-Severos contrastes entre Ingeniería y Arquitectura

-Contratación exprés de más de 1,500 en el IMSS

-Empieza el galimatías de la reforma judicial  

-Fideicomiso inútil para ahorrar electricidad

Ayer iniciamos en La Columna los análisis sobre el proceso que sigue en el alma mater de los juarenses; muchos le llaman también la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Fue electo recientemente nuevo rector, ahora sigue la designación de directores en los cuatro institutos que la conforman.

Hablamos ayer del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), de los prospectos (as) para suceder a un Juan Hernández Paz, visiblemente preocupado, ensimismado y hasta irritable en la medida que se acerca el tiempo de entregar el suculento pastel.

Quienes rodean al ingeniero jefe del influyente instituto aseguran que Hernández Paz exhibe nerviosismo, muy lejos de aquella seguridad en sí mismo que durante los últimos 20 años le permitieron a su equipo mantener la hegemonía en IIT.

Parece que la incertidumbre sobre el futuro y la aparente falta de un plan claro para la sucesión han contribuido a crear un ambiente tenso y denso en esa parte del campus universitario.

En contraste, -vamos al segundo análisis en esa sucesión de directores- en el vecino Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), el clima es muy diferente.

La actual directora, Guadalupe Gaytán Aguirre, parece haber planchado de manera efectiva el proceso de sucesión. Todo indica que el nuevo director  saldrá de entre un par de perfiles bien definidos: el doctor, Fausto Aguirre; y el maestro, René Saucedo.

Gaytán ha logrado mediar entre las diversas corrientes políticas dentro de su instituto, lo que ha contribuido a que el proceso de sucesión se vislumbre tranquilo y ordenado.

Mientras en el IIT la situación genera preocupación y tensión, en IADA se respira un ambiente de calma y previsibilidad. A ver si continúa igual luego que salga la convocatoria de elección respectiva; que no será el viernes, sino este jueves. Hoy sería aprobada por el Consejo Universitario.

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A lo largo de sus seis años como presidente, sus opositores le recordaron a Andrés Manuel López Obrador que “siempre hay un tuit” cada vez que se contradijo entre el AMLO presidente y el AMLO de oposición.

Ahora que es neo morenista, el ex panista Javier Corral Jurado enfrenta el mismo tipo de críticas en X, antes Twitter, principalmente por todas aquellas veces que escribió en contra de López Obrador y al partido al que pertenece como senador plurinominal.

Cómo le ha llovido a Corral últimamente en esa red social por todos esos recuerdos que siguen vigentes. Por ejemplo, el 17 de febrero del 2018, señaló que si en Morena alguno discrepaba, era expulsado del partido.

“Coincido con Ricardo; más que Partido, Morena parece una secta en donde se oye, se calla y se obedece; si alguien discrepa de @lopezobrador_ lo expulsan, si afuera alguien le hace sombra lo insultan o descalifican”.

Así dice el retuit que hizo a Ricardo A. Darín, un abogado de la Ciudad de México, férreo crítico del presidente, que entonces twitteó: “Ya quiero ver que uno de los discípulos de López Obrador lo cuestione…no se puede (sic), en ese partido su dios Todopoderoso tiene la última palabra…”.

No es el único. En su perfil aparecen desde que fue gobernador, múltiples evidencias similares sobre la urticaria que le ocasionaba la imagen del presidente que ya se va, pero que ahora los defiende ultranza de las acusaciones de corrupto que enfrenta como prófugo de la justicia.

Siempre hay un tuit. De Corral hay muchísimos que lo irán alcanzando mientras permanezca en la política. Su incongruencia, sus deslealtades, sus traiciones, llenarán muchos libros.

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La nueva dirigencia sindical del IMSS, encabezada por Jorge Herrera, recién electo en un polémico proceso de relevo, lanzó una convocatoria para adjudicar de forma exprés más de mil 500 plazas que habrán de ocuparse en la operación del Hospital General Regional 2, también apenas estrenado en Juárez.

Han de ser muchas, demasiadas las prisas por llenar el nosocomio que vinieron a supervisar el presidente Andrés Manuel López Obrador y la electa Claudia Sheinbaum, quienes deben haberse quedado con ganas de inaugurarlo porque los avances todavía eran incipientes en comparación con lo ofrecido, dado que estaba previsto que en julio comenzara a operar, pero hasta la fecha no ha podido.

Tal vez por ello, y no por alguna razón oculta, es que las plazas se pusieron en oferta con vigencia del pasado lunes 26 al jueves 29, mediante registro electrónico abierto directamente por la Secretaría de Admisión y Cambios del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por norma y como logro sindical -aunque eso no deja de llamar la atención y generar cuestionamientos- la prioridad en las contrataciones serán los familiares de los sindicalizados; de manera especial, para los que tienen mayor antigüedad y los que no hayan promovido el ingreso a la plantilla laboral de algún familiar en los últimos 10 años.

Como es conocido que en eso de las transas las directivas sindicales se pintan solas, además de restringir al parentesco el otorgamiento de plazas, por todos lados han comenzado a difundir desde las oficinas centrales que los trámites son gratuitos. A pesar de ello, no es descabellado pensar que vayan a surgir algunos vivales que quieran venderlas.

En fin, si el proceso es transparente, ordenado y legal, no tiene que haber problemas, además de que los números de trabajadores que se buscan da una idea de las dimensiones que tendrá el nosocomio, una vez que empiece a funcionar como es debido.

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Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con residencia en Chiapas dictó ayer una suspensión contra la iniciativa de reforma judicial dictaminada en la Cámara de Diputados, que habrá de ser pasada a la siguiente legislatura para su aprobación.

La medida fue ordenada dentro del juicio de amparo que promovió un magistrado federal, diciéndose afectado por el proceso legislativo que, de concretarse, en su visión, le afectaría en sus derechos vigentes, que le deberían garantizar su permanencia en el Poder Judicial y una adecuada retribución o indemnización en caso de un retiro forzoso como contempla la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta ayer no quedaban claros los alcances de la resolución dentro del juicio de amparo, inicialmente rechazado por un juez de distrito.

Sin embargo, esto podría ser el comienzo del verdadero galimatías de la reforma judicial, si llega a entramparse en medio del proceso legislativo; ni se diga si, tras aprobarse en San Lázaro y posiblemente en el Senado de la República -donde la mayoría morenista ya trabaja en comprar los votos que le faltan para la mayoría calificada-, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación busca tratar de invalidarla.

El debate jurídico es bastante intenso para definir hasta dónde puede el Poder Judicial meterse a terrenos del Legislativo y hasta dónde los legisladores, al resolver una iniciativa del Ejecutivo, pueden meterse a los dominios de la justicia federal.

Esto apunta a convertirse en un embrollo cada vez mayor.

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Envió la Gerente de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Eloisa Bombela Torres, el oficio número CRI/GRI/UEL/268/2024, en respuesta al acuerdo LXVII/PPACU/0894/2024 II D.P., dirigido por la legislatura local al gobierno federal para que realice diversas acciones en conjunto con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

¿Qué pedían los diputados locales?, que la federación realice estudios, busque técnicas modernas y económicas para hacer térmicas las viviendas e implemente programas de financiamiento para acceder a este tipo de aislantes, con la finalidad de que en temporadas altas de calor o frío no sea tan alto el consumo de energía y así evitar los apagones que se han venido suscitando en nuestro país.

Como respuesta, dicha funcionaria simplemente brindó información sobre el Fideicomiso 728 FIPARTERM, que ofrece soluciones para para el uso eficiente y el ahorro de energía eléctrica, apoyos técnicos y financiamientos para la adquisición de equipos de alta eficiencia, como el aislamiento térmico.

¿Pues sí y luego? Dónde está la disponibilidad para firmar convenio que de inmediato mejore las condiciones de dicho fideicomiso, porque resulta que, desde su creación en 2017, apenas ha beneficiado a 130 mil familias en las Baja Californias, Sonora, Chihuahua -particularmente ciudad Juárez y la capital, donde supuestamente hay oficinas de gestión-, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Guadalajara, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, lo cual es absolutamente nada.

Son presumidos ahorros de 7 mil 930 Giga Watts por hora, con generación de .5 GWH de electricidad mediante paneles solares financiados y pagados por esos miles de usuarios, con una emisión evitada de CO2 de 3.10 millones, que insistimos es nada frente al fuerte consumo de electricidad de las entidades federativas supuestamente beneficiadas.

Nada se dijo de una revisión a la tarifa, que Chihuahua ha peleado desde siempre y que le ha sido negada caprichosamente por la paraestatal.