La administración Trump está abandonando sus planes de convertir un complejo de bodegas de casi 1 millón de pies cuadrados (92,900 metros cuadrados) en Socorro en un centro de detención migratoria y de entrenamiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dijo el martes la representante federal Verónica Escobar, demócrata por El Paso. El complejo originalmente estaba concebido como el centro de detención migratoria más grande del país.

Escobar dijo en un comunicado que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) transfirió las bodegas de Socorro a la Administración de Servicios Generales (GSA), la agencia encargada de las propiedades federales.

"Esto significa que las bodegas se pondrán a la venta y ya no serán utilizadas por el gobierno federal con fines de detención", dijo Escobar.

El DHS ha indicado en semanas recientes que se estaba alejando de un plan iniciado a principios de este año por la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, para comprar y convertir 11 complejos de bodegas en todo el país, con el fin de usarlos como instalaciones de detención en apoyo a las políticas de deportación masiva de la administración Trump.

"El DHS está actuando con rapidez para utilizar el espacio de detención YA EXISTENTE junto con nuestros socios estatales y del condado", dijo un vocero del Departamento de Seguridad Nacional en una respuesta escrita a El Paso Matters el 28 de julio.

El comunicado de la agencia es idéntico al que ha dado a otros medios de comunicación cuando se le pregunta sobre el estatus de sus planes, anunciados a principios de este año.

Durante una conferencia de prensa el martes, Escobar dijo que el cambio de rumbo debe celebrarse, pero no descartó una expansión de la detención migratoria en otro lugar, incluido dentro de su distrito congresional, que abarca la mayor parte del condado de El Paso. Dijo que no tenía conocimiento de ningún plan, pero que no le sorprendería que el gobierno federal anunciara algo más adelante.

El giro respecto a las instalaciones de detención planeadas en Socorro se dio después de meses de escrutinio sobre los costos y de una intensa oposición local por el impacto en el suministro de agua local y en los servicios de emergencia. De los 11 complejos de bodegas —adquiridos por el gobierno federal por $1,000 millones de dólares—, este marca al menos el noveno que ahora ha sido cancelado.

Al preguntársele por qué creía que el DHS había dado marcha atrás en sus planes para Socorro, Escobar les dijo a los medios que "le preguntaran a ellos".

Pero dijo que no cree que las preocupaciones sobre el agua y las aguas residuales, por sí solas, fueran la "bala de plata" que influyó en que la agencia cambiara sus planes.

"Eso no es un problema para el DHS", dijo Escobar durante la conferencia de prensa, y agregó que el gobierno federal cuenta con suficiente dinero de la "One Big Beautiful Bill" para atender con facilidad ese tipo de retos. "A Camp East Montana le están llevando agua en pipas y sacando las aguas residuales también en pipas".

Funcionarios del DHS no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de El Paso Matters el martes.

Numerosos grupos políticos y de defensa en El Paso se opusieron al plan del centro de detención en Socorro. En Socorro, una comunidad de unas 30,000 personas al sureste de El Paso, gran parte de la oposición provino de feligreses de las tres parroquias católicas de la comunidad, quienes tenían objeciones morales a la detención masiva, así como preocupaciones prácticas sobre el impacto en su sistema de agua, relativamente pequeño.

"Personas humanas no deben ser tratados como sardinas. No somos [sardinas]", dijo el obispo de El Paso, Mark Seitz, el 29 de julio, ante 50 personas reunidas en la parroquia San Felipe de Jesús, en Socorro, para escuchar una presentación sobre el propuesto centro de detención del ICE y otros temas, a cargo del Distrito de Agua del Valle Bajo.

Escobar dijo que el plan de bodegas del ICE habría generado numerosos problemas en Socorro.

"La comunidad de Socorro ha estado trabajando en una visión y un plan de desarrollo económico para hacer crecer su economía mientras preserva su rica historia", dijo en su comunicado del martes. "La comunidad también ha enfrentado retos con el agua, las aguas residuales y la infraestructura en general, lo que hacía que la compra de estas instalaciones para fines de detención fuera una pésima idea desde un inicio, amenazando su capacidad de llevar a cabo sus planes futuros y su crecimiento".

El Departamento de Seguridad Nacional compró en febrero un parque industrial de tres bodegas y algunos terrenos adyacentes en la ciudad de Socorro, cerca de Clint, por $123 millones de dólares. Las instalaciones planeadas en Socorro, vendidas al DHS por un desarrollador del área de Kansas City, albergarían hasta 8,500 personas, y habrían sido el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas más grande del país.

Sin embargo, en junio, la administración redujo el proyecto a un centro de detención más pequeño, junto con instalaciones de entrenamiento, oficinas y salas de conferencias del ICE, dijo Escobar después de una reunión con el entonces director interino del ICE, David Venturella, en El Paso.

En la reunión del 30 de julio en San Felipe de Jesús, funcionarios del distrito de agua dijeron que no habían recibido ninguna información del gobierno federal sobre las necesidades de agua para las instalaciones, y le dijeron a los asistentes que tomaría años construir la infraestructura de agua necesaria para convertir edificios diseñados para almacenar nueces pecaneras en instalaciones que albergaran a un gran número de personas.

Después de la reunión en la iglesia, funcionarios del Distrito de Agua del Valle Bajo dijeron a El Paso Matters que habían informado al DHS que tomaría un año desarrollar los modelos para evaluar las necesidades de agua y aguas residuales, y después varios años más para planear y construir, todo a expensas del gobierno federal.

"Tomaría de tres a cinco años", dijo el gerente general del distrito, Gerald Grijalva.

Bajo ese escenario, el DHS no podría ocupar las instalaciones sino hasta mediados de 2029, como fecha más temprana, meses después de que el presidente Donald Trump habría dejado la Casa Blanca.

Medios de comunicación comenzaron a reportar en junio que la administración planeaba vender o transferir siete de las instalaciones de bodegas que había comprado, por un total combinado de $1,000 millones de dólares. En julio, funcionarios de Pensilvania dijeron que el ICE había abandonado otros dos proyectos de bodegas en ese estado. El DHS no ha confirmado los reportes, pero le dijo a varios medios de comunicación que estaba avanzando hacia el uso de espacio de detención ya existente.

Las instalaciones planeadas en Socorro habían generado serias preocupaciones entre líderes comunitarios y residentes, por la infraestructura limitada de agua y aguas residuales de la zona, incluida la duda de si las instalaciones ejercerían presión sobre los recursos hídricos, afectarían la presión del agua o elevarían los recibos de agua en la comunidad.

Funcionarios del Distrito de Servicios de Emergencia 2 del condado de El Paso, que respondería a emergencias en las instalaciones de bodegas, dijeron que estas fueron aprobadas para almacenar pistaches, no personas. Colocar ahí a un gran número de personas —ya fuera en centros de detención u oficinas— requeriría que el distrito comprara un nuevo camión bombero, con un costo de millones de dólares y un tiempo de espera actual de entrega de tres años, dijeron los funcionarios.

Los planes también generaron preocupaciones sobre si las instalaciones contarían con suficiente agua potable para los detenidos, si la infraestructura de drenaje podría soportar a decenas de miles de personas adicionales, y si los servicios de emergencia podrían absorber el aumento de llamadas que se anticiparía con este tipo de instalaciones.

Un grupo de iglesias católicas en Socorro comenzó a organizarse en oposición al centro de detención en abril, con la ayuda de la Organización Interreligiosa Patrocinadora de El Paso (EPISO), y unas 40 personas expresaron sus preocupaciones ante la mesa directiva del Distrito de Agua del Valle Bajo en mayo.

Más allá de las preguntas sobre infraestructura, la propuesta generó preocupaciones sobre la detención masiva de inmigrantes, con grupos defensores de los derechos humanos citando las condiciones cuestionables en otras instalaciones de detención del ICE en todo el país, especialmente en Camp East Montana.

El ICE planea mantener abiertas al menos un año más las polémicas instalaciones de detención en terrenos de Fort Bliss, rechazando los llamados a cerrarlas por reportados abusos a los derechos humanos.

Camp East Montana, ahora las instalaciones de detención del ICE más grandes del país, con capacidad para hasta 5,000 detenidos, abrió en terrenos de Fort Bliss, en el este de El Paso, en agosto de 2025. Desde entonces, las instalaciones, con un costo de $1,200 millones de dólares, han estado plagadas de acusaciones de condiciones inhumanas, que van desde abuso sexual y golpizas hasta comida y atención médica inadecuadas, y celdas insalubres. Tres detenidos han muerto en Camp East Montana.

Pese a los llamados a cerrar las instalaciones, el ICE planea extender su contrato con Amentum Services Inc. para continuar operando Camp East Montana hasta septiembre de 2027, a un costo de hasta $776 millones de dólares provenientes de la "Big Beautiful Bill", de acuerdo con registros en el sitio web de gestión de contratos del gobierno federal.

El acuerdo actual con Amentum, que asumió el control en marzo tras el anterior operador, envuelto en polémica, fue otorgado como un contrato de emergencia de fuente única, y estaba programado para expirar el 21 de agosto.

El operador original, Acquisition Logistics, fue reemplazado después de que revisiones internas de la Oficina de Vigilancia de Detención del ICE mostraran casi 50 deficiencias relacionadas con el uso de la fuerza, atención médica inadecuada y vacíos de seguridad. Loyal Source Government Services, el problemático subcontratista médico, permanece en las instalaciones.

En promedio, 2,026 personas están detenidas diariamente en Camp East Montana, de acuerdo con datos del 9 de julio del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), una organización no partidista que da seguimiento a las tendencias de la detención migratoria.

El Centro de Procesamiento de Servicios de El Paso, sobre la avenida Montana, cerca del aeropuerto, ha enfrentado acusaciones similares de abusos a los derechos civiles. Esas instalaciones albergaban en promedio a 750 detenidos diariamente, muestran las cifras de TRAC al 9 de julio.

En una entrevista con El Paso Matters el 30 de julio, antes de que el DHS anunciara sus planes de abandonar el proyecto de bodegas, Seitz, el obispo de El Paso, habló sobre el poder del activismo local.

"Sería alentador, si este programa no avanza aquí en Socorro, pensar que cuando una comunidad se une y alza la voz, puede ser parte de lo que impulsa que se reconsideren los planes que se están trazando para convertir una bodega en un lugar donde se almacena a personas", dijo.