-Hubo ayuda de SWAT extranjeros en tiroteo
-Casi lista oficialización de Cata en SSPE -Mercados huelen sangre de la reforma judicial -Salió Delicias, sigue Juárez y otras impugnaciones Ciertamente no hubo fatalidades que lamentar, pero en varios sentidos fue un auténtico desastre que muy poco a poco han ido superando la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). Por lo pronto varios policías estatales fueron secretamente dados de baja y un federal se recupera en un hospital de varios balazos. Los hechos ocurrieron casi la madrugada del pasado lunes en el interior de las instalaciones de la subdelegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), en la ciudad de Chihuahua, ubicadas por la avenida Universidad y casi División del Norte, muy cerca del centro de la capital, de Palacio de Gobierno. Los estatales habían llegado felices y contentos a la FGR para consignar a Eduardo Arizmendi Arias, a quien habían arrestado durante la noche con una carguita de 216 gramos de cristal, de los que obtendría varias miles de dosis. El detenido fue dejado en la patrulla mientras los agentes llenaban el papeleo ante el Ministerio Público en turno, pero dejaron sus dos armas largas en el vehículo, primer gran error; segundo error, no llevaba colocadas esposas metálicas, sino cinchos de plástico, amarrados por enfrente. Se quitó los plásticos, tomó una de las armas, sometió a seis federales y a los dos estatales; se atrincheró, armó balacera durante más de una hora hasta que llegó un equipo SWAT de la propia SSPE y lograron los agentes desactivarlo con el saldo de un federal lesionado. Ahora sabemos que en el operativo participaron como “observadores” elementos policiacos SWAT de varios países, España, Brasil y Argentina, que al momento de iniciar la balacera se aprestaban a iniciar trabajos de “coordinación y entrenamiento” con los estatales SWAT en las instalaciones del C4. Ayer fue vinculado finalmente a proceso el detenido por un juez federal mientras los estatales aprehensores eran despedidos y el resto del personal sometido a nuevos cursos para no olvidar los protocolos correspondientes. Aquel descuido pudo derivar en una tragedia mayúscula. Quizá también sea despedido el jefe inmediato de los policías responsables. El operativo “recordatorio” alcanzó a los estatales destacamentados en Juárez. *** Entre los legisladores más conservadores de Morena y PT, instruidos tanto los salientes como los entrantes para no despegarse de su curul en San Lázaro los siguientes días, hay inquietud sobre los cálculos que tengan hechos tanto el presidente, Andrés Manuel López Obrador como su sucesora, Claudia Sheinbaum. Los diputados federales tienen el gran pendiente de las reacciones que van a generar, primero, la aprobación en comisiones del dictamen de la reforma judicial y, segundo, su turno al pleno, en una sucesión de hechos que habrán de comenzar este lunes próximo. Nos explican que hay básicamente dos corrientes dentro de las bancadas de Morena y sus aliados, las actuales y la de la próxima legislatura, en la que muchos de los nombres se repiten, pero llegan además algunos nuevos para conformar la súper mayoría cantada por el Instituto Electoral. Una corriente ve riesgos importantes en el peso mexicano y el mercado de capitales una vez que salga el dictamen definitivo, la próxima semana, y ni se diga a la hora de someterse a votación en la Cámara de Diputados, con una aprobación previsiblemente abrumadora. La otra corriente asienta que los mercados, como los tiburones, huelen la sangre. En el caso de la reforma judicial, es probable que ya hayan asimilado tanto la dictaminación de la iniciativa como su previsible autorización con la mayoría calificada segura. De ser así, los sube y bajas de las semanas previas, caracterizadas por una volatilidad generadora de más incertidumbre, ya fueron el impacto de la reforma, al menos en los mercados y las decisiones de los capitales. O sea, peor no se habría de poner. Pero si no es así, habrá que agarrarse de los asientos a partir de este lunes que viene y el siguiente, el dos de septiembre, una vez inaugurada la siguiente legislatura el día anterior. *** En el fondo no está muy equivocada Claudia Sheinbaum cuando asegura que alguna parte de esos trabajadores del Poder Judicial de la Federación cobra sin trabajar. Ayer, en el segundo día de “paro” laboral en los juzgados federales que tienen sede en esta frontera, fue notoria la ausencia de gran parte de los inconformes que el miércoles se aglutinaron a primera hora, a las nueve de la mañana, afuera del edificio ubicado en la avenida Tecnológico. Si bien existe un número mínimo de jueces y personal administrativo de guardia, por supuesto también abogados de oficio y demás, a las frescas de las 10 de la mañana el número de trabajadores que protestaron afuera era mínimo. Muchos de ellos comenzaron a llegar después de esa hora. Si bien la Ley Federal del Trabajo no precisa sanciones por esta acción, y el empleador tiene derecho a no pagar el día no laborado, el apoyo a los compañeros que como todos los días se levantaron temprano, deja mucho que desear. *** Resolvió ayer la sala Guadalajara un total de seis asuntos electorales relacionados con el estado de Chihuahua entre ellos la distribución de regidores plurinominales en Delicias, SG-JDC-568/2024, confirmando lo que ya había resuelto el Tribunal Estatal Electoral y negando más posiciones a Morena. De acuerdo a fuentes internas del mismo tribunal estatal, los criterios con los cuales se realizó la distribución de esos regidores plurinominales en Delicias es la misma, casi una calca de lo que se hizo en Juárez y Chihuahua, por lo que tendrían que ser confirmadas ambas distribuciones de regidores plurinominales. Ha sido polémica la manera en que han sido repartidas las posiciones en los cabildos, porque la norma jurídica con la cual se están asignando es muy nueva, y privilegia al partido que ganó la mayoría relativa en el Ayuntamiento. Estábamos acostumbrados a que había un trato privilegiado para las minorías en la distribución de plurinominales, pero ahora cambia el criterio para darle también regidurías a quien ganó el Ayuntamiento. Ahora bien en el caso de Juárez pareciera que hay una mayor distorsión de esa mayoría que ganó el Ayuntamiento por diferencia abultada en votos, contrario a lo que ocurrió en Chihuahua donde si bien es cierto hay un triunfo ni cerquita es con los números que se obtuvieron aquí. Este tema tendría que revisarse en algún momento, con una visión de proteger a las minorías políticas, como históricamente se ha hecho, tanto a nivel local como federal, con la conformación del Congreso de la Unión, donde se está dejando a un lado dicho principio político. Dudamos que el tema vaya a ser siquiera discutido, toda vez que el partido hegemónico, en este caso Morena, se resistirá a cualquier modificación que afecte esa posición de comodidad, privilegio y sobre-representación legitimada por la norma en que se encuentra. *** Pronto será público el cantado nombramiento de la doctora, Claudia Arlett Espino, como directora General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), un área sin duda fundamental para la debida operación legal de dicha institución. Espino es conocida como “Cata”, Catalina, en la ciudad de Chihuahua y es precisamente afamada por su desarrollo en su materia profesional, desde la licenciatura hasta el doctorado. Es catedrática en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) como profesora investigadora y fue presidenta del Instituto Estatal Electoral, justo cuando arribó al Poder Ejecutivo Estatal la primera mujer gobernadora de la historia de Chihuahua, Maru Campos. La nueva funcionaria de la SSPE permanece en las oficinas de esa institución con sede en Juárez (aunque conferencias de prensa y el grueso de los asuntos siguen concentrados en la ciudad de Chihuahua) empapándose de los múltiples asuntos a los que debe empezar a dar trámite de inmediato. El área jurídica existía en SSPE por supuesto pero en conjunto con Asuntos Internos. Ahora será independiente. Es un reto que demanda el 100 por ciento del tiempo a la especialista en derecho. ***