Chihuahua— El 17 de enero del año 2001, Chihuahua despertó con una imagen que marcó para siempre su historia política: el gobernador constitucional del Estado, Patricio Martínez García, yacía herido por un disparo en la escalera de mármol del Palacio de Gobierno.

Un cuarto de siglo después, el atentado sigue siendo uno de los episodios más graves de violencia política registrados en la entidad y uno de los pocos en México perpetrados directamente contra un mandatario en funciones.

Hoy, a un día de cumplirse 25 años del ataque, el caso vuelve a la conversación pública tanto por su carga histórica, como porque la mujer que disparó contra el gobernador, Victoria Loya, se encuentra en la recta final del cumplimiento de su sentencia y podría recuperar su libertad en 2027, de no mediar cambios jurídicos.

El atentado ocurrió en un momento de alta tensión política y social. Chihuahua vivía los últimos años de un régimen priista que comenzaba a resentir el desgaste del poder, la presión de la oposición y una ciudadanía cada vez más crítica.

Patricio Martínez, gobernador desde 1998, encabezaba un gobierno fuerte, con amplias mayorías legislativas, pero también con conflictos abiertos con sectores empresariales, grupos sociales inconformes y actores políticos desplazados.

En el país acababa de concretarse la alternancia presidencial, tras la derrota del PRI a nivel nacional en julio del 2000. En ese ambiente de incertidumbre, el atentado cimbró no sólo al gobierno estatal, sino a todo el sistema político chihuahuense.

El incidente ocurrió a las 11:30 del 17 de enero del 2001, cuando el exgobernador descendía la escalinata de Palacio de Gobierno y se detuvo para conversar con un grupo de jóvenes estudiantes. En ese momento, a tres metros de distancia, una mujer disparó a la cabeza del mandatario con un revólver calibre .38 especial.

La bala perforó la región parietal izquierda del cráneo, afortunadamente, no afectó partes vitales del cerebro.

La escena fue caótica. Funcionarios, escoltas y trabajadores que estaban en la sede del Poder Ejecutivo Estatal corrieron en auxilio del mandatario. La imagen del gobernador ensangrentado fue difundida rápidamente y se convirtió en símbolo de la vulnerabilidad del poder.

Minutos después, la agresora fue sometida y detenida en el lugar. Su nombre: Victoria Loya, una mujer que, hasta ese momento, no figuraba en la vida pública del estado.

El estado de salud del gobernador Martínez fue reportado como estable en la clínica de El Parque. Un equipo médico liderado por el doctor Noel del Val informó que el mandatario estaba consciente y había reconocido a sus familiares y colaboradores cercanos.

Tras un largo proceso de recuperación, Patricio Martínez García regresó a sus funciones como gobernador de Chihuahua, donde cumplió sus funciones hasta el último día de su mandato.

Actualmente, en Palacio de Gobierno hay una placa que recuerda que ahí cayó tras el ataque.

El suceso generó alto impacto en la sociedad chihuahuense, incluso, desde ese entonces cambiaron los protocolos de seguridad para los gobernadores en turno, además de incrementar la vigilancia en Palacio de Gobierno.

El exgobernador ha relatado en varias ocasiones como guarda esta fecha en su memoria y cómo fue para él un segundo nacimiento.

Las investigaciones posteriores revelaron que Victoria Loya no pertenecía a ningún grupo armado ni a una organización criminal. Su historia, según está documentada en el proceso judicial, estaba marcada por conflictos personales, episodios de inestabilidad emocional y una vida laboral intermitente.

Antes del atentado, había desempeñado trabajos ocasionales y mantenía una relación distante con el entorno político, aunque manifestó resentimientos y una narrativa personal de agravio contra el gobierno.

Tras su detención, fue presentada ante el juez y recluida inicialmente en el Centro de Readaptación Social (Cereso) del estado. El juicio atrajo atención nacional por tratarse del intento de homicidio de un gobernador en funciones. Finalmente, Loya fue sentenciada a una larga pena de prisión, que ha cumplido de manera continua desde el año 2001.

Fue sentenciada a 26 años y ocho meses de prisión por el intento de homicidio y el pago de una reparación del daño.

Durante sus años en reclusión, ha permanecido bajo un régimen estricto. Fuentes penitenciarias han señalado que ha participado en actividades internas y que su conducta ha sido evaluada periódicamente para efectos de beneficios preliberacionales.

De acuerdo con los cómputos judiciales y considerando reducciones legales, le restaría alrededor de un año para cumplir su condena, por lo que su salida podría concretarse en 2027, siempre que no exista modificación en su estatus jurídico.

El ataque generó una crisis institucional sin precedentes. Durante semanas, el estado vivió bajo la incertidumbre sobre la salud del gobernador y la estabilidad del gobierno. Patricio Martínez estuvo obligado a ausentarse temporalmente del ejercicio pleno del poder, delegando funciones mientras se recuperaba del balazo.

El atentado desató debates sobre la seguridad de los gobernantes, las fallas en los protocolos de protección y el clima de confrontación política. A nivel nacional, el caso fue interpretado como un síntoma del desgaste del sistema y de la violencia latente en la transición democrática.

Aunque Patricio Martínez logró sobrevivir y retomar su mandato, el atentado dejó secuelas físicas y políticas. Su figura pública quedó asociada para siempre a aquel episodio. Gobernar después de haber estado al borde de la muerte transformó su relación con el poder, con la seguridad y con la vida pública.

Actualmente, el exgobernador está activo en la vida pública y en actividades de carácter social y cívico, principalmente en su estado natal, Chihuahua.

Patricio Martínez fue nombrado presidente del Fideicomiso del Centro Urbano e Histórico de la ciudad de Chihuahua, organismo dedicado a la preservación, administración y mejora del Centro Histórico de la capital. En este cargo ha impulsado proyectos de rehabilitación urbana como poda de árboles, renovación de banquetas, recarpeteo, bacheo y señalización vial dentro de un plan de acción de 100 días, en coordinación con el gobierno municipal.

Además de su papel formal en el fideicomiso, Martínez ha emitido opiniones públicas y participado en foros y eventos donde aborda temas de planeación urbana y crecimiento de Chihuahua, subrayando la importancia de una planificación responsable ante el crecimiento demográfico y urbano de la ciudad.

El exgobernador también ha hecho declaraciones sobre asuntos de política nacional, como el Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, defendiendo postulados sobre la soberanía y la gestión de los recursos hídricos en la región.

Hoy, 25 años después, el caso vuelve a abrir preguntas inevitables: ¿se hizo justicia?, ¿fue suficiente la condena?, ¿qué significa para la víctima y para la sociedad la próxima liberación de la atacante?

[email protected]