-Mariachi de sus amigas a Garduño al Wyndham
-Agarran año de Hidalgo jueces y magistrados
-Avanza el reloj sin reforma judicial estatal
-El foco cada vez más rojo de los feminicidios
La semana pasada, el todavía comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, se despidió del personal en Juárez.
Se conocen muy bien porque desde que está sujeto a un cada vez más laxo proceso penal viene a la frontera cada 15 días. Ya ni de eso tendrá necesidad ahora que le acomodaron todo para que siga firmando casi en la comodidad de su casa, en la Ciudad de México.
Desde aquí despacha asuntos personales y familiares, por algo casi siempre viene con su hijo; come en lugares caros, va a firmar a los juzgados federales y a veces hasta trabaja, suponemos; de alguna forma debe justificarse el cargo de todo al presupuesto federal.
Nombrado por su amigo Andrés Manuel, que lo protegió incluso después de la muerte de 40 migrantes en la estación de esta ciudad en marzo de 2023, Garduño ha sido sostenido en el cargo desde el comienzo de la administración de Claudia Sheinbaum, con el pretexto de que va a esperar a diciembre para que pueda asumir como titular del INM cierto gobernador morenista que acaba su gestión en ese mes.
Además de hincarle el diente al presupuesto, el comisionado (comisionista, le dicen algunos porque también carga señalamientos de “maletero”) ha sido denunciado constantemente como parte del juego de intereses ilícitos detrás de la migración desbordada.
Ahí aparece su nombre en algunos reportes de inteligencia, junto con los de reconocidos Mexicles, Empresa, Aztecas, Doblados y demás ilustres personalidades de la frontera.
Pero parece que a Garduño se le acabó el 20 en definitiva, porque en su visita de la semana pasada se despidió de los agentes. Les dijo que era la última vez que venía, pero no saben si se refería nomás a estas visitas oficiales en las que aprovecha para firmar o si también ya estaba seguro que el caso penal en su contra concluirá sin mayores consecuencias para él, como las que ha enfrentado hasta ahora, con todas las comodidades y lujos que le permite el alto cargo público obtenido en la 4T.
Sabemos que hasta mariachi le llevaron al Wyndham de atrás del Consulado el jueves al mediodía, así aparece en uno de los estados de redes sociales de Zaira Carrasco, una de sus más allegadas en Chihuahua. La imagen puede verse en la edición digital de La Columna.
En otra foto del mismo día de su despedida, aparece Garduño con Carla Angélica Oliver a su lado en uno de los puentes internacionales, aunque ella nada tenía que hacer ahí si su cargo migratorio tiene como base el aeropuerto Abraham González.
Ellas, Zaira y Angélica, serán dos de las más dolientes del INM, cuando Garduño deba dejar su cargo en estos siguientes días.
En esta negra era que termina del organismo que fracasó, de la forma más escandalosa posible, en la gestión migratoria, tal vez también acaben meteóricas y sospechosas carreras muy ligadas al comisionado-comisionista saliente.
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En las instancias de procuración de justicia hay una preocupación real, fuera de consideraciones políticas, por una de las consecuencias de la reforma judicial que ya comienza a generar estragos en la persecución de los delitos.
Por un lado, hay casos de amparos extendidos por siglos con pretexto del paro del sistema de justicia federal de casi tres meses, los cuales representan verdaderas injusticias y afectaciones severas para la gente.
A guisa de ejemplo, está el caso del juicio al exgobernador César Duarte, que además de las chicanadas para evitarlo sigue entrampado en los tribunales federales, por amparos y promociones sin resolver que a los jueces los tienen sin cuidado.
Otro botón de muestra es un escandaloso caso de Camargo, donde un sujeto entonces menor de edad, en 2022, Erick D.B, casi mata a su novia Mya Naomi de 47 puñaladas. Está sentenciado a casi cuatro años de prisión, pero no ha pisado un reclusorio en todo el proceso, gracias a la ayudadita que le han dado jueces estatales y federales.
Por otro lado, comienza a surgir una corriente de juzgadores que, sin recato alguno, parecen favorecer la impunidad y a los presuntos responsables de los delitos, lo que ha generado fundadas sospechas de que están haciendo negocios con la justicia, ahora que tienen la guillotina encima.
Es cada vez más común escuchar las quejas de fiscales, agentes del Ministerio Público e involucrados en asuntos de la justicia, por jueces que quieren hacer su agosto y aprovechar el año de Hidalgo, antes de que llegue la reforma con la que habrán de elegirse por voto popular.
Es poco el tiempo que falta para que se cumpla la elección de jueces, de aquí a junio del año entrante, pero son muchos los meses que pueden aprovechar los juzgadores corruptos.
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Por cierto, siguen corriendo los plazos para la reforma a la justicia estatal, a la que obliga la nacional, y no ha quedado definida la ruta que habrán de seguir el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pese a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de doblar las manos ante el nuevo sistema que impulsa la 4T con su mayoría arrasadora en las cámaras.
En Palacio de Gobierno hablan de una posible propuesta casi afinada y con luz verde para plantearse al Congreso, mientras los coordinadores parlamentarios principales, Cuauhtémoc Estrada de Morena y Alfredo Chávez del PAN, siguen sin comprender la O por lo redondo.
El reloj de la reforma constitucional nacional avanza sin detenerse y a nivel estatal todos los factores del poder siguen sin encontrarle la cuadratura al círculo.
Es más, han surgido hasta radicales panistas que les hacen más caso a las locas ideas separatistas del diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco “Pancho” Sánchez, que a las tibias directrices de su partido y a las obligaciones que impone la reforma constitucional, que es de aplicación obligatoria, no opcional.
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La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) está vigente en Chihuahua desde agosto de 2021, contra todos los intentos de la administración de Javier Corral por frenarla y ocultar con discursos huecos el grave problema.
El mecanismo que obliga a todos los niveles de encauzar recursos a la prevención de las violencias contra las mujeres, desde la psicológica y otras manifestaciones leves hasta la feminicida, fue declarado para cinco municipios de la entidad: Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Guadalupe y Calvo, todos, lamentablemente, en el ranking nacional con lugares destacados.
Pese a eso, el problema parece extenderse de esos cinco municipios a una veintena, que corresponden a un tercio del total de municipios, unos más poblados que otros, pero con niveles irracionalmente altos de violencia feminicida.
Hay dos consideraciones que hacen los especialistas al respecto, que tanto la autoridad estatal como la federal deberían atender y comprender.
En primer término, la AVGM parece no dar respuesta a la prevención que en teoría busca, porque la incidencia de violencia contra las mujeres, en el mejor de los casos, se mantiene; en el peor, va al alza tanto en las grandes localidades como en las pequeñas.
En segundo término, ni la violencia familiar, que deriva en consecuencias cada vez más graves si no se detiene, ni el feminicidio han sido atendidos con la debida atingencia, desde su reciente tipificación orientada a frenar, perseguir y sancionar estos delitos.
La cuota de sangre que siguen pagando las mujeres y la sociedad lastimada por estos crímenes es muy alta como para no prestarle la atención ágil que demanda.
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