-Mentir resultó para Trump un atributo

-Aumento de 14 por ciento en el agua

-Rezago millonario en tribunales

-La basura por las nubes

Desde múltiples puntos de vista es comprensible la actitud antiinmigrante de Donald Trump y sus machaconas amenazas contra el crimen organizado.

Ambos temas, y el económico binacional desde luego, tienen que ver al 200 por ciento con México y un ánimo norteamericano generalizado contra nuestro país.

No hay duda que pasará de las advertencias campañeras a los hechos apenas retome su control de la Casa Blanca y las riendas de la llamada más poderosa nación del planeta. Fuera migrantes ilegales, refuerzo del muro y ataque a los grupos delictivos trasnacionales.

De acuerdo en esa parte, pero solo un profundo análisis idiosincrático, una revisión a la condición humana más allá de la lógica convencional, puede explicar la decisión electoral tomada el martes por el grueso de los ciudadanos estadunidenses.

Resulta a todas luces incomprensible le hayan otorgado un segundo periodo como mandatario a Trump no por su franco racismo en materia migratoria, insistimos, sino por su probado desprecio por las leyes, por la verdad y por la decencia en su más amplio significado.

La mentira, el perjurio, son de los conceptos mayormente penalizados por las leyes americanas pero en Donald Trump está siendo valoradas como atributos dignos de confianza.

Han sido justo las mentiras y las falsedades sobre las que edificó su campaña las que lo están colocando de nuevo en la silla presidencial por otros cuatro años y no debe esperarse que gobierne de manera distinta.

La democracia tiene también sus formas inescrutables e implacables de hacerse sentir sea con humanistas pero también con dictadores o tiranos. La historia rebosa de ejemplos.

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Los administradores de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) debieron tomar clases de matemáticas en la misma escuela que las cursó el expresidente, Enrique Peña Nieto, aquel del memorable cinco es menor que uno.

Tenemos a la vista dos recibos llegados a un usuario de agua potable para comprobar no solo esa “dislexia matemática”, sino el aumento considerable en la tarifa que ha negado la empresa de gobierno.

En un recibo con fecha de lectura del 2 de octubre del 2023 presenta un consumo de 22 metros cúbicos del “vital líquido” con un costo de 501 pesos; pero el recibo con el mismo número de cuenta fechado el 30 de octubre de este año (todavía sin pagar) es de 572 pesos por un consumo de 20 metros cúbicos. Más cobro por menos consumo.

El dato exhibe un poco o un mucho desorden en los números de la JMAS y comprueba que sí existe el aumento tantas veces negado; entre 500 pesos y 572 hay una diferencia importante, 14 por ciento, varias veces lejana a la inflación promedio anual del cuatro por ciento.

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Como una de las últimas 13 plazas de los 32 circuitos judiciales que pararon actividades, la de Juárez acumuló un rezago de unos cuatro mil trámites, entre incidentes, promociones y demandas, durante el paro de casi tres meses de la justicia federal.

Apenas levantado ayer, y eso a medias, el reclamo de los empleados del Poder Judicial Federal en la frontera ha dejado daños que podrían contabilizarse en millones de pesos, al menos en lo que corresponde a los asuntos administrativos y mercantiles.

Pero hay un sector dentro de la iniciativa privada que sigue creyendo que esas pérdidas, no cuantificadas ni estimadas de manera formal, son menores a los daños que a largo plazo traerá la reforma judicial, tan polémica como obligada por la nueva corriente política dominante en el país.

Vencido todo recurso jurídico y legislativo, incluso con el jaloneo hasta el nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces y magistrados, principales afectados con la reforma, también debieron comenzar a doblar las manos ante el cambio que ordena su salida, si no aceptan postularse para buscar las posiciones que tienen mediante un proceso con votación directa de la población.

De ahí el acuerdo de los magistrados de circuito y los jueces de distrito, María Guadalupe Contreras y Ernesto Cornejo, respectivamente, para el acuerdo de regreso a las labores a partir de ayer. No les quedó de otra a pesar de la insistencia de juzgadores de todo el país para mantenerse en paro indefinido de trabajo.

La realidad, como anticipamos, es que el respaldo de la base trabajadora, a cargo de los juzgadores, cada vez estaba más disminuido, al no existir afectación alguna a los derechos de esos empleados judiciales hasta nivel de secretarios.

La estabilidad de los procesos judiciales, sin embargo, estará todavía mucho tiempo en juego, por las consecuencias del paro y por la incertidumbre que sigue pesando sobre la reforma.

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Hay en la Plataforma Nacional de Transparencia del Ayuntamiento de Juárez, un indicador de toneladas de basura recolectadas por trimestre.

El último indicador es el relativo a los meses de julio a septiembre, con una meta programada de 29 mil toneladas trimestrales.

Pero resulta, que la recolección se disparó un 223 por ciento, para llegar a las 63 mil toneladas, más del doble.

Por cada tonelada recolectada, el Ayuntamiento paga más o menos 700 pesos, lo que genera una suma millonaria, nada más unos 44 millones de pesos en números cerrados.

Debería haberse pagado solo la mitad, si los ciudadanos hubieran generado la basura estimada por la dirección de Limpia, pero la sobrepasaron con mucho.

De poco han servido las campañas de reducción en la generación de basura, implementadas por los diversos niveles de gobierno.

Las personas siguen generando basura, impulsadas por el consumo y que los productos en su mayoría son no retornables, y generan muchísimo plástico, papel entre otros muchos materiales.

Si de manera normal generan basura los juarenses, no se diga en eventos especiales, como la tradicional feria, en la que -en tan solo tres semanas, del 7 al 30 de junio- fueron generadas 480 toneladas.

Tendría que redoblarse el esfuerzo en crear conciencia, no solo de los tres niveles de gobierno, sino de la sociedad en su conjunto, para abatir ese crecimiento monumental en el indicador de recolección que encontramos en la Plataforma Nacional de Transparencia.

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El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, visitará el Pueblito Mexicano mañana.

Dará el banderazo de arranque al tan esperado programa Borrón y Cuenta Nueva.

En la etapa final del año, es un alivio para las familias juarenses este programa. Los ayuda con los impuestos que no pudieron pagar, por equis o ye, desde el principio.

A simple vista, la propuesta parece un alivio para los ciudadanos que arrastran deudas fiscales. Ofrece descuentos de hasta un 90 por ciento en recargos, y hasta un 40 en trámites como la renovación de licencias de conducir; además se extiende a empresarios, transportistas y otros sectores, lo que resulta favorable para todos.

La visita de Granillo coincide con la remodelación de las oficinas de Comunicación Social. Este espacio era utilizado por la dependencia que dirigía Carlos Barranco, y ahora está bajo la gestión de Amparo Beltrán, quien por cierto debe enfrentar dificultades para operar en un espacio reducido.

Aquí el caso toma un giro hacia la política local, porque el manejo de la comunicación oficial se ha convertido en un tema sensible en el gobierno del estado.

A nadie escapa el hecho de que el manejo de dicha área ha sido problemático en los últimos años porque ha sido utilizado en exclusiva para dos o tres funcionarios de alto rango y paremos de contar.

El hecho de que las oficinas de Comunicación Social hayan sido reconfiguradas para dar cabida a la nueva estrategia de imagen, tiene el trasfondo mayor de redirigir el barco hundido que dejó el anterior jefe del área.