-Ahora es la Santa Muerte prioridad de seguridad

-Juezas incómodas entre la espada y la pared

-Viene el martillazo a guardaespaldas del corralato

-Hará Corral la lucha pero no tiene defensa

En los últimos dos años, agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal han dejado registro de más de una veintena de casos en Juárez, en los que la figura de la Santa Muerte y de sus fieles seguidores aparecen relacionados con delitos sangrientos.

El fenómeno es nacional y, sin embargo, no ha sido debidamente documentado como para probar el vínculo de una o varias sectas con cierto tipo de delincuencia organizada. Eso no quita que, sin duda, hay una estrecha relación entre el crimen y eso que se promueve como una iglesia o un culto confesional que bajo cualquier óptica racional parece disparatado. De risa, de no ser por las tragedias que encierra.

Esa vinculación aparece con mayor frecuencia en zonas densamente pobladas e inseguras, de las que especialmente Juárez forma parte por su propia dinámica demográfica y económica, tan cerca del desarrollo estadounidense, pero a la vez tan lejos de Dios, expresión que le cae como anillo al dedo a esa perversa cultura de la muerte en la que está inmersa la frontera.

El último caso aquí fue el documentado en investigaciones de la Fiscalía de la Mujer en la Zona Norte la semana pasada, tras el asesinato de María Guadalupe R., alias “La Bruja”.

Ella fue asesinada en legítima defensa por un joven padre cuyo bebé iba a ser ofrecido en sacrificio por la mujer, integrante de “Los Mexicles” y fiel adoradora de la Santa Muerte.

La misma “Bruja” que pretendía sacrificar al niño, que era además su sobrino de apenas 18 meses de edad, habría ofrecido otro sacrificio humano a principios de mayo, en un supuesto ritual que involucraba uso de drogas y rezos entre lo satánico y la adoración a la “narcodeidad”, como es conocida entre los sociólogos la cabeza de ese movimiento dizque religioso.

María Guadalupe era conocida por hacerles limpias y vender drogas del grupo criminal que pertenecía, así como del mantenimiento y la recolección de limosnas de algunas capillas ubicadas en “Los Kilómetros” y sus alrededores.

Pero esto es apenas una cara de las muchas que tienen los seguidores de un culto que se extiende por toda la ciudad.

Hay en redes (pueden verse imágenes en versión digital de La Columna) publicaciones que invitan a cultos dominicales a la “narcosanta” y, de acuerdo con quienes han investigado por encima la vinculación efectiva entre la fe y la delincuencia, su crecimiento ha sido acelerado en los últimos cinco años.

Nos aseguran que la página  “Santuario Santa Muerte Cd Juárez” (sic), por ejemplo, no rebasaba los seis mil seguidores a mediados de 2022 y ahora señala que tiene 11 mil. Ese “templo” de la Ramón Rayón luce lleno cada domingo primero y tercero del mes.

La libertad de culto queda rebasada para definir ese movimiento sincrético de visiones religiosas, especialmente vinculado a la delincuencia y a la violencia. ¿Pero cómo combatirlo? Ese es el gran reto, al que no hayan por dónde entrarle gobiernos y corporaciones de seguridad.

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Incómodas siempre para la gestión de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, las juezas Alejandra Ramos y Sabela Patricia Asiain se dieron vuelo burlándose de las varias convocatorias de la magistrada para llamar a la unidad del Poder Judicial del Estado, ante la reforma nacional que está en marcha.

La cabeza de la justicia estatal emprendió toda la semana pasada la tarea de abrir el diálogo con los juzgadores de todos los niveles, para comenzar a discutir las repercusiones que tendría la eventual reforma judicial y las formas que tendrán para hacerle frente.

Tuvo cierto éxito en esa empresa pues, desde luego, a los jueces y magistrados les asusta la revolución judicial que habrá de generar la reforma que promueve el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a fin de que todos los cargos jurisdiccionales sean sometidos al voto popular.

Pero al activismo de Hernández, las jueces respondieron con ataques más personales y políticos que con razonamientos o argumentos específicos sobre el tema.

“Las mismas personas que de 2022 a 2024 sustituyeron el concurso de méritos y de oposición para ocupar magistraturas del Tribunal (TSJE), por cuotas en favor de hombres y de perfiles políticos, hoy nos piden a jueces y juezas que les apoyemos a defender la independencia judicial”, posteó Ramos en su cuenta de X, tras algunas de las convocatorias de la magistrada presidenta.

“Lamentable ver un ejercicio de incongruencia en el que se nos pretende usar a las personas juzgadoras. La independencia judicial se defiende siempre, no cuando es conveniente”, secundó Asiain Hernández.

Las respuestas a ese llamado de unidad del Poder Judicial del Estado fueron catalogadas por sus propios compañeros juzgadores como ambiguas, pero entendibles. Son opositoras al oficialismo judicial, pero están entre la espada y la pared porque no saben qué les espera con la reforma.

Tal vez eso las lleva a no definirse con claridad si están a favor o en contra, ni a mostrar lo que piensan en realidad por mero temor político. Son, también, reflejo de mucho lo que ocurre dentro del Tribunal Superior: muchos saben que debe reformarse profundamente, pero la reforma planteada no les convence.

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La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, encabezada por el priista Omar Bazán, dará el martillazo este día al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), con la aprobación del dictamen para incrementar de tres a cinco magistrados este órgano autónomo.

La propuesta del panista Alfredo Chávez, dicen en la torre legislativa, seguramente pasará en esta primera instancia para subirse cuanto antes al pleno, donde también está casi garantizada la votación mayoritaria.

Es también muy probable, según los cálculos de los conocedores, que, de forma paralela al proceso de reconformación del órgano jurisdiccional, termine por entregar por su cargo la magistrada presidenta del TEJA, Mayra Arróniz, suspendida por irregularidades detectadas por el Órgano Interno de Control (OIC).

Todo esto apuntaría no a crecer la nómina burocrática del TEJA con dos nuevos magistrados que le agregarían los diputados y un tercero que llegaría al relevo de Arróniz; más bien, dicen, acabaría por sacudir y barrer ese resquicio corralista, en el que hasta ahora siguen Alejandro Tavares y Gregorio Morales, impuestos por Javier Corral en 2019, para un breve periodo de 15 años.

Por ahí puede ir la jugada, finalmente, para poner a trabajar ese tribunal que emite unas cuantas sentencias al año, la mayoría intrascendentes, quitándole su papel de guardaespaldas del corralismo.

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Escurridizo y mañosón, veremos si el día 23 de julio el exgobernador Javier Corral presenta argumentos para refutar las acusaciones administrativas y de enriquecimiento ilícito realizadas en su contra, en el expediente iniciado por el terreno caliente de la Costa Rica. Si lo hace, lo hará ad cautelam, como dicen los abogados.

Porque más bien, conociéndolo, vendrá un amparo en contra de la notificación e inclusive de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, o vaya usted a saber qué, pero peleará con uñas y dientes milímetro a milímetro el tema, con la única razón de alargarlo en el tiempo.

Necesita ganar unas semanas en que el Instituto Nacional Electoral (INE) hace la distribución de las senadurías plurinominales y éstas quedan firmes de cualquier recurso presentado ante el Tribunal Federal Electoral.

No va a batallar mucho, con los puros tiempos del procedimiento administrativo tendría para patear el bote hasta septiembre e incluso más allá, cuando será intocado, en virtud del fuero constitucional, que como manto protector caería sobre su espalda. Algo así como aquel, duartista, Antonio Tarín, que buscó el fuero de la diputación mientras lo perseguían los sabuesos de Corral.

Por eso creemos que habrá dos, tres o más amparos, buscando la suspensión o al menos, la reposición de procedimientos, paradójicamente del Poder Judicial que junto con la 4T pretenderá derrumbar casi desde sus cimientos, con la elección masiva de casi dos mil jueces, magistrados y ministros.

Pruebas hay muchas para acelerar el proceso. Ahí están las declaraciones patrimoniales donde no aparece el terreno caliente, así como el incumplimiento de obligaciones fiscales municipales por el mismo inmueble.

Tiene razón Bazán cuando señala que no hay confianza en el TEJA, cuyos magistrados fueron designados en el corralato, sin embargo, la reforma para reintegrar dicho órgano jurisdiccional apenas va a ser dictaminado, para equilibrar los votos con dos magistraturas adicionales.

Esos magistrados no necesitan siquiera mancharse las manos protegiendo a Corral, como lo hizo la Función Pública en la administración pasada, pendiendo una denuncia o clonando números de oficio, la inactividad de quienes debieron moverle al tema es más que suficiente para ayudarle al futuro senador a burlar de nuevo la ley.