Héctor Fernando de la Garza Barroso, quien es actualmente subdelegado del Issste, evitó ir a la cárcel gracias a que aceptó un acuerdo reparatorio mediante el cual pagará más de 2.5 millones de pesos a municipios de la región centro-sur, luego de que fue declarado culpable de peculado agravado.
La acusación corresponde al período en que el actual subdelegado era administrador de un fideicomiso para dar servicio de relleno sanitario a los municipios entre 2016 y 2017.
Ayer, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua informó que obtuvo de un juez del Distrito Judicial Abraham González una sentencia condenatoria de prisión de dos años y ocho meses en contra de Héctor Fernando de la Garza Barroso, quien fue director del Organismo Operador del Relleno Sanitario Intermunicipal región centro-sur, encargado, entre otras cosas, de la recolección de basura en los municipios de Delicias, Saucillo, Rosales, Meoqui y Julimes.
Precisó que la afectación fue al fideicomiso donde distrajo en cheques más de 2 millones 516 mil pesos, recursos que serán devueltos para resarcir el daño patrimonial a esos municipios, según un comunicado de la instancia estatal.
El ahora sentenciado llevó el proceso en su contra con medidas cautelares, como no salir de la entidad y acudir al juzgado, las cuales mantendrá en lo que repara el daño.
El fiscal Abelardo Valenzuela declaró que la sentencia fue obtenida en un proceso abreviado y fue establecido un acuerdo entre las partes, que tiene como punto principal que realice el pago de las afectaciones en parcialidades y en caso de que incumpla con esto, le será ejercida la prisión. “Buscamos que se repare el daño a los afectados”, dijo.
“La denuncia fue presentada por los entes afectados: el Ayuntamiento de Julimes, por 444 mil 094.93 pesos; Rosales por 77 mil 746.14 pesos y el Organismo Descentralizado Intermunicipal de Delicias, con una afectación de 1 millón 994 mil 752.30, dando un total de 2 millones 516 mil 593.37, a quienes se hará efectiva la reparación del daño”, agregó.
Mencionó que entre los hechos relatados en el juicio, está que en febrero de 2016 a 2017, el titular de este organismo, quien presta el servicio a los municipios mencionados, realizaba de manera irregular e indebida múltiples retiros en cheques, tanto a su nombre como “al portador” por diversas cantidades.
