Los agentes federales de inmigración están utilizando nuevas tácticas –desde arrestar a académicos en aeropuertos hasta instalar un retén en un popular arroyo dentro de un Bosque Nacional– para aumentar sus cifras de arrestos, lo que llevó a más detenciones en julio que en cualquier mes anterior de la Administración Trump.

Aunque se esfuerza por cumplir con la exigencia de la Casa Blanca de más arrestos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos todavía no alcanza la meta anunciada por la Administración Trump de 2,000 arrestos diarios.

Y más arrestos no necesariamente se traducen en más deportaciones, dijo Colleen Putzel-Kavanaugh, analista asociada de políticas en el Migration Policy Institute, un centro de estudios no partidista.

“El enfoque está tan puesto en las cifras de arrestos que la misión le parece un poco confusa al público en general”, dijo Putzel-Kavanaugh.

Señaló que muchos de los nuevos arrestos atrapan a personas sin antecedentes penales que se encuentran en una “zona gris” legal, como tener una visa vencida mientras se solicita otro estatus legal. Este tipo de personas difícilmente son “lo peor de lo peor”, que la Administración Trump ha identificado como su principal objetivo, dijo.

“Cumplir con alguna cuota de arrestos arbitraria no necesariamente sirve a este propósito más amplio de deportar a un mayor número de personas, así que hay una desconexión sobre cuál es realmente la misión”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa al ICE, dijo a Stateline que arrestó a alrededor de 51,000 inmigrantes en julio, un aumento respecto a los 43,000 de junio, y la cifra más alta registrada por la Administración Trump. La administración no divulgó cifras específicas por estado.

El departamento dijo que, el mes pasado, arrestó en promedio de 20 a 40 personas al día en aeropuertos, mientras agentes federales tenían como objetivo a pasajeros con visas vencidas.

De acuerdo con reportes de medios, entre los arrestados el mes pasado se encontraban una investigadora camerunesa de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore –becaria Fulbright– y un instructor etíope de la Universidad de Maryland, quien fue detenido al regresar de una conferencia donde había recibido un premio de Maestro del Año.

Defensores de inmigrantes sugirieron que las personas con visas vencidas no deberían viajar sin antes consultar a un abogado.

Es probable que los arrestos por visas vencidas continúen, y se acelerarán en septiembre, cuando entre en vigor una nueva regla que establece límites de tiempo más estrictos para las visas de estudiantes, visitantes de intercambio y medios de comunicación extranjeros.

Michael Clemens, profesor de Economía en Johns Hopkins, ha estimado que, al limitar el número de estudiantes, instructores e investigadores internacionales en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) en Estados Unidos, la nueva regla podría costarle a la economía del país hasta 145,000 millones de dólares al año para 2035.

“La implementación de la regla hará que un gran número de estudiantes y académicos altamente calificados pierdan su estatus. Sin duda vamos a ver muchos más casos como la detención de Fátima Ameaka”, dijo Clemens, en referencia a la investigadora de Johns Hopkins originaria de Camerún, experta en brotes de enfermedades.

En una entrevista, Clemens dijo que las autoridades federales de inmigración “ven a los aeropuertos como un cuello de botella fácil, porque todos ahí tienen que identificarse, así que es menos costoso detener a la gente ahí que en cualquier otro lugar, excepto una prisión”.

Kate Angustia, abogada supervisora de políticas y prácticas en la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, un gremio profesional, dijo que es un “concepto erróneo” que las personas arrestadas en los aeropuertos hayan dejado vencer sus visas y, por lo tanto, hayan perdido su estatus legal.

“Muchas de estas personas se encuentran dentro de un período legal de estancia autorizada”, dijo Augusta. “Esto significa que, durante décadas, la política y práctica de larga data ha sido permitir que estas personas permanezcan aquí mientras el Gobierno continúa procesando sus trámites legales”.

El DHS dijo en un comunicado a Stateline que “esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros que se encuentran de manera ilegal en nuestro país ya no puedan volar, a menos que sea para salir de nuestro país y autodeportarse”.

Una solicitante de asilo de Zambia, que trabajaba como enfermera registrada en un hospital de Portland, Maine, fue liberada el jueves después de que su arresto en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston desatara protestas.

“Las enfermeras de Maine se enteraron de que una de las suyas estaba detenida y se movilizaron de inmediato para lograr que la liberaran”, dijo Puneet Maharaj, representante de un sindicato local de enfermeras, en un comunicado.

El 26 de julio, agentes de inmigración instalaron un retén cerca de Wilson Creek, en Carolina del Norte, un sitio popular entre los residentes hispanos y administrado por el Servicio Forestal de Estados Unidos. Agentes federales arrestaron a 13 personas, de acuerdo con la Oficina del Sheriff local.

Hubo protestas locales por parte de clérigos metodistas y familiares, quienes dijeron que al menos algunos de los arrestados no tenían antecedentes penales y habían entrado al país de manera legal, lo que contradice una publicación en redes sociales del presidente de la Asamblea de Carolina del Norte, el republicano Destin Hall, quien calificó a los arrestados como “una pandilla de extranjeros ilegales previamente arrestados”.

El Sierra Club también protestó por los arrestos.

“Llevar la aplicación de la ley migratoria a espacios públicos de recreación socava la sensación de seguridad y pertenencia que ofrecen estos lugares, y podría desalentar por completo a la gente de visitar los bosques nacionales y otros espacios al aire libre”, escribió la organización en un comunicado.

A finales de julio, agentes federales y oficiales de la Patrulla de Caminos estatal realizaron revisiones de camiones en las carreteras de Illinois, Indiana, Iowa y Ohio, “para combatir a conductores ilegales, no verificados, y vehículos inseguros”. El DHS dijo que detuvo a 51 conductores que se encontraban de manera ilegal en el país.

La agencia ha dicho que está “cumpliendo la promesa del presidente Trump al pueblo estadounidense de arrestar y deportar a pedófilos, asesinos, violadores y otros delincuentes”. Pero menos de una tercera parte de los detenidos actuales cuenta con una condena penal, y el 40% nunca ha sido acusado de nada más que infracciones migratorias no penales, de acuerdo con estadísticas revisadas por Stateline hasta principios de julio.

Las estadísticas también muestran que alrededor de 2,000 detenidos al mes han sido liberados después de audiencias de fianza ordenadas por un tribunal, ya que muchos jueces federales, algunos de ellos designados por Trump, han fallado en contra de la política de la Administración Trump de detención obligatoria para muchos inmigrantes. Es probable que la Corte Suprema de Estados Unidos falle sobre la legalidad de esta política en su período de sesiones de octubre.

Julio también registró la muerte a tiros de dos inmigrantes durante retenes de tránsito en Texas y Maine. Después de una breve pausa, el presidente Donald Trump ordenó que ese tipo de retenes de tránsito continuaran, aunque los oficiales del ICE ahora portarán cámaras corporales al detener a los conductores, de acuerdo con el zar fronterizo, Tom Homan.

También en julio, un hombre mexicano que tenía una visa de turista vigente fue atropellado y muerto por un camión, después de huir de oficiales del ICE que lo habían detenido en San Agustín, Florida.