son económicamente más estables, no tengan que luchar para acceder a programas especializados.
Los programas críticos como los programas de lenguaje dual y enriquecimiento para ayudar a educar a los estudiantes bilingües emergentes y retener a los jóvenes en riesgo se han convertido en programas de privilegio que sólo la población más elitista del distrito tiene a su disposición.
“Esto ha estado sucediendo durante generaciones y no se debe tolerar”, resaltó al señalar que EPISD es responsable del trauma y el estrés generacional que se ha impuesto a los niños del barrio debido a su falta de fondos y su desconsideración por la vulnerabilidad de los niños del barrio.
Para ellos este trauma y estrés se traducen en daños irreparables, problemas emocionales duraderos y una pérdida masiva de aprendizaje que nunca se recupera.
“Queremos que las autoridades correspondientes realicen una investigación para garantizar que se aborde este trato desigual de nuestros niños y que el Distrito se haga responsable de los muchos años de trato injusto hacia nuestra comunidad”, dijo Villegas al exigir justicia y protección igualitaria bajo la 14ª Enmienda.
La Junta del Distrito Escolar Independiente de El Paso recibió el informe preliminar de la auditoría el pasado 21 de enero, la cual reveló disparidades significativas en fondos y acciones disciplinarias dentro del distrito lo que causó insatisfacción entre la comunidad.
La auditoría, realizada por MAEC comenzó en febrero de 2024 luego de una demanda de 2020 que alega negligencia hacia barrios hispanos pobres.
