La mañana del viernes 24 de enero, un vuelo con 80 ciudadanos guatemaltecos deportados partió desde Biggs Army Airfield, en Fort Bliss, Texas, hacia Guatemala, como parte de la política migratoria de la administración Trump.
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en conjunto con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) coordinó esta operación, que utilizó un avión militar para realizar el traslado, una medida poco común en este tipo de deportaciones.
La deportación fue confirmada por el congresista Tony Gonzales, representante del Distrito 23 de Texas, quien calificó la operación como un ejemplo del compromiso de la administración Trump para abordar la crisis fronteriza.
“En cuatro días, el presidente Trump ha hecho más para proteger nuestro país que Biden en cuatro años,” afirmó Gonzales en su cuenta de X.
El legislador republicano destacó que su distrito ha sido “el epicentro de la crisis fronteriza y ahora lo será de las operaciones de deportación”.
Las imágenes de los deportados abordando el avión militar fueron publicadas por Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, quien señaló en redes sociales: “Los vuelos de deportación han comenzado”.
Según información oficial, los migrantes deportados habían cruzado recientemente la frontera y se encontraban bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.
El gobierno de Trump anunció que ICE realizó 538 arrestos tan sólo el jueves. También envió soldados e infantes de Marina estadounidenses a la frontera con México y suspendió normas de larga data que restringían aplicar las leyes de inmigración cerca de escuelas e iglesias.La decisión de utilizar aviones militares para estas deportaciones generó controversia. La congresista demócrata Verónica Escobar, representante de El Paso, expresó su preocupación en una carta dirigida al Departamento de Defensa, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional.
Escobar cuestionó el uso de recursos militares para vuelos de deportación, señalando posibles violaciones a las limitaciones constitucionales y al Acta de Posse Comitatus, que restringe el uso de las Fuerzas Armadas en actividades civiles.
Desde Guatemala, el Instituto de Migración confirmó la llegada del vuelo temprano por la mañana, informando que 79 guatemaltecos estaban a bordo. Las deportaciones hacia este país son frecuentes: en 2024, se registraron 61 mil 680 guatemaltecos repatriados en 508 vuelos organizados por ICE.
No tan inusualEste primer vuelo bajo la administración Trump es una muestra del endurecimiento de las políticas migratorias y refleja el uso de herramientas militares para reforzar las deportaciones en el contexto de la emergencia declarada en la frontera Sur.
Muchas de las acciones de ICE no fueron inusuales. Hubo vuelos de deportación similares en el gobierno del presidente Joe Biden, aunque no con aviones militares. El ICE promedió 311 arrestos diarios en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre. Biden también envió soldados en activo a la frontera en 2023, y varios gobiernos han mandado efectivos de la Guardia Nacional para que apoyen a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).Sin embargo, rumores de arrestos y reportes de noticias o publicaciones en redes sociales sobre la presencia de agentes desataron temores en comunidades de todo el país. Algunos grupos defensores de los derechos humanos desarrollaron planes para proteger a los inmigrantes en caso de que haya arrestos en escuelas o lugares de trabajo.
Hay un amplio respaldo en Estados Unidos para reforzar la seguridad en la frontera Sur y realizar algunas deportaciones selectivas, particularmente de personas que han cometido delitos violentos, según una encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.
El sondeo también encontró que la mayoría de los estadounidenses piensan que la Policía local debería cooperar con las autoridades de inmigración federales en las deportaciones en al menos algunos casos. Pero el apoyo disminuye considerablemente cuando se trata de deportar a personas que están ilegalmente en el país y no han sido declaradas culpables de cometer un delito.
