-Poco le apura ver morir a los demás

-¿Y el enlace Palacio-Tribunal-Congreso?

-A Morena más de 3 de cada 10 pesos

-Firmas de Daniela y reclamos de Cristina

En persignados círculos albiazules ha comenzado a hablarse que el senador morenista Javier Corral, ayer gobernador panista, de plano parece haber traicionado a quien fue su tesorero durante los cinco años de su desastroso paso por el Ejecutivo estatal, Arturo Fuentes Vélez.

El apellido del exsecretario de Hacienda del Estado pesa todavía en el PAN, pues fue forjado desde las décadas en que quienes llegaban al partido no aspiraban siquiera a un sueldo del servicio público, a lo mucho a una persecución política y fiscal de parte de los gobiernos tricolores. Ese era idealismo puro.

La parentela Fuentes Vélez viene de tiempo atrás a esa bonanza que vivieron los panistas desde el año 2000, cuando ganó Vicente Fox la Presidencia de la República, que luego retuvo, por un pelito, Felipe Calderón.

Ese apellido incluso era de los que no creía en el cristalizado amasiato de Acción Nacional con el PRI, por el purismo que le restaba a las inmaculadas conciencias de los “derechosos” fundadores con gran arraigo en Chihuahua.

Pese a todo eso, Fuentes Vélez cayó en la tentación o simplemente obedeció órdenes, pero el caso es que le pagó casi 100 millones de pesos a un despacho denominado López Elías-Finanzas Públicas, de la capital del país, por hacer algo que le correspondía a la secretaría que él dirigía.

Ni por un mínimo de vergüenza han explicado la disparidad en cifras que presentaron el despacho privado y el exgobernador. Uno dijo que le ahorró al estado tres mil 500 millones de pesos y el otro siete mil millones, aunque ninguno de los datos tiene soporte en la realidad financiera del estado.

Esa es la acusación que tienen encima desde hace más de un año y medio. Es peculado, delito que no se elimina santiguándose día y noche, porque, además de que fue contratado dicho despacho al estilo del duartismo -como mero facturero- no fue encontrada evidencia para afirmar que efectivamente asesoró en la reestructura de la deuda pública en tiempos de Corral.

Pues bien, con Corral Jurado blindado por el fuero que le dio Morena, hace unos días comenzó a buscar amparos Pedro López Elías, del despacho considerado cómplice de Fuentes Vélez, mientras éste permanece prófugo y supuestamente con ficha roja de la Interpol, ante la posibilidad de que esté oculto en Estados Unidos.

Por ninguno de estos personajes ha querido salir a dar la cara el senador morenista, quien no ha defendido más que su pellejo en este caso de peculado, sin aportar mayor evidencia que pruebe su falso comportamiento honesto que asegura tuvo como gobernador.

Si en algún momento el exgobernador mantuvo cierto nivel de compromiso con el prófugo o sus familiares, ahora de plano, dicen, ha tratado de meterle cada vez más distancia. Como siempre, poco le apura ver morir a los demás si con eso la libra.

A ver si no resulta que, como parte de la traición que tiene como estilo de vida, termina por caer en breve, con la participación federal, el extesorero corralista, quien ha aguantado por más de año y medio el desgastante juego del gato y el ratón con las autoridades investigadoras de Chihuahua.

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Este día, el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, encabezado por la magistrada Myriam Hernández, habrá de votar si impugna o no la reforma judicial aprobada y con vigencia desde la última semana de Andrés Manuel López Obrador.

El recurso jurídico del Poder Judicial de Chihuahua llegaría a sumarle incertidumbre a la ola de reclamos, resoluciones judiciales inaplicables o inaplicadas y pataleo que la reforma ha provocado en todo el país.

Más allá de la decisión que tomen los magistrados estatales, no deja de generar ruido el hecho de que en Palacio de Gobierno unos hablen de acuerdos con la Federación; otros de que ya está el borrador de la correspondiente reformita judicial estatal y otros más de que el Poder Judicial y el Poder Legislativo de Chihuahua se van a aventar al vacío para combatir la reforma.

En el Congreso, por otra parte, el líder de Morena, Cuauhtémoc Estrada, prepara también su propuesta de reformita, mientras que el coordinador del PAN, Alfredo Chávez, ha estado indefinido entre la impugnación a la reforma y avanzar en el trabajo legislativo para armonizar la Constitución del Estado con la federal.

Si bien nadie espera uniformidad ni homogeneidad en las posturas políticas de las fuerzas gobernantes en la entidad, sí es extraño ese aparente descontrol interno en momentos decisivos para el estado y el país.

En el juego político -más allá de tremenda vacilada que representan los procesos jurídicos en esta materia- es claro que habrá elecciones de ministros, magistrados y jueces el año próximo. No hay vuelta de hoja; seguir el pataleo es perder tiempo valioso para establecer los mejores controles que sirvan al propósito de tener un Poder Judicial menos corrupto y más eficiente.

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De los 224 millones de pesos que tendrán para el año 2025 los partidos políticos, a Morena le van a tocar alrededor de 78 millones; tendrá más de tres pesos, casi cuatro, de cada 10 pesos del presupuesto con el que son beneficiados cada año.

El PAN pasará de esa proporción que mantuvo hasta este año, para quedar únicamente con 50 millones de pesos. Los demás partidos políticos con registro se mantienen sin variaciones.

La novedad es Pueblo, que alcanzó el registro con las elecciones pasadas y con eso le caerán del cielo de la partidocracia cerca de cinco millones de pesos durante el año.

Esta realidad muestra el tamaño de la pérdida que dejó la dirigencia estatal albiazul de Gabriel Díaz Negrete, la cual está en su parte final; de ese tamaño es la ganancia obtenida por la dirigencia de Brighitte Granados de la Rosa en Morena, ratificada en el cargo.

El golpe presupuestal es parte de la reconfiguración y balance de fuerzas que llega junto con el resultado electoral.

No es decisión del Instituto Estatal Electoral ni de cualquier otra autoridad, sino una fórmula con sumas, restas y divisiones establecida en la ley, así que son reglas más que claras y aceptadas en el sistema de partidos.

Ahora bien, también salieron raspados por Morena los presupuestos del PRI y Movimiento Ciudadano. El tricolor cayó de 37 a 28 millones de pesos y el partido naranja de 30 a 24 millones de pesos; todos bajaron para que el guinda subiera.

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Ganó al interior de Acción Nacional la corriente que pedía aplicar las reglas a rajatabla y, con ello, no permitirle participar a la juarense Cristina Jiménez en la carrera por la dirigencia estatal, dado que no había cubierto los requisitos de firmas exigidas en la convocatoria.

La Comisión Electoral del PAN, encabezada por Abril Chavarría, determinó fajarse con la negativa del registro, que deja a la otra juarense, Daniela Álvarez, como la única candidata a la dirigencia panista, por lo que irá de mero trámite al proceso de elección.

La exdiputada federal Álvarez, a pesar de su paso sin éxito por la candidatura al Senado de la República, presentó más de cuatro veces más de las firmas requeridas, mientras que Jiménez Márquez apenas llevó menos de la mitad de las mil 300 exigidas en la convocatoria.

Una optó por avasallar en las firmas y la otra por el reclamo y los pataleos; en la quejadera de la otra exdiputada federal fronteriza, ahora resalta que las firmas supuestamente fueron obtenidas por presiones contra los panistas empleados en las nóminas estatal y municipal de la capital, para que dieran su apoyo a Álvarez so pena de perder el trabajo. Clásico.

Muy probablemente, el equipo de Jiménez tratará de ganar en los tribunales su boleto a la contienda, lo que parece difícil dada la certeza e imparcialidad de las reglas que aceptó previamente. No es difícil imaginar los resultados de una eventual resolución si llega a impugnar el procedimiento.

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