La familia de Xavier Hernández, el hombre de 30 años que murió por asfixia durante un incidente en julio de 2025 en la Interestatal 10, está presentando una demanda federal de derechos civiles contra el Departamento de Policía de El Paso (EPPD) y varios oficiales, alegando que usaron fuerza excesiva contra un hombre desarmado que experimentaba una crisis de salud mental.

Los abogados Robert Meléndez y Jeff Edwards, junto con la familia de Xavier, realizaron una conferencia de prensa el lunes 26 de enero para anunciar y abordar los detalles de la demanda, que plantea preguntas sobre el entrenamiento y los protocolos del departamento para responder a llamadas de salud mental. La demanda surge de un incidente que ocurrió el 13 de julio de 2025.

Xavier Hernández presuntamente estaba experimentando una crisis de salud mental cerca de la I-10 y Yarbrough Drive, en el Este de El Paso.

Desarmado y de rodillas

Según la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), Hernández estaba desarmado y de rodillas cuando llegaron los oficiales, una postura que típicamente indica sumisión y no representa una amenaza inmediata.

La demanda alega que los oficiales entonces lo electrocutaron múltiples veces con pistola eléctrica (Taser), lo ahorcaron, lo golpearon con puños, aplicaron presión en puntos de su cuello y lo esposaron.

Presión sostenida casi 10 minutos

La organización además afirma que mientras Hernández estaba en el suelo esposado y sin resistirse, varios oficiales se arrodillaron sobre su espalda y usaron sus manos y brazos para aplastarlo contra el suelo por casi diez minutos, hasta que dejó de respirar y murió.

El patrón de restricción descrito en la demanda –presión sostenida sobre la espalda de una persona esposada– ha sido identificado por expertos en uso de fuerza como particularmente peligroso, ya que puede impedir la capacidad de una persona para respirar, especialmente cuando se combina con otros factores de estrés físico.

‘Lesiones y muertes prevenibles’

“Estas lesiones y muertes prevenibles son el resultado predecible de la negativa de EPPD a entrenar y dotar de recursos a los oficiales para responder efectivamente a estas llamadas y su negativa a investigar significativamente y disciplinar a oficiales que abusan, lesionan y matan a paseños vulnerables”, declaró la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en un comunicado.

La declaración de la organización sugiere un patrón más amplio de preocupaciones sobre cómo el departamento maneja encuentros con personas que experimentan crisis de salud mental, una población particularmente vulnerable que frecuentemente requiere intervención de salud mental en lugar de tácticas de aplicación de la ley tradicionales.

Demanda federal de derechos civiles

La demanda federal de derechos civiles nombraba al Departamento de Policía de El Paso como demandado, junto con varios oficiales individuales cuyas identidades se espera sean reveladas a medida que el caso progrese.

Las demandas de derechos civiles bajo las leyes federales típicamente alegan violaciones de derechos constitucionales, como el derecho a estar libre de uso excesivo de fuerza bajo la Cuarta Enmienda. Tales casos pueden resultar en daños compensatorios y punitivos, así como reformas de políticas departamentales.

Contexto nacional: Crisis de salud mental y Policía

El caso de Hernández ocurre en un contexto nacional de creciente escrutinio sobre cómo los Departamentos de Policía responden a llamadas de crisis de salud mental. Estudios han mostrado que personas con enfermedades mentales tienen 16 veces más probabilidades de ser asesinadas por la Policía que otros civiles contactados por oficiales.

En años recientes, varias ciudades importantes han implementado o están considerando modelos alternativos de respuesta a crisis que envían profesionales de salud mental en lugar de, o junto con, oficiales de Policía a llamadas que involucran crisis mentales.

Ecos del caso George Floyd

El método de restricción descrito en la demanda –oficiales arrodillándose sobre la espalda de una persona esposada– inevitablemente evoca paralelos con el asesinato de George Floyd en Minneapolis en mayo de 2020, donde el oficial Derek Chauvin puso su rodilla sobre el cuello de Floyd por más de nueve minutos, resultando en su muerte por asfixia.

Ese caso desencadenó protestas masivas a nivel nacional y renovó el llamado a reformar las prácticas policiales, particularmente en relación con el uso de técnicas de restricción que pueden causar asfixia posicional.

Al momento de la publicación, el Departamento de Policía de El Paso no había emitido una declaración pública en respuesta a la demanda. Es práctica estándar para Departamentos de Policía abstenerse de comentar sobre litigios pendientes.

Familia busca justicia y cambio

Para la familia de Xavier Hernández, la demanda representa tanto una búsqueda de justicia por la muerte de su ser querido como un esfuerzo por prevenir tragedias similares en el futuro.

Los abogados Meléndez y Edwards, ambos con experiencia en casos de derechos civiles y mala conducta policial, probablemente buscarán no sólo compensación monetaria sino también reformas de políticas que cambien cómo el EPPD responde a llamadas de salud mental.

Dependiendo de su resultado, el caso de Xavier Hernández podría tener implicaciones significativas no sólo para EPPD sino para Departamentos de Policía en todo Texas y la nación sobre cómo responden a llamadas de crisis de salud mental y qué técnicas de restricción son permisibles.

Para la familia de Hernández, sin embargo, ningún resultado legal puede reemplazar la pérdida de un ser querido cuya vida, argumentan, podría y debería haber sido salvada.

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