El Congreso de Empoderamiento del Condado de Doña Ana, junto con los residentes José Saldaña Jr., de Sunland Park, y Vivian Fuller, de Santa Teresa, presentaron una demanda contra la Junta de Comisionados del Condado de Doña Ana por la aprobación de tres ordenanzas relacionadas con el Proyecto Júpiter, un centro de datos a hiperescala vinculado a la compañía OpenAI y propuesto en Santa Teresa, Nuevo México.
La demanda, interpuesta el 17 de octubre por el Centro de Derecho Ambiental de Nuevo México (NMELC), acusa a la Junta de haber aprobado de manera ilegal los incentivos económicos del proyecto, que incluyen 165 000 millones de dólares en bonos de ingresos industriales (IRB) y fondos del programa estatal de desarrollo económico (LEDA).
De acuerdo con la querella, la Junta basó su decisión en una solicitud incompleta e inadecuada, presentada por los desarrolladores del Proyecto Júpiter, la cual —según se reveló en una audiencia pública el 19 de septiembre— contenía páginas en blanco y carecía de información esencial sobre el impacto ambiental, económico y social de la obra.
Aun con esas deficiencias, los comisionados votaron 4 a 1 para aprobar las ordenanzas, con la comisionada Susana Chaparro como única opositora. Posteriormente, el 14 de octubre, la Junta volvió a aprobar otra ordenanza vinculada al pago de permisos del proyecto con el mismo resultado.
Los demandantes piden al Tribunal de Distrito del Tercer Distrito Judicial que invalide las tres ordenanzas y que suspenda su aplicación mientras el caso se resuelve, argumentando que los comisionados violaron las leyes locales y estatales al comprometer fondos públicos sin contar con información completa.
El proyecto, conocido como Project Jupiter, contempla la construcción de un gigantesco centro de datos con infraestructura asociada, incluyendo una microrred energética, plantas de gas natural, un centro de almacenamiento de baterías y una planta desalinizadora. Los demandantes advierten que este tipo de instalaciones consumen enormes cantidades de agua y electricidad, aumentando los costos para los residentes y afectando la disponibilidad de recursos en comunidades que ya enfrentan escasez de agua potable desde hace décadas.
El documento legal también denuncia que los funcionarios del condado mantuvieron reuniones a puerta cerrada y firmaron acuerdos de confidencialidad con los promotores meses antes de que el público conociera los detalles del proyecto.
“Los comisionados admitieron que se les dio menos de dos semanas para revisar cientos de páginas, muchas incompletas o sin información suficiente”, señaló Daisy Maldonado, directora del Congreso de Empoderamiento del Condado de Doña Ana, al anunciar la demanda. “Aun así, aprobaron las ordenanzas. Esto va en contra de la transparencia y la rendición de cuentas que merecen nuestras comunidades”.
Por su parte, José Saldaña, residente de Sunland Park, advirtió sobre los riesgos ambientales del proyecto: “Presentamos esta demanda porque la salud de la comunidad está en peligro. Estoy protegiendo nuestros derechos sobre el agua. ¿Cómo podemos vivir sin agua? El agua es vida”.
El Centro de Derecho Ambiental de Nuevo México señaló que la Junta del Condado actuó sin los estudios requeridos por ley y que la falta de información técnica constituye una violación al deber de los comisionados de tomar decisiones informadas sobre el uso de recursos públicos.
Los documentos legales, entre ellos la Petición de Auto de Certiorari y la Moción de Suspensión, fueron presentados los días 17 y 21 de octubre respectivamente. Los demandantes buscan que la corte frene el proyecto hasta que se cumpla con todos los requisitos legales y se garantice la participación pública.
