A menos de 40 días de la jornada electoral del 1 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió las primeras solicitudes para la gestión de protección a candidatos de la elección judicial.

De acuerdo con información de ese organismo electoral esta petición fue solicitada por dos candidatos a juez de distrito, una de Chihuahua y otro de Guerrero, así como un candidato a magistrado de circuito de Guanajuato.

El esquema para la protección a candidatos judiciales por el INE es parecido al que se usó en las elecciones de 2024 y pueden intervenir fuerzas como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En tanto que las tres solicitudes, al ser presentadas ante el INE, fueron turnadas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Estos tres estados se encuentran en alguno de los factores de riesgo político-criminal alto y medio para este proceso electoral que definió la organización México Evalúa.

En el caso de Guerrero, desde el inicio del proceso electoral en septiembre del año pasado, se contabilizan 28 víctimas de asesinato, amenaza, secuestro, desaparición, ataque armado a fuerzas de seguridad fuera de combate, autoridades de elección popular o integrantes de partido. Del total de agresiones, 14 se registran en lo que va de este año.

Por su parte, en Guanajuato se tienen 36 víctimas de atentado, asesinato, ataque armado, secuestro a funcionarios, familiares, candidato, autoridades de elección popular y fuerzas de seguridad fuera de combate, 12 casos presentados durante los primeros meses del 2025.

En Chihuahua, en cambio, de acuerdo con la estadística de la organización Votando Entre Balas, ha tenido una víctima de asesinato a fuerzas de seguridad en el municipio de Guadalupe y Calvo en el periodo del 1 de septiembre del 2024 al 30 de marzo del 2025.

Entre los riesgos que pueden identificar en los estados durante el proceso electoral judicial están: disputas violentas por el control de los territorios locales en múltiples zonas; explotación violenta de múltiples mercados ilícitos; alta vulnerabilidad frente a la intromisión del crimen en las elecciones y alta disponibilidad de opciones de captura.

En el caso específico de Chihuahua, México Evalúa encontró que las facciones del Cártel de Sinaloa, sus brazos armados y organizaciones de menor tamaño como Los Mexicles, La Bandera, Cártel de Juárez y Cártel del Tren de Aragua, se disputan ciudad Juárez y la capital.

Además “merecen atención los municipios de Cuauhtémoc, Balleza, Bocoyna, Guachochi, Guazapares, Madera, Morelos, Moris, Parral, Uruachi, Guadalupe y Calvo y la zona fronteriza con Sinaloa, ya que los cárteles de orden local buscan expulsar de Chihuahua a las facciones del Cártel de Sinaloa”.

El nivel de riesgo correspondiente a cada estado de la República ofrece una aproximación basada en evidencia para orientar la toma de decisiones y desplegar medidas focalizadas a nivel regional. En el pasado reciente, esta clase de ejercicios han sido bastante precisos, por lo que no deberían ser descartados por la autoridad, advierte esa organización.