Una mañana de principios de abril, dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se acercaron a Y.R. en el estacionamiento de su departamento, en el área de Dallas-Fort Worth, cuando estaba a punto de dirigirse a su trabajo de construcción.

Y.R., una inmigrante hondureña indocumentada de 37 años que llegó a Estados Unidos a principios de 2022, había pasado casi un año llenando formularios gubernamentales y sometiéndose a una revisión de antecedentes y a una prueba de ADN para obtener la custodia de su sobrina y sobrino, quienes habían quedado varados en un albergue federal después de cruzar la frontera entre Texas y México en la primavera de 2025.

Después de dos semanas en un centro de detención en el norte de Texas, Y.R. fue liberada bajo fianza por un juez de inmigración y se reunió con su sobrina, ahora de 11 años, y su sobrino, de 14, en mayo, más de un año después de que ellos ingresaran al albergue. Aunque ya se han reunido, Y.R. está en proceso de deportación.

(TAKI)

"Nunca pensé en darme por vencida en el intento de conseguirlos. Incluso cuando me arrestaron, de inmediato pensé en mi sobrina y en mi sobrino", dijo Y.R., quien pidió ser identificada solo por sus iniciales por temor a represalias por parte de la administración Trump. "Le dije a mi abogada: 'No me voy de Estados Unidos sin los niños'".

Desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo, su administración ha implementado una serie de cambios en el proceso de revisión para familiares cercanos y otros tutores que se ofrecen a recibir a menores indocumentados, desde reducir la lista de documentos de identidad aceptados hasta exigir pruebas de ADN. De manera crucial, también eliminó una regla que prohibía a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), encargada de atender a los menores migrantes no acompañados, compartir información sobre posibles patrocinadores con el ICE.

De acuerdo con documentos del ICE, agentes dijeron que localizaron y arrestaron a Y.R. con la ayuda de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

Esos cambios han provocado estancias prolongadas en los albergues para los menores no acompañados. Algunos defensores dicen que los cambios le permiten al ICE usar a los niños como "carnada" para arrestar a sus posibles cuidadores.

Bajo la primera administración Trump, funcionarios de inmigración generaron una tormenta pública al separar a los niños de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México: los padres iban a centros de detención, mientras los niños iban a albergues. En algunos casos, los padres fueron deportados mientras sus hijos permanecían en los albergues durante meses.

Más de 4,600 niños fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, bajo lo que la administración Trump llamó una política de tolerancia cero. Más de la mitad eran niños menores de 10 años. La administración Biden reunió a casi el 70% de los menores con sus padres, según datos de abril de 2024, el último reporte que un grupo de trabajo de reunificación familiar publicó antes de que la administración Trump regresara al cargo.

La nueva práctica de intercambio de información y los arrestos de posibles patrocinadores tendrán un efecto disuasivo entre las familias que podrían no presentarse a recibir a los menores por temor a ser detenidas, dijo Bob Carey, exdirector de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados durante la administración Obama.

La administración Trump no ha dicho cuántos patrocinadores han sido detenidos como parte de estos esfuerzos, pero una filial de radio de NPR en California citó al menos 100 casos de este tipo en todo el país hasta marzo. En comparación, al menos 170 patrocinadores fueron arrestados durante la primera administración Trump hasta finales de 2018.

Alexa Sendukas, abogada gerente del Galveston-Houston Immigrant Representation Project, dijo que esta política está separando a familias migrantes sin generar la atención que sí acompañó a las separaciones fronterizas durante el primer periodo de Trump, porque arrestar a posibles patrocinadores resulta "mucho menos evidente para el público en general, y es mucho menos probable que genere indignación, porque está ocurriendo en secreto".

Los defensores dicen que las nuevas políticas también dañan la salud mental de los menores, al mantenerlos en los albergues durante meses.

Hasta junio, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados tenía en promedio un poco menos de 1,800 menores bajo su custodia en todo el país, una caída respecto al promedio de más de 5,000 niños en enero de 2025, cuando Trump regresó a la Casa Blanca. Pero pasaron en promedio 117 días en los albergues durante el año fiscal 2025, el doble del promedio durante la primera administración Trump y tres veces más que hace una década.

No existe una ley específica que determine cuánto tiempo pueden mantener las autoridades de inmigración a un menor en un albergue. Pero abogados de inmigración que representan a menores bajo custodia dicen que las estancias prolongadas en los albergues violan una ley federal que exige que cada menor sea "colocado con prontitud en el entorno menos restrictivo" que mejor le convenga.

Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que supervisa al ICE, defendió las prácticas de la administración Trump de arrestar a algunos patrocinadores que son indocumentados y tienen antecedentes penales.

En el comunicado, el vocero culpó a la administración Biden de haber permitido que miles de menores no acompañados cruzaran la frontera entre Estados Unidos y México, y ofreció más de una docena de ejemplos del ICE deteniendo a patrocinadores con antecedentes penales que incluían posesión de pornografía infantil, robo, fraude y homicidio.

El ICE está comprometido "a proteger a los menores vulnerables del abuso sexual y la explotación" mediante la colaboración con departamentos de policía locales, dijo el vocero. "El enfoque principal de esta iniciativa es realizar revisiones de bienestar sobre estos menores, para garantizar que estén seguros y que no estén siendo explotados".

Sendukas, quien representa a Y.R., dijo que no lo cree. Dijo que los clientes de su organización, incluidas las tres mujeres entrevistadas por el Tribune, son patrocinadores respetuosos de la ley que han cumplido con todo lo que el gobierno federal les ha pedido hacer. En los documentos del ICE, la agencia dijo que Y.R. no tiene antecedentes penales.

"No creo ni por un segundo que esto se trate de proteger a los niños", dijo. "Todas las familias con las que trabajamos son personas honestas, temerosas de Dios, trabajadoras, que solo intentan darles una mejor vida a sus hijos, y todo lo que quieren es reunirse con ellos".

La Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que supervisa a la ORR, se negó a comentar sobre casos específicos, "como cuestión de política".

Crisis emocional

F.S., una mujer de 32 años, dijo que dejó Guatemala en 2023 debido a la violencia y porque no podía costear criar a tres hijos en su pueblo natal. Se unió a una caravana de migrantes que la llevó a México, después cruzó la frontera, se entregó a la Patrulla Fronteriza y solicitó asilo.

Se le permitió permanecer en Estados Unidos mientras su caso estaba pendiente, y se mudó con una amiga de la infancia que vivía en las afueras de Dallas. Se emitió una orden de deportación después de que faltara a una cita en la corte; F.S. dijo que nunca recibió la carta sobre la fecha de la audiencia, porque se habían mudado y no se la reenviaron a su nueva dirección.

En octubre de 2025, su hijo mayor decidió reunirse con ella. Después de conseguir que lo llevaran hasta la frontera entre Texas y México, donde cruzó solo y se entregó a agentes de la Patrulla Fronteriza, fue colocado de inmediato en un albergue.

F.S. dijo que hablaba con su hijo de 13 años con regularidad y lo visitaba al menos una vez por semana. Hacía un viaje de cuatro horas, de ida, para verlo en el albergue.

Al igual que Y.R., fue arrestada por el ICE después de comenzar el proceso de revisión para obtener la custodia de su hijo. De acuerdo con documentos judiciales presentados ante la corte de inmigración por la abogada de F.S., fue arrestada como parte del operativo de la administración Trump para localizar a patrocinadores indocumentados.

"Creo que me arrestaron porque me presenté por mi hijo", dijo. "Me siento mal porque él se culpa a sí mismo. Dice que la razón por la que me arrestaron es por él".

Su hijo ha estado en un albergue durante más de ocho meses, hasta el 20 de julio. Le afectó mucho el arresto de su madre, dijo ella, y le han recetado varios medicamentos para ayudar a calmar su ansiedad "y ayudarlo a controlar sus emociones". En ocasiones se ha negado a hablar con nadie.

F.S., quien también pidió ser identificada solo por sus iniciales por temor a represalias del gobierno por hablar públicamente sobre su caso, dijo que su hijo fue ingresado recientemente a un hospital psiquiátrico porque su ansiedad se ha vuelto incapacitante.

"Temo por él aquí en Estados Unidos si sigue en el albergue. No le está yendo bien ahí, y necesita mi apoyo", dijo.

Tanto la madre como el hijo han aceptado ser deportados para poder reunirse más pronto, dijo Sendukas, quien también los representa.

Sural Shah, pediatra con sede en California y presidenta del Consejo de Salud del Niño y la Familia Inmigrante de la Academia Estadounidense de Pediatría, dijo que las estancias prolongadas en los albergues también pueden hacer que los menores desconfíen de sus cuidadores.

"Puede haber, especialmente en niños pequeños, muchas preguntas: ¿Por qué no viniste a ayudarme? ¿Por qué no viniste por mí?", dijo Shah. "Eso es realmente difícil, porque todo eso afecta la manera en que los niños se adaptan a ese trauma, y sabemos que estas experiencias tempranas pueden tener repercusiones en ellos durante el resto de sus vidas".

"Me siento culpable", dijo F.S. "Nunca imaginé que él también fuera a pasar tanto tiempo en el albergue, porque pensé que estaba haciendo todo conforme a las reglas".

Otra madre inmigrante dijo que también fue arrestada después de presentarse para patrocinar a su hija, siguiendo el consejo de una trabajadora social que le aseguró que no pasaría nada malo.

M.R., de 41 años, dijo que cruzó de manera ilegal la frontera entre Texas y México con uno de sus tres hijos en 2021, después de que una organización criminal asesinara a su esposo, a su hermano y a su prima embarazada en El Salvador. Sus otros dos hijos cruzaron la frontera en 2025 y fueron colocados en un albergue, dijo; su hija mayor fue liberada cuando cumplió 18 años, pero su hija de 9 años no.

Cuando le dio su información a la ORR, la agencia le pidió que acudiera a una oficina para hacerse una prueba de ADN, dijo. Agentes del ICE la esperaban para arrestarla. Tres meses después, se encuentra en un centro de detención en Luisiana, en espera de ser deportada, mientras su hija ha estado en el albergue de Texas durante más de siete meses.

"Me siento terrible, vine a Estados Unidos buscando refugio, pero siento que estoy en una situación igual de mala, si no es que peor, que la que teníamos en El Salvador", dijo M.R., conteniendo las lágrimas. "Pensé que estaba haciendo todo de la manera correcta, pero resultó que esto es solo una pesadilla".

Cruzar el río sola

Y.R. dijo que dejó Honduras en abril de 2022 porque temía convertirse en blanco de las pandillas locales, conocidas por extorsionar a la gente.

"Simplemente había mucha inseguridad", dijo.

Dejó atrás a su hija, al cuidado de su padre. También dejó a su sobrina y sobrino, a quienes había ayudado a criar junto con su hermana. Entró a Estados Unidos con una visa de turista.

Un año después, la hermana de Y.R. y su cuñado también decidieron huir de Honduras, junto con su sobrina y sobrino. Y.R. dijo que alguien amenazó con matar a su cuñado y al resto de su familia si no pagaba una "cuota de seguridad".

Llegaron a México, con la esperanza de conseguir una cita con agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para solicitar asilo. Pero con un número limitado de citas disponibles cada día, la familia se desesperó después de varios meses y decidió cruzar la frontera y entregarse a agentes de la Patrulla Fronteriza. En lugar de que se les permitiera quedarse, fueron deportados de vuelta a Honduras, dijo Y.R.

La familia decidió intentarlo de nuevo, solo para ser secuestrados por presuntos miembros de un cartel de drogas que buscaban pedir rescate por migrantes a cambio de su libertad, dijo el sobrino de Y.R. El hombre, que ahora tiene 14 años, dijo que escaparon cuando los hombres que los vigilaban se distrajeron.

La familia decidió que los menores tendrían mejores posibilidades de obtener permiso para quedarse en Estados Unidos si cruzaban sin sus padres, así que caminaron hasta las orillas del Río Bravo, y los niños lo cruzaron a pie el 25 de abril de 2025 y se acercaron a agentes de la Patrulla Fronteriza.

Al día siguiente, ya estaban en un albergue del gobierno junto con decenas de otros menores. Mientras tanto, los padres regresaron a Honduras.

‘Los mejores soldados de Dios’

Poco después, Y.R. recibió la llamada de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, preguntándole si en verdad era la tía del niño y la niña, y si estaba dispuesta a hacerse responsable de ellos.

Aceptó, y comenzó un proceso que tomaría casi un año.

Permitió que un inspector revisara su departamento, para asegurarse de que fuera un entorno seguro para los menores.

Después del papeleo, la prueba de ADN y la revisión de antecedentes, pensó que ya había terminado.

Entonces las autoridades le pidieron que solicitara un Número de Identificación Fiscal Individual, conocido comúnmente como ITIN (por sus siglas en inglés), un número de nueve dígitos que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) otorga a personas que pagan impuestos, pero no tienen un número de Seguro Social, como los inmigrantes indocumentados. El IRS le dijo que tardaría cuatro semanas en emitirle un número, y que mientras tanto se quedarían con su pasaporte hasta que se procesara su solicitud.

Mientras esperaba su ITIN, las autoridades de inmigración le dijeron que la revisión de antecedentes penales que había realizado ya había expirado, y que debía hacerse de nuevo.

"Simplemente sentí que querían que me diera por vencida, como si estuvieran alargando todo para ver quién se rendía primero, si yo o los niños", dijo.

El proceso está dificultando que las familias se reúnan, dijo Becky Wolozin, abogada principal del National Center for Youth Law.

"Es una verdadera situación kafkiana, en la que hay pasos burocráticos interminables que tienen muy poco o nada que ver con la seguridad o el bienestar del menor", dijo Wolozin.

En marzo, recibió una llamada de un funcionario de inmigración pidiéndole que se presentara en una oficina local para verificar su identidad. Y.R. les dijo que el IRS todavía tenía su pasaporte para procesar su ITIN. El agente de inmigración le dijo que fuera de todas formas.

Y.R. dijo que no fue, sospechando que se trataba de una trampa para detenerla.

Un mes después, dos agentes de inmigración la arrestaron en su departamento. De acuerdo con la declaración jurada de arresto, los agentes dijeron que obtuvieron su información del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y que Y.R. no tenía antecedentes penales.

El juez de inmigración la liberó de la detención, en parte, porque había entrado al país de manera legal.

"Me gusta decir que soy una de las mejores soldados de Dios, pero le he estado pidiendo un respiro", dijo.

"Se sentía como una prisión"

Mientras tanto, su sobrina y sobrino esperaban en el albergue. Vieron a amigos irse y tuvieron que hacer nuevas amistades conforme llegaban otros niños.

El albergue los separaba por género, así que solo se veían una vez por semana, dijo el sobrino. La niña abrazaba a su hermano y a veces lloraba, dijo él.

Para pasar el tiempo, él jugaba básquetbol y veía películas. Ella aprendió a jugar ajedrez. Comenzaron a aprender inglés.

Pero aun así se sentía opresivo, dijo él.

"Era estresante porque no podías hacer nada con libertad, tenías que pedir permiso para todo", dijo. "Se sentía como una prisión".

En mayo, Y.R. recibió una llamada de su abogada, Sendukas, quien le dijo que el juez federal a cargo del caso había ordenado que su sobrina y sobrino fueran liberados bajo su custodia.

"¿Hablas en serio?", preguntó Y.R., recordó.

"¿Puedes ir por ellos hoy?", preguntó Sendukas.

"Claro que sí", dijo Y.R. sin dudarlo.

Y.R. salió de su trabajo en una obra de construcción y corrió a su casa a bañarse. Mientras tanto, el sobrino recibió la noticia de parte de un empleado del albergue.

"La verdad, lloré", le dijo después el sobrino a su tía.

Cinco horas después, Y.R. llegó al albergue.

El equipaje de los niños ya estaba en el vestíbulo. Y.R. y los menores corrieron el uno hacia el otro y se abrazaron.

"Sentí un alivio, como que por fin lo logramos", dijo Y.R.

Después de llevar a los niños a comer pizza, Y.R. le llamó a su hermana en Honduras para contarle la buena noticia.

"No te llamé antes porque no quería echarlo a perder", recordó haberle dicho a su hermana, quien rompió en llanto.