Con una hija juarense de seis meses de nacida, Wilmer –de Venezuela– y Nicol –de Colombia–, ya forman parte de la comunidad fronteriza, al igual que las cientos de familias migrantes de origen mexicano y extranjero que hace un año se quedaron varadas en México tras el cierre de la frontera de Estados Unidos por órdenes del presidente Donald Trump.

Mientras que el Gobierno republicano mantiene múltiples redadas para detener y deportar a los migrantes irregulares y construye kilómetros de muro fronterizo en los límites con México, Wilmer, de 26 años, trabaja en Ciudad Juárez como repartidor de comida.

“Nosotros tenemos como un año y medio, dos años, en Juárez; esta frontera la verdad fue suerte, nosotros nos montamos en el tren y nos trajo para acá, fue a la frontera que nos vino a traer”, narró el sudamericano quien hace diez años salió de su país rumbo a Colombia, en donde conoció a su esposa, con quien hace dos años y medio decidió migrar hacia Estados Unidos.

Recordó que cuando arribaron a Ciudad Juárez, después de viajar en los vagones de un tren de carga, llegaron hasta el río Bravo/Grande, en donde se entregaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USBP) del Sector El Paso, pero fueron separados y él fue entregado al Gobierno mexicano en el cruce internacional de Santa Teresa-Jerónimo y después trasladado hasta Tapachula, Chiapas.

Aunque Nicol, de 23 años, sí fue puesta en libertad dentro de Estados Unidos, con un proceso abierto ante una Corte de Inmigración, ella decidió autodeportarse y regresar a Ciudad Juárez y él volvió a cruzar todo México para reunirse aquí con ella, en donde hace seis meses nació su hija.

“No hemos aplicado para el refugio en México porque podemos arreglar por la niña (que es mexicana), pero debemos pagar; el primer pago son mil 800 pesos por cada uno, el segundo pago es de 5 mil de una multa por el ingreso a México y el tercero es la tarjeta de residencia, que serían como 7 mil de cada uno”, comentó.

También recordó que batallaron mucho para registrar a su bebé ante el Registro Civil, debido a que les pedían documentos oficiales que no podían renovar desde aquí y las embajadas de Venezuela y de Colombia no los apoyaban, hasta que desde sus países sus familias los ayudaron a conseguir los documentos.

“La presentamos como al tercer mes, porque nos regresaban y nos regresaban: que falta esto. Y yo le llevaba uno y me decían: no, ese sello no es. Y así nos tuvieron, pero sí lo logramos y ella ya tiene sus documentos”, relató.

‘Está pa’l perro’

Aunque no puede acceder a un trabajo formal debido a que no cuentan con la documentación necesaria por parte del Gobierno mexicano, el venezolano aseguró que actualmente regresar a su país no es una buena opción.

“Pa’ Venezuela ahorita, en estos momentos, está pa’l perro, en el sentido de que la gente no puede salir, está la supuesta Policía afuera, en la calle, robando a todo el mundo, quitándole las motos, los carros, nadie puede salir, todo está como si fuera un toque de queda, nadie puede salir pa’la calle por lo que pasó con Maduro, piensan que todo mundo está trabajando con aquellos. Por el momento está difícil la cosa, peor de como estaban. Venezuela no se va a mejorar, así cambien al presidente ya de una vez, todo lleva su tiempo”, comentó.

Dijo que desde hace 18 años su papá trabaja como guardia de seguridad, 24 horas sí y 24 horas no, en una empresa privada y cobra 3 dólares, los cuales apenas le alcanzan para comprar un cartón de huevo, una harina y un arroz, por lo que tiene que buscar trabajos de mantenimiento los días que descansa.

“Si uno le envía 100 dólares les ayuda”, comentó quien actualmente trabaja como repartidor de comida a través de una aplicación, en una motocicleta que le rentan por mil pesos semanales, pero al principio repartía la comida en bicicleta.

En la ciudad, “la verdad, mientras uno trabaje pues bien, uno puede tener lo básico, sus cosas, su casita, la comida; pero sí buscamos organizaciones que nos ayuden como para esto, la comida, porque pues se nos complica un poco, porque también nos toca pagar el arrendamiento, los gastos de la niña, la leche, los pañales y ella no está trabajando, me toca todo el cargo a mí”, compartió.

Decidieron independizarse

Al principio Wilmer y Nicol vivían en un albergue, hasta que hace un año y dos meses decidieron salir para rentar y trabajar en la ciudad.

“El clima es lo más complicado, porque el clima de Juárez cambia en cualquier momento, y uno no se acostumbra al picante”, confesó.

La familia sudamericana, con la bebé juarense, es una de las 120 integradas por cerca de 600 personas migrantes que se quedaron varadas en México tras el cierre de la frontera por el gobierno de Donald Trump, y que actualmente son apoyadas por el Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano.

De acuerdo con su coordinadora, Cristina Coronado, la mitad de las familias apoyadas son de Venezuela y el resto de países como Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Brasil, Cuba y México, a quienes se les ofrece una despensa semanal, atención médica y psicología y asesoría legal, además de apoyo en educación.