-Debieron entregar videos por la fuerza

-Despejan ruta del exgobernador al TEJA

-Van crucistas por Morena, el 2025

-Jubilación “adelantada” a polis estatales

Literalmente, mediante la fuerza de la ley debió la Fiscalía General del Estado incursionar en al menos dos mansiones del exclusivo fraccionamiento Campestre para extraer los videos que pudieron haber captado una doble ejecución.

Las cámaras de ambas residencias habrían apuntado hacia las calles donde fueron ejecutados dos hombres casi a las tres y media de la mañana del lunes. Los sicarios utilizaron un arma larga calibre R-15 y unarma corta.

Fueron privados de la vida en las calles Calzada de Senecú y Calle del Fresno

quienes luego quedaron identificados como Carlos Toribio Hernández y Miguel Amador Zubía.

Ambos sujetos tripulaban un carro de lujo, un Porschenegro, al momento de ser sorprendidos por los conductores de dos camionetas pick up, una de color negro y una gris.

Muchos de los detalles quedaron registrados por cámaras públicas de Plataforma Centinela a cargo del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que lleva a cabo su propia investigación.

El área de homicidios de la Fiscalía de distrito Zona norte conduce las indagatorias correspondientes y no había obtenido los videos de cámaras privadas de forma voluntaria.

Debieron los agentes investigadores recurrir al Poder Judicial para conseguir las respectivas órdenes de cateo de dos residencias a pesar de la preocupación generalizada que provocó entre los residentes del Campestre la doble ejecución en el corazón de su fraccionamiento.

A ver si con ese operativo avanzan más rápido las investigaciones y logra ser esclarecido el ataque para tranquilidad de la comunidad juarense, en particular de los habitantes del Campestre, no acostumbrados a los tiroteos afuera de sus casas.

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Poco antes de la designación de los dos nuevos magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) por el Congreso del Estado, el organismo jurisdiccional comenzó con los trámites para enjuiciar al exgobernador Javier Corral por la investigación de enriquecimiento ilícito que inició la Secretaría de la Función Pública.

Es la ponencia del magistrado presidente, Alejandro Tavares Calderón, la encargada del expediente que, según los tiempos con los que especulan los especialistas en materia de justicia administrativa, avanzaría la siguiente semana para encaminarse a una sentencia.

En Tavares está la parte medular de un proceso al que habrán de integrarse los dos magistrados recién nombrados por el Congreso del Estado, Luis Eduardo Naranjo y Priscila Soto Jiménez; así como los otros que ya estaban, Gregorio Morales Luévano, representante del corralismo, y Dafny Susana Chavira, en funciones de magistrada por la suspensión dictada en contra de la titular, Mayra Arróniz.

Antes de la sentencia, dicen, también es factible la aplicación de medidas cautelares, como la inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos, además de que la resolución definitiva rápida tampoco es imposible, pues no hay mucho que escarbar a la causa para considerar fundadas las acusaciones basadas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El reloj del TEJA no es el mismo que el político, ese que marca el día último de este mes como plazo fatal para Corral Jurado, dado que el primero de septiembre podría asumir como senador plurinominal de Morena, una vez resuelta la validez de la elección y la votación válida emitida a nivel nacional.

Aunque los tiempos no sean los mismos, pues, está claro que serán dos semanas intensas, a partir de hoy precisamente, en la vertiente jurídica del caso y en las consecuencias políticas que vendrán con la decisión de la justicia administrativa estatal.

La pista de lo penal es otra cosa, pero no está desligada de lo que resuelva el TEJA.

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Pasados los comicios del 2 de junio, ya con resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aquí a nivel local con la distribución de plurinominales -aún pendiente plazo para resolución de impugnaciones- vendrán para Morena elecciones internas tanto de sucesión en el partido como en el Consejo.

Recordemos que hubo choque de trenes con la designación de Brighitte Granados y Hugo González, actual presidenta del Comité Estatal y del Consejo Estatal, respectivamente.

Los grupos predominantes dentro del partido guinda, encabezados por Juan Carlos Loera -apoyado en aquel entonces por la poderosa secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel- y Cruz Pérez Cuéllar, lucharon en pelea campal casi literal por las posiciones.

Obviamente, el año próximo vendrá una nueva contienda de la misma o mayor dimensión, toda vez que el partido juega en las decisiones de alguna manera, aún y cuando sean las oficinas centrales donde hay decisión final, y allá estará ya sentada en la silla principal, la actual secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde.

Ahora en septiembre viene precisamente la renovación de la presidencia y secretaría general del partido a nivel nacional, donde cumplen su periodo Mario Delgado y Citlalli Hernández, con voto de los miembros del Congreso Nacional.

No habrá sobresalto alguno en la renovación de Morena este año, ya está muy cantado, arreglado y palomeado.

Un año más estará Hugo González en la presidencia del Consejo, e igual estará Brighitte; el primero con doble cachucha, ya que será regidor del ayuntamiento capitalino, y ella, será suplente de Javier Corral, a quien no se le ha hecho ningún puesto en el gabinete de Claudia Sheinbaum, y con larga cola.

Por el partido ya se preparan los cuadros de los distintos grupos por la presidencia de ambos órganos a nivel estatal, entre ellos por el lado de loa crucistas sin duda andarán buscándola José Ríos, Sebastián Torres, Daniela Pérez Abud, Alejandro Pérez Cuéllar -carta fuerte para cualquiera de los dos puestos-, Omar García de Cuauhtémoc y Luis Villalobos de Delicias.

La intención es que quede en un juarense cualquiera de ambas posiciones, de preferencia el partido, para afinar lo que viene para el 2027.

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Ayer por la tarde tronó en la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) la inconformidad de algunos agentes, hombres y mujeres, que se consideran “viejitos” por la edad, porque les ordenaron traslado a operativos en la sierra de Chihuahua.

Por la tarde, tenían sitiado el centro de mando ubicado en el eje vial Juan Gabriel, protestando contra sus superiores por la medida que, aseguran, tiene el fin de hacerlos reventar; que es una depuración anticipada, alegaban, aunque debieron acatar las instrucciones.

Aseguraron a La Columna que, por la edad, ya no aguantan ir y venir a municipios conflictivos en materia de seguridad como Madera, Guerrero, Guachochi, Bocoyna y muchos otros más al extremo sur montañoso.

Aseguran que los exponen y los dejan a la deriva, aunque el fondo es meterles zancadillas para que se jubilen.

“Nos mandan a operativo 12 días, con cuatro días de descanso y dos de traslado”. Pero lo dejan claro: “ya no queremos andar en operativos porque ya ni hay aumentos”.

Dicen que el sábado pasado los reunieron en la corporación para informarles del despliegue operativo por “tiempo indefinido”.

No tardó nada la SSPE en aclarar que se trata de una rotación que sigue la estrategia permanente anticorrupción con la que se manejan las instituciones de seguridad, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública, con rotaciones sorpresa del personal, en acciones paralelas a los exámenes de confianza.

Asegura que es una práctica común en las fuerzas de seguridad, tanto de policías preventivos como de las fuerzas militares, a nivel nacional e internacional, para evitar las malas prácticas y la corrupción de las tropas, así como de generar lazos con grupos criminales, y que abarca incluso al sistema penitenciario.

Y, sobre todo, que hay 12 municipios que no cuentan con policía municipal, y en todos ellos ha desplegado personal por tiempo indefinido, hasta que los Ayuntamientos tengan la fuerza y la capacidad para conformar de nuevo a su policía.