Chihuahua, Chih.- Como consecuencia de la reforma judicial del año pasado, tres jueces que fueron removidos de sus cargos han interpuesto demandas exigiendo el pago de sus prestaciones laborales, con montos que rebasan el millón de pesos por cada caso.

De acuerdo con el oficio DGJ3/2026 emitido por la Dirección General Jurídica del Poder Judicial del Estado (PJE), en respuesta a una solicitud de transparencia, las demandas fueron interpuestas por dos jueces del ámbito penal (jueces de Control) y un juez del ramo civil, cuyas identidades no fueron proporcionadas.

Los jueces fueron separados de sus funciones por disposición constitucional el año pasado junto con 133 jueces y 12 magistrados que, al no cumplir con los requisitos para la jubilación ni resultar vencedores en las elecciones, debían recibir una liquidación o compensación.

Al menos 63 jueces y 13 magistrados solicitaron su retiro ante Pensiones Civiles del Estado (PCE) antes del proceso electoral. Únicamente 74 jueces y 5 magistrados lograron repetir en sus cargos tras ganar en las urnas, y cerca de 100 juzgadores (de un total de 300 entre jueces y magistrados) decidieron voluntariamente no participar en el proceso de elección del 1 de junio.

Las exigencias de los demandantes oscilan entre un millón de pesos y 1.2 mdp por cada expediente; no obstante, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha señalado formalmente que "la vía laboral no es la vía correcta para el reclamo correspondiente", aunque ya han emitido las contestaciones legales en tiempo y forma. El monto final de estas liquidaciones permanece sujeto a la revisión de la antigüedad de cada juzgador.

Textualmente, el oficio aludido especifica que “los jueces penales (dos) demandan el pago de sus prestaciones laborales, pues fueron removidos del cargo como juez de Control por disposición constitucional; no obstante, la vía laboral no es la vía correcta para el reclamo correspondiente, aun así emitieron contestación en tiempo y forma. La contingencia del presente asunto oscila entre un mdp y un millón 200 mil pesos, lo cual está sujeto a revisión de la antigüedad”.

Asimismo, indica, en relación con el juez civil, que “demanda el pago de sus prestaciones laborales, pues fue removido del cargo como juez civil por disposición constitucional; no obstante, la vía laboral no es la vía correcta para el reclamo correspondiente, emitieron contestación en tiempo y forma. La contingencia del presente asunto oscila entre un millón de pesos y un millón 200 mil pesos, lo cual está sujeto a revisión de la antigüedad”.

Esta situación ocurre en un escenario inédito, ya que Chihuahua fue el único estado en el país que decidió renovar la totalidad de las titularidades de sus juzgados y magistraturas tras la reforma.

Bajo los criterios de la reforma judicial, aquellos juzgadores que perdieran su puesto tenían derecho a una liquidación consistente en tres meses de salario más 20 días por cada año laborado.

La compensación de tres meses para un juez de primera instancia es estimada en unos 267 mil pesos, sin contar la antigüedad.

Los jueces que no alcanzan los requisitos de jubilación por Pensiones Civiles del Estado (PCE) pudieron acceder a una compensación complementaria de hasta el 72% de su salario, siempre que contaran con al menos 10 años de antigüedad.

Aquellos con 32 años de servicio podrían alcanzar el tope de dicho beneficio.

El año pasado, el TSJ fue notificado de 37 amparos promovidos por exjueces y exmagistrados, impugnando diversos aspectos, como el servicio médico, el derecho a la jubilación, afectaciones al proyecto de vida y la forma en que se integraron sus liquidaciones.

El sistema judicial enfrenta una transición compleja, porque los 270 nuevos jueces que asumieron funciones deben lidiar con un rezago histórico y una carga de aproximadamente 80 mil asuntos para el cierre de año.