Los cárteles mexicanos y grupos insurgentes en Colombia han incorporado drones armados a su arsenal de forma alarmante, pero las autoridades de ambos países no están preparadas para enfrentar esta amenaza tecnológica emergente, advierte un nuevo análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Según Henry Ziemer, investigador asociado del Programa de las Américas del CSIS, las organizaciones criminales transnacionales (OCT) están innovando más rápido que las fuerzas de seguridad de la región, empleando sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS, por sus siglas en inglés) comerciales baratos para vigilancia, transporte de drogas y, cada vez más, como armas letales.
El crecimiento de ataques con drones en México ha sido explosivo. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Seden), hubo apenas 5 ataques con drones en 2020, pero al año siguiente la cifra saltó a 107. En 2022, el número se duplicó a 233, y sólo en la primera mitad de 2023, Sedena reportó 260 ataques con drones.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido un adoptante particularmente prolífico de esta tecnología, usando drones armados contra grupos rivales desde al menos 2020 y presumiendo de una unidad dedicada de “Operadores de Drones” con insignias personalizadas.
Los ataques con drones en México típicamente utilizan cuadricópteros equipados con cargas explosivas que pueden lanzar mientras se ciernen sobre objetivos. Los grupos generalmente prefieren explosivos de grado militar como granadas de mano, pero las incautaciones de las autoridades mexicanas han revelado una variedad de municiones personalizadas para lanzar desde drones, incluyendo cargas químicas especializadas.
En abril de 2025, un video en redes sociales mostró el primer uso confirmado de un dron de vista en primera persona (FPV) por un cártel, nuevamente atribuido al CJNG. A diferencia de las municiones lanzadas desde drones, los drones FPV armados típicamente emplean un explosivo adherido al dron que detona al contacto con el objetivo, permitiendo una precisión aún mayor.
El empleo de drones en las guerras de cárteles en México aparentemente ha llegado al punto en que las OCT han comenzado a invertir en sus propias contramedidas. Un miembro de la facción Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa ha sido fotografiado portando un inhibidor anti-UAS SkyFend, un sistema con un precio minorista de aproximadamente $100,000.
Colombia: el nuevo frente de batalla
Colombia es aún más nueva en el campo de batalla de los UAS que México. El país reportó su primer ataque letal con dron, que mató a un niño de 10 años, en julio de 2024. Según datos del Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), los ataques con drones han sido responsables de al menos 11 muertes en los primeros cinco meses de 2025.
Los principales perpetradores de estos ataques han sido miembros insurgentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que desde principios de 2025 ha lanzado una ofensiva importante en la región de Catatumbo del país.
El 10 de junio, otro grupo rebelde, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo, distribuyó avisos a residentes de Cauca y Valle del Cauca advirtiendo a los civiles que eviten bases militares y estaciones de Policía que serán atacadas con drones explosivos.
Una amenaza que aterroriza a las comunidades
Si bien los grupos rebeldes pueden usar drones como arma de guerra contra las fuerzas policiales y militares colombianas, los efectos de los crecientes ataques con UAS recaen desproporcionadamente sobre los civiles.
El resultado es un clima de miedo y confusión entre las comunidades locales y probablemente ha jugado un papel no insignificante en el desplazamiento de más de 54 mil personas de sus hogares en Catatumbo.
En México, en los estados de Guerrero y Michoacán, el periodista Ioan Grillo señala que “los ataques llegan sin previo aviso, en cualquier momento, y los aldeanos huyen de sus hogares por miedo”. En 2023, unos 600 residentes del pueblo de Nuevo Caracol, Guerrero, fueron reportados como desplazados en medio de ataques constantes con drones.
Gobiernos mal equipados para responder
Los drones proporcionan a los grupos no estatales una gran ventaja asimétrica contra sus adversarios gubernamentales. Mientras las OCT pueden construir bombarderos no tripulados rudimentarios usando drones comerciales y explosivos caseros, los militares latinoamericanos permanecen seriamente mal preparados para lidiar con la amenaza de UAS pequeños.
“Esto sin mencionar las fuerzas policiales de la región, que están muy por detrás en su adopción de contramedidas como defensa aérea o guerra electrónica e inhibidores usados por las Fuerzas Armadas para negar su espacio aéreo a los drones”, advierte Ziemer en su análisis.
Varios países, incluyendo Colombia, Perú y México, han comenzado a adquirir equipo anti-drones para sus militares. Colombia recientemente compró $25 millones en sistemas anti-drones de la compañía estadounidense Dedrone Tactical para proteger sus bases militares.
Sin embargo, adquirir más sistemas no necesariamente significa que éstos serán desplegados donde más se necesitan, ni que los países latinoamericanos puedan esperar lograr cobertura completa de áreas sensibles como bases militares, aeropuertos, centrales eléctricas y estadios.
Una carrera armamentista desigual
El desafío de las operaciones anti-UAS en América Latina también está profundamente entrelazado con problemas más amplios de capacidad estatal en la región. En México, grandes áreas del país están reportadamente bajo control de las OCT, donde el Gobierno tiene capacidad limitada para patrullar y detectar actividad ilícita con drones.
De manera similar, la selva amazónica en América del Sur ha sido durante mucho tiempo un refugio para grupos armados no estatales para evadir la detección y almacenar armas y municiones más allá del alcance del Estado.
“Incluso si los militares de la región pueden fortalecer sus bases e infraestructura crítica contra ataques con drones, esto significa poco para las comunidades que enfrentan bombas lanzadas desde UAS como herramienta de extorsión e intimidación”, señala Ziemer. “Resolver los ataques con drones criminales requerirá, por lo tanto, pasos para abordar el resurgimiento del crimen organizado en la región en su conjunto”. (Staff/El Diario de El Paso)
