Washington— Investigadores gubernamentales dieron a conocer el jueves un informe que encontró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desperdició más de 20 millones de dólares (mdd) en fondos federales durante su rápida expansión de la detención migratoria, incluyendo la compra de bodegas fuertemente rechazadas en numerosas comunidades de Estados Unidos.

Entre los esfuerzos que carecieron de una planificación adecuada incluyeron operaciones militares dentro del país, como la instalación de estructura ligera Camp East Montana, construida en la base militar Fort Bliss en El Paso.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), de carácter no partidista, encontró que se desperdiciaron millones de dólares porque el DHS comenzó a expandir sus operaciones de detención sin contar con un plan para cumplir la meta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de arrestar hasta a 100 mil inmigrantes.

Mientras la segunda administración Trump busca deportar a un millón de inmigrantes al año, el DHS ha incrementado rápidamente el número de personas en detención migratoria, después de que los republicanos en el Congreso aprobaron el año pasado alrededor de 175 mil millones de dólares para la aplicación de las leyes migratorias.

“Conforme ICE gasta el financiamiento plurianual sin precedentes para la detención, otorgado por la One Big Beautiful Act y la Secure America Act, es fundamental que la agencia use estos dólares de los contribuyentes de manera eficiente y efectiva”, señala el informe de la agencia de vigilancia.

“Ante la ausencia de un plan estratégico integral que guíe la expansión de la detención, ICE ha desperdiciado fondos en iniciativas de detención fallidas y carece de información importante sobre la viabilidad financiera a largo plazo de sus inversiones”.

Carpas armadas, nunca usadas

En el informe, la GAO encontró que esos esfuerzos de expansión de los arrestos desperdiciaron millones de dólares al utilizar instalaciones costosas o poco prácticas, como la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, la cual es tan remota que se necesita importar agua a la base, lo que la convierte en una operación costosa.

Inspectores del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado estimaron que el Pentágono gastó 2.85 mdd en armar carpas que nunca se usaron, y que ICE comprometió 43 mdd desde el inicio del año fiscal 2025 hasta el 30 de junio de 2026 para una población reducida en la base. La GAO encontró que, en promedio, 16 personas no ciudadanas estuvieron detenidas diariamente en Guantánamo durante el año fiscal 2026.

La GAO ya había reportado anteriormente que ICE desperdició más de 11 mdd de fondos de los contribuyentes en la operación de Camp East Montana, por ejemplo, al pagar comidas cuando los detenidos aún no habían llegado a la instalación. Los investigadores dieron a conocer que ICE había adjudicado otro contrato en marzo para Camp East Montana y que, “hasta agosto de 2026, no había incorporado estas medidas de ahorro al contrato y seguía pagando por servicios que no necesitaba”.

Bodegas de $1,000 millones

Los investigadores también examinaron la compra de 11 bodegas por mil 70 millones de dólares con el fin de destinarlas a la detención migratoria.

La iniciativa fue emprendida inicialmente por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien renunció tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, quienes murieron baleados por agentes de inmigración. Su sucesor, el ex senador de Oklahoma Markwayne Mullin, puso en pausa el esfuerzo de compra de bodegas.

El DHS planea ahora vender siete de los inmuebles adquiridos. Los investigadores indicaron que el cambio de rumbo del departamento ha generado costos irrecuperables, como los 7.7 millones de dólares gastados en evaluaciones de zonificación y seguros de título.

Además, ICE sigue pagando por servicios públicos, seguridad y otros gastos en las bodegas que planea vender, lo que ha costado aproximadamente 12.8 millones de dólares hasta el mes pasado.

Los investigadores también advirtieron que la decisión, por separado, de ICE de comprar mil 500 millones de dólares en instalaciones de detención ya existentes tiene el potencial de desperdiciar dinero, debido a que la agencia no ha evaluado ningún costo a largo plazo de operar dichas instalaciones.

Y la GAO señala que, si bien ICE no tenía un acuerdo con el Estado de Florida para reembolsar fondos por su instalación de estructura ligera, la ahora clausurada “Alligator Alcatraz”, el DHS utilizó fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para otorgar 608.4 millones de dólares al Estado.

Sin idea del costo a largo plazo

Los investigadores también expresaron preocupación porque ICE no ha realizado una evaluación del costo a largo plazo de operar las instalaciones de detención ampliadas.

“ICE no ha proyectado los costos de estas instalaciones más allá de los primeros tres años de operación, período después del cual ICE ya no contará con fondos disponibles de la OBBBA ni de la Secure America Act, ya que estos fondos solo están disponibles hasta el año fiscal 2029”, señala el informe.

Los investigadores hicieron una recomendación para que el director de ICE “desarrolle un plan estratégico integral que guíe sus esfuerzos de expansión de la detención, el cual incluya metas, actividades y necesidades de recursos”.

La GAO informó que el departamento estuvo de acuerdo y que ICE desarrollará un plan estratégico para su expansión de la detención, pero que dicho plan no estará terminado sino hasta el 31 de agosto de 2027.

“Dado el financiamiento plurianual sin precedentes para la detención con que cuenta ICE, y el potencial de que continúe el desperdicio de fondos de los contribuyentes, podría estar justificado que se concluya de manera más oportuna”, señala el informe.

Legisladores demócratas en el Congreso solicitaron que la GAO realizara el estudio.

Entre esos legisladores están el senador de Rhode Island Jack Reed, miembro de mayor rango de la minoría en el Comité de Servicios Armados del Senado; el senador de Michigan Gary Peters, miembro de mayor rango de la minoría en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado; Dick Durbin, de Illinois, miembro de mayor rango de la minoría en el Comité Judicial del Senado, y el representante de Mississippi Bennie G. Thompson, miembro de mayor rango de la minoría en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.