El agente federal de inmigración que, según testigos, disparó a través de la ventanilla abierta de una camioneta y mató a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, en Houston hace casi tres meses, fue identificado ante The Texas Tribune como Gregory Feathers por un funcionario con conocimiento de la investigación que no está autorizado a hablar públicamente. Su papel en el tiroteo también está corroborado por documentos, algunos de los cuales fueron divulgados públicamente.

Feathers fue recontratado en los últimos dos años después de haberse retirado previamente, según dos personas con conocimiento de su historial laboral, en un periodo que coincide con el agresivo reclutamiento, por parte de la segunda administración Trump, de exagentes de ICE para ayudar a cumplir sus ambiciosas metas de deportación. El nombre de Feathers aparece en un formulario I-213, similar a un reporte policial, que detalla la versión de los agentes de ICE sobre la persecución y el tiroteo. El formulario, que normalmente no es público, fue divulgado por error el mes pasado por la Fiscalía de Estados Unidos. Otros documentos obtenidos por el Tribune identifican a Feathers como la persona que llamó a los paramédicos y lo señalan como uno de los dos agentes que realizaron el arresto durante la persecución mortal. El pasajero que iba en el asiento delantero de la camioneta de Salgado Araujo identificó al tirador ante el Tribune a partir de una fotografía, lo cual fue confirmado de manera independiente como Feathers por el funcionario con conocimiento de la investigación.

Feathers no ha sido acusado de ningún delito, y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha defendido el tiroteo como un acto de legítima defensa. Pero el fiscal de distrito local parece estar actualmente integrando un gran jurado que podría derivar en cargos penales contra Feathers, quien, a través de su abogada, declinó hacer comentarios. La abogada, Nicole DeBorde Hochglaube, dijo que la política del DHS impide que su cliente hable mientras la investigación esté en curso. Ella también declinó hacer comentarios.

La investigación del fiscal de distrito cuenta con el apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS). El FBI, la Fiscalía de Estados Unidos y el DHS investigan el incidente por separado.

El gobierno federal ha ocultado la identidad del tirador tanto al público como a miembros del Congreso, tal como lo ha hecho con la mayoría de los agentes de inmigración involucrados en tiroteos desde que Trump regresó al cargo. Legisladores de Texas dijeron que sus preguntas sobre los nombres y la experiencia de esos agentes siguen sin respuesta, a pesar de que los miembros del Congreso normalmente tienen derecho a más información sobre investigaciones federales que el público en general.

Las principales agencias policiales estatales y locales de todo el país suelen identificar a los oficiales involucrados en tiroteos en cumplimiento de su deber poco después del incidente, según expertos en políticas policiales.

Voceros del DHS, que supervisa a ICE, no respondieron a preguntas detalladas sobre Feathers.

"Exponer los datos de nuestros oficiales pone en grave peligro sus vidas y las de sus familias", escribió un vocero anónimo del DHS en un comunicado. "Nuestros oficiales de la ley están en la primera línea arrestando a terroristas, pandilleros, asesinos, pederastas y violadores. Ahora, gracias a la retórica malintencionada de políticos santuario, están bajo amenaza constante de agitadores violentos".

Los agentes de ICE, dijo el vocero, están enfrentando "campañas coordinadas de violencia en su contra", entre ellas un francotirador que disparó contra un centro de detención de ICE en Dallas hace un año. El tirador, quien se suicidó, tenía la intención de herir a agentes de ICE, según las autoridades. En cambio, mató a un detenido e hirió gravemente a otros dos.

El vocero dijo que ha habido un aumento de más del 1,600% en agresiones, un aumento del 3,300% en ataques vehiculares y un aumento del 8,000% en amenazas de muerte contra agentes de ICE desde que Trump volvió al cargo.

Otros agentes de inmigración que mataron a personas en cumplimiento de su deber en meses recientes han sido identificados por medios de comunicación, incluidos ProPublica y The New York Times. No hay indicios públicos de que alguno de ellos haya sido objeto de violencia después.

Durante la segunda administración Trump, agentes de inmigración, con frecuencia encapuchados, han disparado contra al menos dos docenas de personas en los últimos dos años; al menos seis, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses, han muerto. Muchos de los tiroteos involucraron a agentes disparando contra personas en vehículos en movimiento, práctica que, según expertos en la ley, generalmente está prohibida o desalentada entre la policía local. El creciente número de muertes a manos de agentes federales anónimos ha desatado protestas de demócratas, familiares de las víctimas y residentes que exigen su identificación.

Tres de las personas asesinadas estaban en Texas: un ciudadano estadounidense en South Padre Island y un inmigrante mexicano que cruzó el Río Bravo hacia el condado de Starr, además de Salgado Araujo. A principios de este mes, un venezolano de 28 años con una orden de deportación recibió un disparo en la espalda en Austin por parte de un agente encapuchado de ICE, quien tampoco ha sido identificado. Sigue con vida, aunque gravemente herido, y permanece detenido, según su abogada. Las autoridades federales han asegurado que esos tiroteos fueron en defensa propia, como también han sostenido en los otros casos.

La representante federal Sylvia García, demócrata de Houston que representa el distrito, mayormente latino, donde fue asesinado Salgado Araujo, pidió que ICE identifique a su tirador, así como a otros agentes involucrados en este tipo de incidentes.

"Lorenzo Salgado Araujo tenía un nombre. Su familia tuvo que enterrarlo", dijo García al Tribune. "No se le debería permitir al gobierno federal ocultar la identidad del oficial que le quitó la vida".

Ella es una de un número creciente de legisladores federales y estatales que se han sumado a la familia de Salgado Araujo y a otros familiares de personas asesinadas por ICE para exigir que el gobierno dé a conocer los nombres de los agentes de inmigración que matan o hieren a personas en el ejercicio de su trabajo.

"Durante más de dos meses, nuestra madre ha llorado cada noche preguntándose quién mató a su esposo, compañero de toda la vida y nuestro padre", dijeron los dos hijos de Salgado Araujo en un comunicado conjunto al Tribune. "Cuando un agente del gobierno le dispara a alguien, lo menos que puede hacer es asumir la responsabilidad de esa decisión mortal".

Agregaron que la familia ha estado "públicamente suplicando justicia, poniendo en riesgo nuestras vidas, mientras ICE ha ocultado al asesino y ha intentado arrastrar por el lodo el buen nombre de nuestro padre".

El hermano de Salgado Araujo, Víctor, quien iba en el asiento delantero del copiloto de la camioneta el día de la persecución mortal, identificó al tirador en una fotografía ante el Tribune. Le dijo a su abogada, en una transcripción que ella proporcionó al Tribune con su autorización, que el agente disparó a través de su ventanilla mientras estaba de pie, e hirió a su hermano en el estómago. Él y los otros dos pasajeros han dicho en entrevistas previas que no tenían idea de que se trataba de agentes de inmigración persiguiéndolos, porque los oficiales iban en camionetas SUV negras sin distintivos. El hermano no conocía el nombre del tirador.

"La bala pasó justo frente a mí", dijo en sus primeras declaraciones públicas desde que fue liberado de la detención de ICE el mes pasado. Contó que sus oídos zumbaron durante horas después de que los agentes lo tiraron al suelo, lastimándole la rodilla, mientras escuchaba a su hermano gritar: "ya me mataron".

"Hubiera sido mejor que me mataran a mí", dijo Víctor Salgado Araujo. "Así no estaría sufriendo de esta manera. Esto cambió por completo mi vida. Destruyeron a toda nuestra familia".

Su abogada, Ruby L. Powers, dijo que la familia y su comunidad merecen respuestas.

"Cuando un agente del gobierno usa fuerza letal, el público tiene derecho a saber qué ocurrió, quién estuvo involucrado y qué muestra la evidencia", dijo Powers. "Identificar al agente que disparó no es una acusación de culpabilidad: es parte de la transparencia y la rendición de cuentas básicas que el público debería esperar cada vez que se usa fuerza letal".

Protocolo policial

El secretismo en torno a la identidad de los agentes de ICE en tiroteos con participación de oficiales contrasta con la práctica común de la mayoría de las policías locales y estatales, según expertos en aplicación de la ley.

Los cuatro departamentos de policía más grandes de Texas —Austin, San Antonio, Houston y Dallas— tienen políticas escritas o protocolos regulares mediante los cuales, por lo general, dan a conocer los nombres de cualquier oficial acusado de un tiroteo en cumplimiento de su deber dentro de un plazo de tres días, aunque en ciertos casos puede tomar hasta dos semanas, según voceros de esas corporaciones. Por lo regular, divulgan el video de la cámara corporal relacionada en aproximadamente un mes, si no es que antes, dijeron los voceros.

Una encuesta de 2023 realizada a 148 departamentos de policía de todo el país por el Police Executive Research Forum, una organización nacional que busca mejorar las políticas de aplicación de la ley, encontró que más de un tercio identifica a los oficiales involucrados en tiroteos que resultan en muertes o lesiones graves. De esos, más del 90% reportó que no hubo ningún daño hacia los oficiales identificados y ninguno sufrió violencia física.

Esa identificación con frecuencia ocurre antes de que los oficiales sean exonerados en investigaciones internas o acusados penalmente.

En 2019, por ejemplo, el oficial de la policía de Baytown Juan Delacruz disparó y mató a una mujer de 44 años que tenía órdenes de arresto pendientes y padecía esquizofrenia, según su familia. Durante el forcejeo con el oficial, ella usó su Taser contra él. Él disparó, matándola en defensa propia, según su abogado. El pequeño departamento de policía suburbano dio a conocer su nombre en cuestión de días. Un gran jurado posteriormente acusó al oficial de un delito grave de agresión agravada por un servidor público. Un jurado lo declaró no culpable en 2022.

En 2023, el Departamento de Policía de San Antonio identificó rápidamente a tres oficiales acusados en el tiroteo mortal de una madre de cuatro hijos que, según su familia, atravesaba una crisis de salud mental cuando se abalanzó contra los oficiales con un martillo. El departamento nombró al sargento Alfred Flores y a los oficiales Nathaniel Villalobos y Eleazar Alejandro, y divulgó el video de las cámaras corporales en cuestión de días, despidiendo a los tres. Dos oficiales fueron acusados de homicidio y uno de agresión agravada. Ellos han sostenido que actuaron en defensa propia y, en 2025, un jurado los absolvió a los tres de los cargos.

El mes pasado, la policía de Austin identificó al oficial Stephen Abbott, con 12 años de antigüedad en el departamento, dos días después de que disparó contra un hombre sospechoso de golpear a una víctima con la cacha de una pistola y que había disparado primero contra el oficial. El sospechoso, quien no murió, fue arrestado posteriormente tras atrincherarse en un departamento.

Al dar a conocer el nombre del oficial, el Departamento de Policía de Austin escribió que "entiende la importancia de construir confianza dentro de nuestra comunidad y seguirá trabajando diligentemente para desarrollar una relación sólida y de confianza".

Lauren Bonds, directora ejecutiva del National Police Accountability Project, una organización de defensa que trabaja con abogados de derechos civiles en casos de abuso policial en todo el país, dijo que la mayoría de las agencias de la ley tienen políticas o procedimientos escritos según los cuales identifican a los oficiales involucrados en tiroteos en cuestión de días y divulgan el video de cámaras corporales poco después.

"Esa es hoy en día la postura general de las corporaciones policiales: 'Vamos a divulgar estos nombres y vamos a divulgar el video porque esa transparencia nos da más credibilidad en este proceso'", dijo.

Sin embargo, existen excepciones, como agentes encubiertos que realizan investigaciones relacionadas con drogas o seguridad nacional, en las que la seguridad y las fuentes podrían estar en riesgo si son identificados, aunque sus nombres a menudo sí son conocidos por funcionarios de gobiernos locales y estatales, así como por miembros del Congreso, si estos los solicitan.

García, la congresista de Houston, dijo que el DHS no ha respondido a sus preguntas detalladas por escrito en busca de más información sobre el tiroteo, incluyendo si Feathers fue el agente que disparó y detalles sobre su entrenamiento y su historial. Dijo que el DHS tampoco le respondió sobre el salario de Feathers, si está cobrando su pensión gubernamental al mismo tiempo que recibe un salario, dado que ya se había retirado previamente, ni si obtuvo el bono de contratación de 50,000 dólares que, según se ha reportado, la administración ofreció a los solicitantes que se sumaron a la misión de deportación tras el regreso de Trump. Su abogada también se negó a responder esas preguntas ante el Tribune.

Al igual que en los casos de Houston y Austin, los agentes de deportación —que aplican leyes civiles, no penales— están realizando cada vez más el tipo de trabajo policial que se asemeja al de la policía local, dijo Bonds. Antes de esta administración, los agentes de ICE no solían realizar paradas de tránsito con fines de deportación.

"Ya sea deteniendo vehículos de esta manera, ya sean las maniobras PIT y los choques de vehículos, o el uso de armas de fuego para detener a personas, o el uso de llaves de estrangulamiento", dijo. "Esto es, sobre todo, lo que la policía local —no ICE— tiene la capacitación y la experiencia para hacer de manera adecuada".

Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de alto rango de ICE durante las últimas tres administraciones, también pidió mayor transparencia, explicando que un "embargo breve", de varios días, por ejemplo, le da a la agencia federal tiempo suficiente para una investigación inicial y para que los oficiales hablen con su familia antes de que se divulguen sus nombres.

"Pero al final, la agencia y el oficial tienen que asumir la responsabilidad de sus actos. Tomo en serio las preocupaciones sobre la exposición de datos personales, pero sin transparencia no hay manera de recuperar la confianza pública", dijo. "La rendición de cuentas y la restauración de la confianza tienen que ir primero".

El representante federal Jamie Raskin, de Maryland, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que supervisa al DHS, dijo en un comunicado al Tribune que los republicanos le dieron a la agencia 200,000 millones de dólares "para construir la máquina paramilitar de aplicación de la ley migratoria de Trump, mientras eliminan toda supervisión y rendición de cuentas significativas".

"Cuando agentes federales usan fuerza letal", agregó Raskin, "el pueblo estadounidense tiene derecho a saber qué ocurrió y quién fue el responsable. Los agentes federales, pagados con el dinero de los contribuyentes estadounidenses, deben rendir cuentas ante las personas que los contratan y pagan sus salarios".

David Donatti, abogado principal de la ACLU de Texas, que representa a la familia de Salgado Araujo, señaló que, horas después de su muerte, "su nombre, su rostro y su historial se hicieron públicos, y su carácter quedó abierto al escrutinio".

Eso incluyó la divulgación, muy inusual, de una orden de cateo del FBI en la que se afirmaba que se habían encontrado drogas en la camioneta de Salgado Araujo, lo cual el DPS confirmó después que no era metanfetamina, sino sal cristalizada utilizada para preparar bebidas rehidratantes económicas, comunes entre trabajadores de la construcción en el calor de Houston.

"Nombrar a los agentes no es un veredicto", dijo Donatti. "Es una condición previa para una investigación independiente. Permite que testigos se presenten, deja que el público vea si existe un historial, y garantiza que los hechos se pongan a prueba antes de que cualquier versión se convierta en la única historia".

El representante estatal Joe Moody, de El Paso, quien fue el único demócrata en formar parte de un comité de la Cámara estatal que investigó la fallida respuesta de más de 370 oficiales locales, estatales y federales al tiroteo escolar de Uvalde en 2022, dijo que ha observado estándares muy distintos para los oficiales federales en comparación con la policía estatal y local. Varios oficiales de la ley locales fueron identificados y sometidos a escrutinio público con rapidez, incluso por legisladores estatales y por el director del DPS. Pero, a diferencia de la policía local y estatal, los oficiales federales no ofrecieron entrevistas directas al comité de la Cámara estatal que supervisaba la investigación.

Moody se sumó al coro de legisladores que exigen que se hagan públicos los nombres de los agentes de ICE involucrados en tiroteos.

"El secretismo aquí está totalmente fuera de lo que es común en tiroteos con participación de oficiales", dijo.

Dijo que el gobierno federal no debería decidir qué tienen derecho a saber los contribuyentes en incidentes de uso de fuerza letal.

"Debemos saberlo ahora", dijo. "Cualquier cosa menos que eso es un encubrimiento, o una incompetencia que se parece mucho a uno".

‘Esperar en la oscuridad’

El nombre de Feathers se hizo público por primera vez por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, en un documento adjunto a su petición para evitar que los testigos del tiroteo fueran liberados de la detención. El documento no nombra a Feathers como el tirador, pero lo identifica a él y a otro agente de ICE como los dos oficiales que realizaron el arresto en el incidente. Cuatro agentes participaron en la persecución, dijeron funcionarios de la ley.

Un vocero del fiscal de Estados Unidos Aaron Reitz, exasistente principal del procurador de Texas Ken Paxton que asumió el cargo días antes de que Salgado Araujo fuera asesinado, no respondió a preguntas detalladas. Reitz ha dicho que su oficina está investigando por qué se divulgó el reporte del incidente de ICE, que normalmente no es público, de manera "inadvertida". Dijo que el documento contenía información personal sobre oficiales de la ley y testigos que podría ser utilizada por "agitadores antipolicía".

Desde entonces, el documento ha sido sellado.

Para investigar el tiroteo, la oficina del fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, está integrando un gran jurado, un procedimiento que generalmente se considera secreto conforme a la ley. Teare ha sostenido en repetidas ocasiones que "proteger la integridad de nuestra investigación independiente es esencial, para que la familia Salgado, las autoridades policiales y nuestra comunidad puedan tener confianza en el resultado, cualquiera que este sea", dijo Rafael Lemaitre, vocero de la oficina.

"Si bien parece que evidencia de este caso ya ha sido hecha pública por funcionarios federales, sería inapropiado que discutiéramos más la investigación dado su carácter activo y en curso", agregó.

Víctor Salgado Araujo describió al tirador como una persona robusta, con barba, cabello corto al estilo militar y tatuajes en ambos antebrazos, una descripción que coincide con la de un solo oficial que aparece en fotografías y videos tomados por transeúntes durante e inmediatamente después del incidente. Los otros dos pasajeros dieron descripciones similares a sus abogados, a funcionarios de la ley y a García, la congresista de Houston. Ninguno de los cuatro agentes de ICE involucrados portaba cámara corporal ni tenía cámaras de tablero en sus vehículos, según funcionarios gubernamentales.

Feathers también aparece en los registros de llamadas al 911 solicitando ayuda médica al Departamento de Bomberos de Houston, en las primeras horas del 7 de julio, inmediatamente después del tiroteo, según un documento gubernamental obtenido por el Tribune.

El Tribune ha encontrado poca información pública sobre Feathers, quien tiene un nombre bastante común y no parece tener cuentas públicas en redes sociales. Al menos otras dos personas con el mismo nombre que son activas en redes sociales en el área de Houston no son el agente de ICE.

El aviso original que dio pie a la persecución de Salgado Araujo no tenía relación con él ni con sus pasajeros, y provino de una agencia policial local del condado de Montgomery, según tres funcionarios informados sobre el asunto.

Los agentes de ICE escribieron que más tarde recibieron información del DPS que identificaba a tres hombres guatemaltecos. Un vocero del DPS negó que la agencia haya proporcionado información que derivara en la persecución de Salgado Araujo.

Mientras realizaban vigilancia sobre los hombres guatemaltecos, los agentes de ICE escribieron en su reporte que solo pudieron distinguir las dos primeras letras de la placa de la camioneta que buscaban. Estas coincidían con las de la camioneta de Salgado Araujo, la cual los oficiales avistaron en la misma zona. Después de verificar su placa, determinaron que Salgado Araujo —originario de México y sin antecedentes penales— se encontraba en el país de manera ilegal. Iniciaron entonces la persecución de su vehículo, a pesar de que ni él ni sus pasajeros eran el objetivo original.

El fiscal de distrito del condado dijo que espera concluir pronto el proceso ante el gran jurado, pero que procesar penalmente a un agente federal enfrenta grandes obstáculos, ya que resulta mucho más difícil para los estados acusar a ese tipo de oficiales, especialmente si el gobierno no coopera. En Houston, el fiscal de distrito ha dicho que el gobierno federal no le ha proporcionado directamente a su oficina ninguna información sobre el tiroteo de Salgado Araujo. Y nueve meses después de que agentes de inmigración mataran a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota, los fiscales locales que investigan el caso todavía no han presentado cargos penales. El gobierno federal tardó meses en entregar evidencia clave.

Incluso cuando los fiscales sí llevan este tipo de casos ante un gran jurado, este a menudo se niega a formular acusación contra agentes federales. Ese fue el caso de la muerte de Rubén Ray Martínez, de 23 años, a quien un oficial de ICE mató en South Padre Island el año pasado.

Su madre no supo que había sido un agente de ICE quien disparó contra su hijo, sino hasta que se reveló en una demanda de registros públicos no relacionada, un año después. Solo conoció el nombre del oficial después de que un gran jurado del condado de Cameron decidiera, esta primavera, no formular acusación contra él por la muerte de su hijo.

Rachel Reyes cree que la decisión del gran jurado fue incorrecta, y pidió a la administración que divulgue de inmediato los nombres de todos los agentes de ICE acusados en tiroteos.

"Ese es el estándar que exigimos a la policía estatal y local, y los agentes federales de inmigración también deberían cumplirlo", dijo Reyes al Tribune la semana pasada. "Las familias no deberían tener que esperar en la oscuridad por respuestas básicas".