En EU ya no aguantan a fiscal noroeste

-En EU ya no aguantan a fiscal noroeste

-Fiscalía y Aristeo van por round final a la SCJN

-Burocracia dorada de dientes para afuera

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-O más radicalismo del PJF o todos a la calle

Dicho de mala forma, pero realista, la Fiscalía de Zona Noroeste puede significar un plato suculento para actividades delictivas, pero dicho también en términos de solidaridad social y de cumplimiento con la ley, puede representar una oportunidad irrepetible de servicio a la comunidad.

Echemos ojo nomás a los municipios que comprende esa Fiscalía: la sede es el superatractivo Nuevo Casas Grandes; y también Casas Grandes, Buenaventura, Galeana, Ignacio Zaragoza, Janos, Madera y Gómez Farías. Nomás. Una zona muy golpeada por la delincuencia pero económicamente pujante y, por lo tanto, atractiva.

No sabemos a ciencia cierta el lado para el que se cargó el fiscal de aquella zona, Alejandro Vargas Salas, o solamente de plano no ha podido con el paquete, pues no lo aceptan ni las corporaciones de Estados Unidos con las que debe haber comunicación y colaboración permanente. Lo que hay hacia él es mucha desconfianza por una u otra razón.

Sabemos que el fiscal General, César Jáuregui, quedó sin espacio en su hoja de observaciones sobre el caso específico de Vargas y habría decidido su remoción aunque quizá no su expulsión de la institución.

Sería una posible rotación, le llaman en términos amables, aunque no podría ser a Chihuahua donde parece inamovible el fantasma fiscal centro, Heliodoro Araiza; menos a Juárez, donde genera respeto y mucha autoridad, Carlos Manuel Salas, así que solo quedaría un intercambio con el fiscal sur, apodado “Tatos-Tratos”, Juan Carlos Portillo Coronado, porque tampoco en la Occidente, con Silvia González al frente, tendría cabida.

Quizá porque no hallan en la Fiscalía General dónde acomodar a Vargas por eso no lo han sacado de la Noroeste, pero es un hecho que, más temprano que tarde, saldrá de la zona.

Ese fiscal tiene en aquella región apenas un año pasadito; fue nombrado en mayo del 2023. Relevó en el cargo a Imelda Guadalupe Marín Márquez, quien tuvo el honor de ser nombrada la primera fiscal de la zona apenas en febrero del 2022.

Esos movimientos en tiempos tan cercanos hablan precisamente de las complicaciones que representa la plaza, férreamente manejada por la delincuencia organizada.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió los recursos de revisión en el juicio de amparo 269/2022, promovidos por el sacerdote Aristeo B., así como por la Fiscalía de Chihuahua, ante la sentencia que protegió al acusado de delitos sexuales, dictada por el Primer Tribunal Colegiado con sede en Ciudad Juárez.

A pesar de haber ganado el amparo que exoneró al sacerdote este año, su misma defensa, encabezada por el constitucionalista Maclovio Murillo, promovió la revisión en la instancia superior; la Fiscalía hizo lo mismo, por su cuenta.

La instancia acusadora busca echar abajo el amparo a favor de Aristeo, mientras que él pretende obtener más de la protección concedida por la instancia judicial federal.

Desde el pasado 10 de junio de este año, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, emitió un acuerdo en el cual se consideró admisible el recurso de revisión hecho valer tanto en defensa del sacerdote Aristeo Trinidad,  como en favor de la tercera interesada (infanta considerada víctima).

Para resolverse la admisibilidad del recurso, consideró, entre otros aspectos, que en el recurso de revisión radicado con el número 4519/2025 en el más alto tribunal, se plantearon temas de estricta constitucionalidad y convencionalidad con relación a la interpretación del principio acusatorio que fueron materia de la sentencia de amparo.

“(...) a criterio de esta Presidencia se actualiza una cuestión propiamente constitucional, la cual reviste un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, en relación con los temas referidos. Por tanto (...) deben admitirse a trámite los recursos de revisión interpuestos”, dice textualmente el acuerdo.

Tal vez lleve semanas o meses la revisión en el máximo tribunal del país, pero es sin duda favorable para la justicia en este caso que durante años no ha sido resuelto de forma definitiva.

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Publicó la diputada morenista, América García, en su cuenta de Facebook una fotografía en la cual denuncia la “burocracia dorada”, mostrando su boleta anulada en el proceso de selección de magistrados al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

No tenemos bien a bien el salario de un diputado, pero entre sueldo nominal, compensación y muy diversos bonos, debe andar bajita la mano en 120 mil pesos mensuales, cerca de millón y medio anual solo en dichas percepciones.

Además de ese salario debemos contar también el aguinaldo, que es el 40 por ciento de sus emolumentos incluyendo compensación, lo cual significaría algo así como 500 mil pesos anuales.

Los diputados tienen acceso a gasolina, pago de celular y asesores –a quienes en algunos casos piden mochada por el privilegio de ir a ganar 40 del águila al mes, haciendo muy, pero muy poco-.

Tiene razón la diputada, “no a la burocracia dorada”, veremos por tanto si rechaza recibir el aguinaldo proporcional que recibirá en un par de semanas, con motivo del término de la legislatura, así como el ahorro realizado con apoyo del presupuesto del Congreso, y algún bono extra.

Por supuesto que no necesita decir si lo acepta o no, porque suponemos que esperará, al igual que el resto de los diputados, que caiga ese recurso de cientos de miles  en la tarjeta bancaria y ni pio dirá.

Lo demás, la foto denunciando la burocracia dorada, solo es para el anecdotario populista y el Face. ¿O alguien se lo creyó?

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Las calles, las protestas y/o recursos más enérgicos y de mayor calado, es todo lo que le queda al sistema judicial federal como ahora le conocemos para impedir su advertida extinción por parte de la Cuarta Transformación, encabezada por los presidentes saliente y la entrante, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Ha quedado claro que a los nuevos jefes del Poder Federal les importa menos que un comino cualquier opinión contraria a la decisión tomada de que el “sabio pueblo” elija a ministros, magistrados y jueces en procesos completamente opacos y por completo controlados por operadores de la Cuarta Transformación; así, igualito, como ha ocurrido con las elecciones constitucionales venezolanas, o con las encuestas de Morena para elegir candidatos, etc.

No hay para el Poder Judicial y sus decenas de miles de integrantes más futuro que los meses restantes de aquí a la ejecución de la advertencia obradorista, a menos que tomen medidas más radicales que una protesta y/o movilización de esas que no harán ni cosquillas a Palacio Nacional.

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El Instituto Estatal Electoral (IEE) está por declarar el cierre del proceso electoral 2023-2024 con un gasto, solo en la operación del organismo, superior en casi 100 millones de pesos al del 2020-2021.

Aun y cuando esta se trató de una elección concurrente, no se puede decir que hay diferencia con las elecciones locales pasadas, ya que el IEE solamente organiza los comicios meramente estatales.

Entre el primero de enero y el 19 de agosto de este año, el árbitro electoral devengó 647 millones 972 mil 101 pesos en los conceptos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, así como en Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

La cantidad es 72 millones 428 mil 266 pesos mayor a lo que, en esos mismos rubros, erogó el instituto en el 2021.

La mayor parte del gasto, por supuesto, se fue en servicios personales, lo que acapara sueldos de personal permanente y transitorio, además de estímulos y otras prestaciones económicas, con el 36 por ciento del uso del presupuesto de egresos. El porcentaje representa arriba de los 237 millones de pesos.

En el sector de materiales y suministros, que representan todos esos artículos de oficina o documentos oficiales, además de alimentos y utensilios y combustibles, el gasto rebasó los 81 millones.

Nada más en temas de publicidad y servicios de comunicación, el Instituto Estatal Electoral desembolsó 9.6 millones de pesos, pero aparte están otros 8.4 millones por servicios de traslado y viáticos, 21 millones en servicios oficiales y otros 9 en servicios generales.

Muchos de esos gastos son justificables, pues además de la organización que opera desde Chihuahua, en todos los municipios se instalaron asambleas municipales temporales, lo que ocupó múltiples servicios extraordinarios.

Falta todavía el informe del gasto de campañas y financiamiento público a partidos. Es un dineral el que cuesta la democracia.