Los derechos fundamentales, en la teoría, son aquellos que corresponden a todas las personas sin distinción. Pero, en la práctica, el garantizar que cada persona en un nuestro país tenga acceso a ellos, resulta mucho más complejo.

El derecho a la seguridad social es uno de estos derechos, que debe garantizarse, pero a lo largo de la historia, no ha podido concretarse del todo.

Entendamos la seguridad social como el conjunto de medidas, dotadas por el Estado para vivir en bienestar durante todas las etapas de su vida.

Para una gran mayoría la situación empeoró en la década de los 90´s, cuando se entregó esta función a entidades privadas denominadas “Administradoras de Fondos para el Retiro” (Afores) que, desde una perspectiva empresarial, manejaron el recurso con el que vivirían durante el retiro y la vejez millones de mexicanas y mexicanos que contribuyeron durante toda su vida laboral.

Son varios los motivos por los que un sistema de seguridad social debe ser administrado por el Estado, pero tal vez uno de los más importantes es la solidaridad gubernamental aparejada al fondo, que representa mayor certeza y, por tanto, menor volatilidad.

La tranquilidad de tener una pensión contributiva que permita alcanza el bienestar durante el retiro de las personas, debe ser prioritaria en el manejo de este fondo y solo puede ser logrado desde la administración pública, por medio de las instituciones que fueron creadas para proveer seguridad social: IMSS e Issste.

Hubo dos reformas trascendentales a este respecto, una en 1997 y otra en el 2007, que cambiaron significativamente el sistema. Se aumentó el tiempo que debían cotizar las y los trabajadores de 10 a 25 años cotizados. El ahorro anteriormente tenía una visión intergeneracional, es decir, quienes estaban aportando activamente daban parte de sus ingresos para mantener mejores condiciones a quienes por diferentes motivos (edad, enfermedad, etc.) no reciben ingresos para satisfacer sus necesidad básicas, con la promesa de que el Estado garantizara que otras personas lo harán por ellos al momento de pensionarse por vejez o enfermedad o jubilarse, actualizándose así el contrato social. Después de la reforma se constituyó como un ahorro individual.

No menos importante es el porcentaje de pensión que se recibía antes de la reforma que correspondía al 100% y después al 50% del salario con el que contaban al momento de jubilarse. Un cambio trascendental para los bolsillos de las y los trabajadores que, ante el recorte, prefieren ampliar lo más posible el tiempo para acceder a una jubilación y no ver mermado su ingreso.

Para una ciudad industrializada como Juárez, en la que el trabajo formal apareja un salario mínimo posiblemente apenas suficiente para subsistir, una reducción al porcentaje del ingreso que se recibe como pensión y el incremento de años para poder acceder a este derecho, genera condiciones que propician una injusticia social, que Juárez ha resentido durante muchísimos años.

La propuesta de reforma que está en manos de nuestros legisladores busca regresar la pensión que recibirán quienes se pensionen o jubilen al 100% del salario que tenían al momento de su jubilación y se ajustará el tiempo en puedan acceder a su derecho. Esta reforma, estará dirigida a las y los afiliados al IMSS y al Issste.

Las y los trabajadores de México, y particularmente de nuestra ciudad, una frontera que se destaca por una fuerza laboral activa, fuerte y muy amplia, merecen condiciones que les permita acceder a ingresos dignos, suficientes para vivir al menos como vivían cuando laboraban activamente, que sea propiciada por el Estado, que fortalezca el apoyo intergeneracional y sobre todo, el gran anhelo de justicia social.