El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, sostuvo que la determinación del Tribunal Colegiado no obliga a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) a entregar la carpeta de investigación de Javier Corral a la Fiscalía General de la República (FGR), ya que continúa vigente una suspensión definitiva concedida por un juzgado federal, la cual protege los intereses de la sociedad chihuahuense como víctima del presunto desvío de 98.6 millones de pesos de recursos estatales.

El funcionario dijo que dicha determinación es una aberración jurídica, al fallar en favor del juez penal federal en el conflicto competencial relacionado con la investigación por peculado agravado que siguen contra el exgobernador, el exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y el despacho López Elías.

En entrevista con El Diario, Valenzuela Holguín aseguró que la resolución únicamente abordó un conflicto entre autoridades judiciales y no el fondo del asunto, por lo que anunció que agotarán todos los recursos legales, incluido el de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Diario: Fiscal, la FGR solicitó la atracción del caso Javier Corral. ¿Van a entregar la carpeta de investigación?

AVH: No. Es importante aclarar qué fue lo que resolvió. Ayer únicamente dirimió un conflicto competencial entre un juez local y uno federal. Eso no implica que tengamos que entregar la carpeta. No estamos obligados jurídicamente a hacerlo y la investigación permanecerá en el estado de Chihuahua.

El Diario: Entonces, ¿la carpeta sigue bajo resguardo de la Fiscalía Anticorrupción del Estado?

AVH: Así es. La carpeta continúa en Chihuahua porque sigue vigente una suspensión definitiva otorgada dentro del juicio de amparo 2288/2025-I-1 por la Jueza Décimo de Distrito. Esa surte plenos efectos legales y protege las prerrogativas de la víctima, que es la sociedad chihuahuense.

El Diario: ¿Cómo califica la resolución del Tribunal Colegiado?

AVH: Para mí es una aberración jurídica. No la comparto. Es contradictoria incluso con resoluciones previas emitidas por tribunales federales en los amparos promovidos por los propios imputados, los cuales reconocieron la competencia local y, además, todos fueron perdidos.

El Diario: ¿Por qué sostiene que este asunto es de competencia estatal?

AVH: Porque los recursos involucrados son totalmente estatales. Provienen de participaciones federales, no de aportaciones federales. Las participaciones son de libre disposición para los Estados conforme al pacto federal. Estamos hablando de una distracción y dis, posición ilegal de 98.6 millones de pesos del erario chihuahuense.

El Diario: ¿Cómo surge esta investigación?

AVH: Deriva de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE). A partir de ahí, la Fiscalía Anticorrupción investiga, judicializa los hechos como peculado agravado y un juez de Control local encuentra acreditados los elementos del delito y libra órdenes de aprehensión contra quien resultó beneficiado, quien ejecutó y quien ordenó la disposición de los recursos.

El Diario: Los imputados han señalado que no les dieron oportunidad de defenderse. ¿Qué responde?

AVH: Eso es falso. Tuvieron más de tres años para comparecer ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y no lo hicieron. Tampoco acudieron cuando fueron requeridos por la Fiscalía Anticorrupción. Esa omisión obligó a solicitar medidas cautelares y posteriormente, las órdenes de aprehensión.

El Diario: Usted ha dicho que resulta inédito que celebren la atracción del caso por la federación.

AVH: Así es. Yo nunca había visto que celebren que un asunto se lo lleve otra instancia. Celebrar eso sólo refleja una expectativa de impunidad. Está desviando el fondo del asunto, que es el desvío de recursos públicos por casi cien millones de pesos.

El Diario: ¿Considera que existe un trasfondo político?

AVH: No encuentro ninguna motivación jurídica. Sólo veo una motivación política. Además, uno de los imputados tiene inmunidad constitucional, por lo que el Ministerio Público Federal no podría proceder en este momento. Entonces, ¿cuál es la prisa?, ¿cuál es la lógica jurídica?

El Diario: ¿El Ministerio Público Federal tiene competencia para atraer este caso?

AVH: No. Carece de competencia y legitimidad. Es un delito por hechos de corrupción tipificado en el Código Penal del Estado de Chihuahua. Incluso, si pretendieran una atracción federal, tendría que ser la Fiscalía Anticorrupción Nacional, no un Ministerio Público Federal ordinario.

El Diario: ¿Qué recursos legales aún le quedan a la Fiscalía Anticorrupción?

AVH: Tenemos el recurso de reclamación y vamos a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Vamos a hacer valer los intereses de los chihuahuenses. El conflicto competencial es distinto al juicio de amparo y la suspensión definitiva sigue vigente.

El Diario: ¿Le preocupa el impacto institucional de este caso?

AVH: Mucho. Me preocupa el debilitamiento de las instituciones y que atropellen las normas por influencias políticas. Es inadmisible e inédito. Es un agravio para los chihuahuenses.

El Diario: ¿Cómo responde a quienes cuestionan la solidez de la investigación?

AVH: Con hechos. La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua no ha perdido un solo amparo de más de 400 tramitados en instancias federales. No se nos ha caído ninguna carpeta de investigación. Todas nuestras actuaciones son realizadas con control judicial.

El Diario: Finalmente, ¿cuál es su compromiso en este caso?

AVH: Defender el erario chihuahuense, el Estado de Derecho y la competencia estatal. La carpeta seguirá en Chihuahua y agotaremos todos los recursos legales. Nuestro compromiso con el combate a la corrupción es firme y permanente.