-Nado sincronizado de Corral y su prófugo tesorero

-Avalan aceitar el Tribunal Administrativo

-Tiradores por el municipal azul

-Impugnaciones van apenas a la mitad

El nado sincronizado del que tanto le gusta hablar al exgobernador Javier Corral (frase que le pirateó a su exocio, Juan Carlo Loera) tiene una muestra perfecta en el proceso con el que trató de castigar y acallar a El Diario, con una visceral demanda ante la justicia de Estados Unidos que acaba de resolverse a favor de esta editora.

El flojonazo golfista comenzó en 2020 con una reclamación en tribunales de Texas contra el exgobernador César Duarte, para la cual el Gobierno del Estado contrató un despacho privado de Estados Unidos.

La misión era recuperar supuestos bienes adquiridos de forma ilegal, con recursos públicos presuntamente desviados por su antecesor en el país vecino.

En su perversidad y patológica mala fe, un año después incluyó al presidente y director general de la editora de los Diarios, Osvaldo Rodríguez Borunda, en la demanda inicial, pero sin aportar elemento alguno de prueba orientado a acreditar una conducta que violara leyes de México o de Estados Unidos.

Fue su venganza contra El Diario por publicar las verdades de su gobierno, que transitó entre la corrupción y la ineficiencia.

Ardido por la información publicada sobre su pésima administración, embistió jurídicamente a los periódicos que jamás se doblegaron ante esos intentos de silenciarlos.

Su nado sincronizado -del que él habla cuando se publica información de sus corruptelas- fue complementado con la promoción de esos recursos presentados en Estados Unidos, que hizo en su calidad de gobernador y también como ciudadano de ese país; en ejercicio de esa ciudadanía a la que falsamente dijo que había renunciado.

Firmaron incluso las reclamaciones el entonces secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, hoy prófugo de la justicia de Chihuahua por peculado; además del fiscal César Arturo Peniche (al que tarde o temprano lo alcanzará también la justicia por este hecho) y el que fuera secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles. Todo el estado para una causa personalísima y visceral de quien creía que su poder le alcanzaría para manipular tribunales extranjeros.

Así, falta desentrañar, y le corresponde a la administración estatal actual hacerlo, los excesos en que incurrió Corral contra El Diario en su falaz búsqueda de justicia. ¿Quién pagó al despacho particular estadunidense Buzbee si en el estado no hay registro de contratación... pero sí la demanda en nombre del estado y la firma de puño y letra de los tres funcionarios citados?

Por ahora, el golfista es investigado por enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, su extesorero huyó del estado ante la acusación de haber desviado 100 millones de pesos y las causas iniciadas por su administración han caído a pedazos con el paso de los años, evidencia clara del fracaso político y moral de quien pretende seguir de vividor del erario otros seis años, cobijado por la 4T.

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Con los votos de los panistas Alfredo Chávez y Georgina Bujanda, así como del priista Omar Bazán y la morenista Adriana Terrazas, ayer quedó aprobado el dictamen para reformar el oxidado Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), creado en el corralato para cubrir las espaldas de los funcionarios de ese régimen.

Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con los votos en contra de la morenista Jael Argüelles y del naranja, Francisco “Pancho” Sánchez, avalaron la propuesta albiazul de que el TEJA cuente con cinco magistrados, dos más que en la actualidad, para operar con tres salas unitarias administrativas y dos especializadas en materia de responsabilidades administrativas.

Aunado a lo anterior, entre otras cosas, la reforma plantea ampliar las atribuciones del tribunal para resolver diversos recursos y establecer criterios en casos de ambigüedad legal; y que las magistraturas sean designadas por el Congreso del Estado.

Con esos puntos clave, el dictamen podrá ser votado, con mayoría garantizada, en un periodo extraordinario esta misma semana.

Como lo anticipamos, el acuerdo político para sacar la reforma está orientado a ponerle algo de aceite para que realmente trabaje y sirva de algo el TEJA, convertido en escudo de los corralistas acusados de corrupción.

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Está necesariamente en cálculos de Xóchitl Contreras permanecer en el cargo junto con la diputación local durante un período más de tres años, para lo cual tendría que ser electa o “ratificada”, según se acomode la convocatoria respectiva.

Sin embargo, hacia el interior del partido hay tiradores, de los distintos grupos e individualidades, como Víctor Talamantes, la gente de Ramón Galindo, etc., muchos, pero pocos con posibilidades reales, para ir tras unos 600 electores que siempre son los que deciden, la mitad del padrón.

Está el ala de los dhiacos como fieras heridas por las condiciones del grupo, ya que perdieron la diputación federal y la local, el cuarto en ambos casos, con Marisela Terrazas y Austria Galindo, y muy probablemente haya un golpe a la mesa con Óscar Ibáñez, que es líder político de esa corriente y obedece sus consignas, no las instrucciones de su jefa la gobernadora.

Van entonces a buscar la presidencia del Comité Municipal, contracorriente, montados en los cerca de 160 votos con que cuentan aun partiendo de la base de que no todos jalan para donde mismo, ya que son expertos en operación quintacolumna.

Deberán por sobrevivencia buscar afianzarse de donde se pueda y una de esas posiciones es el Comité Municipal, tienen votos y capacidad económica para allegarse grupos y con ello votos.

También es tirador Gerardo Rivas, quien trabaja con la priista Rosy Gaytán en la Secretaría de Seguridad Pública. Es líder de un grupo que se llama Alfa, y que tiene unos 140 votos de militantes del PAN, prestos para sufragar.

Él, igual que el Dhiac, tienen una buena base electoral para buscar la posición, pero no es decisión simple de la democracia o el sufragio libre de militantes, sino que el partido tiene mano y por supuesto la gobernadora como cabeza moral.

Habrá luz verde primero en la renovación nacional del partido, luego viene el estatal y al final el municipal; entonces así es como vendrá bajando la línea de las definiciones.

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Pasado ya más del mes de las elecciones, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE) van apenas a la mitad de la carga del trabajo que les dejó la ola de impugnaciones al proceso local.

Más o menos recibieron 144 asuntos y, hasta ayer, habían resuelto apenas aproximadamente la mitad. Les tomó a los tres magistrados que toman decisiones en materia electoral en el estado un mes desahogar la primera mitad de los expedientes, muchos de ellos considerados pipitilla.

No hubo por ejemplo modificaciones a candidaturas de las elecciones locales de Uruachi, Gómez Farías, Ascensión, Aldama, Saucillo Namiquipa y Carichí.

Hay entre los casos más sobresalientes el Procedimiento Sancionador Especial número 346 promovido por el PAN en contra de Soledad Sánchez Mendoza, candidata a la presidencia municipal de Hidalgo del Parral por Movimiento Ciudadano, por compra y coacción del voto, el cual se determinó procedente.

Sánchez Mendoza también será sancionada por la misma falta que consta en el PES-390 con una amonestación pública y una multa al partido al que pertenece.

Resaltan también infracciones que resultaron existentes como la PES-373 en contra de María Esther Mejía Cruz, abanderada por el mismo MC al ayuntamiento juarense.

Todavía siguen pendientes al menos 80 asuntos por resolver, entre ellos controversias contra las elecciones de Juárez y Chihuahua, cuyas asambleas municipales siguen abiertas porque tienen en las bodegas material que eventualmente pudiera ser requerido por dicho órgano jurisdiccional.

Eso significa que aún le falta por lo menos un mes más al proceso electoral 2023-2024, para declararlo formalmente concluido, con todos los honorarios que ello implica.