Un juez federal en New Hampshire tiene en sus manos la decisión que podría frenar –o confirmar– la cancelación masiva de visas a padres extranjeros de ciudadanos estadounidenses nacidos en la frontera, luego de que la ACLU y otras organizaciones acudieran el 11 de agosto ante ese tribunal para impedir la aplicación de las nuevas disposiciones migratorias del gobierno de Donald Trump.
El caso recayó en el juez Joseph N. Laplante, quien ya había intervenido antes en el litigio sobre ciudadanía por nacimiento y a quien el Primer Circuito ordenó, el 17 de agosto, regresar el expediente al tribunal de Distrito para continuar el proceso. La expectativa ahora es que convoque a una audiencia de emergencia durante septiembre.
“Me encantaría que la orden también ordenara al Departamento de Estado que otorgara visas a aquellas personas que se las cancelaron por tener hijos en Estados Unidos, sin tener que aplicar y sin tener que pagar por ellas”, dijo el abogado de inmigración Arturo Vázquez.
Vázquez espera que en esa audiencia el juez emita una medida cautelar temporal que impida seguir cancelando visas únicamente porque una persona tuvo un hijo en Estados Unidos, y que una eventual resolución obligue a restituir las visas ya canceladas sin que los afectados deban tramitarlas de nuevo ni pagar tarifas adicionales.
El origen: una orden ejecutiva de agosto
La controversia se disparó después de que Trump firmara, el 6 de agosto, la Orden Ejecutiva 14419, “Ending Birth Tourism”, con la que instruyó al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional a impedir la expedición de visas y la entrada a Estados Unidos de personas que, a juicio de las autoridades, viajen principalmente para dar a luz en territorio estadounidense.
La Casa Blanca sostiene que el llamado ‘turismo de nacimiento’ representa un uso indebido de las visas de visitante y que existen redes que facilitan estos viajes. El Departamento de Estado confirmó que casi 900 visas han sido revocadas desde la creación, el 12 de agosto, de la Fuerza de Tarea para la Prevención del ‘Turismo de Nacimiento’.
El Gobierno federal insiste en una distinción: no se castiga a una persona por el simple hecho de haber tenido un hijo en Estados Unidos, sino a quienes –dice– usaron una visa de visitante con el propósito principal de dar a luz, particularmente cuando hubo fraude o engaño en el trámite migratorio. Desde 2020 ya existían reglas para negar visas B-1/B-2 bajo ese criterio.
Un litigio tras fallo de la Suprema Corte
El expediente de New Hampshire se mueve en un momento especialmente sensible: el 30 de junio, la Corte Suprema resolvió el caso Trump v. Barbara y sostuvo la protección constitucional de la ciudadanía por nacimiento para hijos de padres que se encuentran ilegal o temporalmente en el país. Poco después, el 6 de agosto, la Casa Blanca emitió las nuevas órdenes ejecutivas sobre ciudadanía por nacimiento y ‘turismo de nacimiento’, lo que llevó a la ACLU a volver a los tribunales.
Vázquez dijo que el problema sigue creciendo: tan solo en un día recibió cerca de 90 mensajes por Messenger de personas que aseguraban haber perdido su visa. Por ahora, su recomendación para quienes tuvieron hijos en Estados Unidos con visa de turista es evitar cruzar hacia territorio estadounidense mientras los tribunales definen el alcance de las nuevas reglas.
Incertidumbre en la frontera
En Ciudad Juárez, personas entrevistadas cuestionaron que una disposición firmada en agosto se aplique a conductas ocurridas años atrás, cuando sus visas se obtuvieron y usaron bajo las reglas entonces vigentes. Algunas consideran que la medida alimenta el rechazo hacia las familias mexicanas de la frontera; otras señalan que el discurso desde Washington profundiza el racismo y la confrontación contra las comunidades mexicanas.
Pese al temor, cientos de juarenses siguen cruzando a diario hacia El Paso para trabajar, comprar o realizar actividades familiares, aunque con la posibilidad latente de que una revisión migratoria termine en la cancelación de su visa. Abogados que siguen estos casos recomiendan actuar con extrema cautela y no asumir que una visa ya otorgada garantiza el ingreso, pues la decisión final corresponde a las autoridades en el puerto de entrada.
En la región Paso del Norte, donde la movilidad entre Ciudad Juárez y El Paso es parte de la vida cotidiana, residentes y abogados estiman –sin que exista una cifra oficial nacional– que alrededor de 10 por ciento de los nacimientos en algunas zonas fronterizas del lado estadounidense corresponden a madres mexicanas. Para esas familias está en juego la posibilidad de seguir cruzando para ver a sus hijos, atender citas médicas o mantener la vida binacional que ha caracterizado a la región durante décadas.
Vázquez, quien recientemente cumplió 31 años de ejercicio profesional, dijo confiar en que los tribunales revisen a fondo la medida y, eventualmente, dejen sin efecto las disposiciones que consideren contrarias a la Constitución o a las leyes migratorias. Mientras eso ocurre, será el juez Laplante quien tenga la primera palabra sobre hasta dónde puede llegar la autoridad ejecutiva en este caso.